El acta notarial que este viernes Juan Lobato tenga que enseñar en el Tribunal Supremo es uno de los documentos más buscados de la última semana y contiene las claves de muchas cosas. Habrá que fijarse, lo primero, en el día en el que Lobato acudió al notario para poder entender por qué lo hizo; y lo segundo, en qué ponía exactamente en esos mensajes y quién los envió. Con esos mimbres, el juez instructor Ángel Hurtado podrá decidir si amplía la imputación del caso de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, incluyendo una pata política que puede alcanzar, incluso, al ministro de Transformación Digital, Óscar López.

La dimisión del secretario general del Partido Socialista de Madrid ha arrancado de cuajo la expectación por la sucesión de la formación en la capital que se da por hecho que será López, pero ha ensanchado el horizonte en cuanto a las consecuencias penales que su actuación y la de otros miembros del Ejecutivo pueden tener.

Las interpretaciones sobre el porqué Lobato acudió a un notario a dejar por escrito los mensajes que la jefa de gabinete de López, entonces Pilar Sánchez Acera, le había enviado pueden perfilarse cuando se conozca la fecha concreta en la que acudió. Si lo hizo por miedo a verse involucrado en un asunto penal o como estrategia política para poder atacar a su contrincante en el momento justo.

Todo este asunto se enmarca en la causa por la que está imputado el fiscal general del Estado. La Fiscalía investigaba desde principio de año una denuncia de la Agencia Tributaria contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, por un fraude a Hacienda de 350.000 euros por el Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021. El hecho de que esta información fuera publicada y de que después el Ministerio Público tratara de aclarar una polémica con unos correos (entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador) que terminaron filtrándose en su integridad provocó que el investigado pasara al ataque y denunciara directamente a García Ortiz.

Hasta ahora, el caso había ido escalando hasta terminar en el Tribunal Supremo con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrando el despacho del jefe de la Fiscalía por primera vez en la historia. Esto ocurrió el 16 de octubre y, días después, Lobato acudió al notario. Él había enseñado en la Asamblea de Madrid esos correos que ahora forman parte del núcleo de la investigación y los había enseñado porque se los envió Sánchez Acera.

Las claves aquí, por tanto, son dos. La primera, si tiró del recurso notarial a los pocos días de saber que la UCO había entrado en el despacho del fiscal general y que ahí había mensajes que podían involucrarle en un presunto delito de revelación de secretos. O si la visita al notario se acercó más a los días en los que López empezaba a sobrevolar como el candidato apoyado por La Moncloa para coartar sus ambiciones políticas.

La segunda, si Sánchez Acera (que trabajaba como jefa de gabinete de López a la vez que éste lo era de Pedro Sánchez) le envió este mail antes o después de que estuviera publicado en la prensa. Si lo hizo después, la revelación de secretos quedaría neutralizada y el Gobierno podría respirar aliviado porque los daños de esta causa podrían encapsularse en el fiscal general. Si lo hizo antes, en cambio, el escenario sigue enrevesándose.

Tal y como publicó este medio, tanto Lobato como Sánchez Acera y todo aquel que manejara el correo y lo utilizara antes de que se publicara en la prensa se enfrentan a una participación en el delito de revelación de secretos. "El artículo 199", dice una fuente del Tribunal Supremo en referencia al precepto del Código Penal que castiga al "que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales".

Según el diario 'ABC', que ha desvelado el asunto de Juan Lobato, Sánchez Acera envió el correo del novio de Ayuso declarándose culpable de un fraude a las ocho de la mañana y la publicación en 'elPlural', que fue el primer medio que mostró el mail íntegro, no se produjo hasta las 9.06 de la mañana.

Con este escenario, el magistrado podría citar como imputada a Sánchez Acera y requerir su teléfono móvil para seguir la línea de puntos hasta llegar a la persona que primero filtrara la documentación que permanecía en la causa de carácter reservado. Todas aquellas personas que reprodujeran el correo y lo reenviaran entre sí antes de estar en un medio de comunicación podrían estar involucradas en la conducta delictiva, según citadas fuentes.