Las contradicciones del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, con los Whatsapp de Moncloa ante el notario y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el análisis del móvil de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, han dado la puntilla al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra imputado formalmente en el Tribunal Supremo desde el pasado 16 de octubre. El motivo era un posible delito de revelación de secretos por unos correos que se hicieron público sobre el procedimiento abierto contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero el foco de los hechos investigados cada vez se amplía más. Desde el Ministerio Público defienden que se están haciendo inferencias sin que todavía haya pruebas concluyentes.

La causa se ha convertido en todo un calendario gigantesco en el que lo importante es hilvanar en qué fechas se filtró qué y quién tenía antes qué documentos. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pusieron en el epicentro la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo aclarando que el fiscal del caso (Julián Salto) había ofrecido un pacto como hace con muchos investigados; el Tribunal Supremo amplió el núcleo a los correos entre el abogado de Alberto González Amador y Salto que se filtraron la noche anterior a determinados medios; y la UCO se fija ahora en una fecha anterior, el 8 de marzo, cuando se publica la primera información sobre la defraudación a Hacienda del novio de Ayuso.

La cronología es importante y, por eso, fuentes del Ministerio Público añaden más puntos en esta agenda. Concretamente, el 20 de febrero que fue el momento en el que la jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, manda la denuncia contra González Amador al decanato; el 5 de marzo, que es cuando se registra; y el 7 de marzo, que se entrega en la Agencia Tributaria. Según estas fuentes, a partir de esas fechas la denuncia pasó por muchas manos por lo que no sería justo atribuir directamente al fiscal general del Estado la filtración.

El informe de la UCO, en cambio, empieza a contar desde el día 8 de marzo cuando el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe pide a Rodríguez que le envíe la denuncia completa. "En relación con esa denuncia es necesario destacar que, según se desprende de las conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp que posteriormente se reproducirán, será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado siendo publicada la información el día 12.3.2024, es decir, tan solo 4 días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid". En ese momento, González Amador aún no la tenía.

A grandes rasgos, las conclusiones que se pueden sacar del informe de la Guardia Civil es que todos los fiscales que hablan dan por hecho que la filtración inicial salió del departamento de García Ortiz; que la jefa Superior de Madrid, Almudena Lastra, se enfadó porque se había informado sólo a un medio; que la publicación en 'El Mundo' de los mails entre el abogado y el fiscal del caso provocó una noche de infarto entre los responsables del Ministerio Público; y que Rodríguez y la fiscal jefa de Delitos Económicos (superior de Salto) estuvieron de acuerdo con la nota de prensa que se emitió al día siguiente a los medios, no así Lastra que se desmarcó retirando el membrete de la Fiscalía Superior.

Pero en este escenario ya de por sí enrevesado ha llegado un actor político inesperado. El salto de Lobato a la escena ha provocado una derivada política que tendrá seguro consecuencias y que, además, puede añadir más intriga a la situación judicial. El instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que todavía no ha contestado a la petición de la Abogacía del Estado sobre llamar a declarar al jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, fue rápido al citar ayer al líder del PSOE en Madrid.

Lobato se esforzó este lunes en tratar de explicar por qué acudió a un notario para dejar constancia de un mensaje que le había enviado Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López en el momento de los hechos. Con poco acierto porque las fuentes jurídicas consultadas no entienden el móvil del socialista. "Yo creo que Moncloa no filtró nada", dijo en las entrevistas que dio durante el día, después de que 'ABC' desvelara que el mismo día que se publicó la nota de prensa de la discordia él recibió desde arriba los correos internos del procedimiento de González Amador.

Según su versión pública, "queda claro que la información nos llega a través de medios de comunicación y no de la Fiscalía". "Esa mañana que tenía pleno en la Asamblea de Madrid se me manda ese correo y digo ¿Esto de dónde viene? 'De los medios'. Y luego, efectivamente, la noche de antes ya lo había publicado la Cadena SER. No es una filtración es una conversación sobre esto en la que luego yo sí pregunto para asegurarme de dónde viene y se me confirma que viene de los medios de comunicación". Lo cierto es que es extraño que con esos argumentos uno acuda a un notario para dar constancia de algo que se ha hecho de forma correcta.

El Supremo le ha pedido que acuda el próximo viernes con el acta notarial en mano, con lo cual se resolverá la duda de si realmente Sánchez Acera le dice que esa información viene de los medios o si La Moncloa tuvo detalles privilegiados de la causa. De ser esta segunda posibilidad, hay serios riesgos de que haya más imputados en esta causa por revelación de secretos porque esos correos no debían estar en mano de políticos cuando había un procedimiento judicial en marcha.

Y todos los caminos apuntan al fiscal general del Estado. Algunas fuentes conectan la línea: el Gobierno sólo podía tener esa información tan directa si se la dio la Fiscalía, dicen.

"Queda claro que la información nos llega a través de medios de comunicación y no de la Fiscalía". En el Ministerio Público ponen la lupa en otra cuestión: "Es más grave la filtración del informe de la UCO, con mensajes y correos personales, que la posible filtración de un correo con una posible conformidad".