La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habla de "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El informe que se acaba de remitir al Tribunal Supremo señala que la Fiscalía General sabía que existía una investigación a Alberto González Amador antes de que la primera noticia se publicara.

En el documento pericial del móvil de la otra fiscal investigada, Pilar Rodríguez (jefa de Madrid), los agentes detallan de forma cronológica y mediante capturas de mensajes de Whatsapp cómo se sucedieron los hechos desde el día 8 de marzo cuando aún no había trascendido al público que existían unas diligencias abiertas contra González Amador. La fiscal de Madrid envió la información del procedimiento a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y cuatro días después se publica la noticia en 'eldiario.es'.

"En la noticia aparecen fragmentos de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, que se corresponden con las páginas 1 y 4 de la misma. Además, también incluyen fragmentos de dos informes emitidos por la AEAT [Agencia Tributaria] presentes en la documentación facilitada el 8 de marzo de 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid a la cuenta de correo de Diego Villafañe [el jefe de la Secretaría Técnica]", esgrime el informe de la UCO al que ha tenido acceso El Independiente.

Los agentes destacan que dos horas más tarde de que se publique la noticia el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, encargado del caso de fraude del novio de Ayuso, remite la denuncia a su abogado. "Es decir, la prensa disponía del contenido de la denuncia contra Alberto González Amador antes que el propio interesado", añaden.

El mismo día que salta el asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid escribe un tuit en el que apunta a Pilar Rodríguez y trata de descalificarla recordando que trabajó para el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez recibe distintos mensajes de apoyo tanto de responsables del Ministerio Público como de otros ámbitos de la Justicia. En uno de estos mensajes ella reconoce que ha estado en reunión con la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, y asumen que la filtración la ha realizado García Ortiz. "He estado trabajando. Reunión con Almudena. Estaba muy enfadada con FGE por la filtración de lo del novio de Ayuso", escribe.

A la noche siguiente, el día 13 de marzo, hubo una serie de interacciones fuera de lo normal entre García Ortiz, Rodríguez y Lastra anticipando que algo estaba pasando. La portada de la mañana siguiente, del día 12 de 'El Mundo' señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador horas después de interponer la denuncia. El periódico tenía unos correos entre el fiscal del caso y el abogado del imputado y la UCO reconoce que hasta ese momento parece que la Fiscalía General no los tenía.

Casi a las diez de la noche, Rodríguez se comunica con Julián Salto, fiscal del caso, y le pide la cadena de mails con el letrado de la defensa. "Hola. A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?", pregunta Rodríguez al fiscal general esa misma noche y él le da su cuenta de gmail. "El correo de mayor interés para la investigación es aquel que contiene el correo que remite el abogado de la defensa el día 2.2.2024 y que se publica, esa misma noche, a las 23:51 en la web de la cadena SER", expone la UCO. En ese mail, González Amador reconoce el delito de fraude a la Hacienda Pública.

Los fiscales de Madrid están contentos por su actuación hasta ese momento. Así se lo transmite Rodríguez a su subordinado Salto, a quien ha tenido que sacar de un partido de fútbol para poder acceder a todas las comunicaciones del caso: "Todos los correos son impecables. Debes y debemos estar tranquilos. Lamento haberte amargado el partido, que ha debido ser apasionante".

Las conversaciones evidencian que lo que pretendían era defender la labor de la Fiscalía en tanto en cuanto le ofrecieron un pacto una vez la denuncia estaba presentada como hacen siempre. "Es decir, ya está presentada la denuncia; vayan pagando y reconociendo los hechos en lel juzgado y después conformamos. El 305.6 [del Código Penal] te permite bajar dos grados la pena si paga y reconoce en los dos primeros meses. Lo hacemos siempre al igual que la Abogacía del Estado. Esa era la oferta. Reconoce y paga", indicaron.

A altas horas de la mañana se fragua la nota de prensa que a la postre se vuelve tan polémica. Una en la que la Fiscalía detalla de forma cronológica los hechos para desmentir que altas instancias hubieran descarrilado un pacto por el simple hecho de ser el novio de Isabel Díaz Ayuso. "Si Virna [la jefa de Delitos Económicos] está operativa. Échale un vistazo y dime si está bien (no las fechas, que lo están) sino el fondo", le pide García Ortiz a Rodríguez. A la mañana siguiente la nota de prensa llega a todos los medios.

Esa misma tarde, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ejerce de acusación popular en el procedimiento contra García Ortiz, llama a la jefa provincial de Madrid. "Buenas tardes Pilar, soy Eugenio Ribón, decano ICAM. Me gustaría hablar contigo de modo informal unos minutos. Dime cuando puedas. Gracias", refleja. Tras hablar con Ribón, Rodíguez llama al teniente fiscal de la Secretaría Técnica y a la jefa de Delitos Económicos. "La inmediatez de las llamadas indicaría una preocupación sobrevenida", dice la UCO. Ella termina contándole a otra fiscal lo que ha ocurrido: "Ahora el Colegio de Abogados quiere cortar relaciones con la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa. Porque hemos publicado conversaciones sobre conformidad!!".

Entre ellos hablan también del hecho de que la nota de prensa vaya precedida por el logo de la Fiscalía Provincial de Madrid (que depende de Rodríguez) y no por la Fiscalía Superior de Madrid (que depende de Lastra). "Ha querido quitarse de en medio", apunta Rodríguez sobre su jefa.

Al día siguiente, García Ortiz convoca una reunión "para calmar las aguas" en la calle Fortuny (sede de la Fiscalía) con Ribón y con Víctoria Ortega, la presidenta del Consejo de la Abogacía.