El Tribunal Supremo ha requerido al diputado de la Asamblea de Madrid y senador Juan Lobato su teléfono móvil de forma voluntaria para hacer un volcado de la conversación que mantuvo con la que fuera jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, el día que se filtraron los correos del procedimiento del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una de las acusaciones populares que representa a los fiscales (APIF) se ha percatado de una discordancia en las horas y los mensajes, por lo que el juez instructor Ángel Hurtado le ha preguntado si es posible que dejara su teléfono para cotejar el acta notarial con la conversación real, según confirman a El Independiente fuentes presentes en el interrogatorio. Lobato ha accedido y ha salido del Supremo sin su dispositivo para recogerlo más tarde.

El que fuera portavoz del PSOE madrileño ha llegado media hora antes de la cita que comenzaba a las 10 de la mañana sin hacer ninguna declaración y con una carpeta de cartón del partido en la que portaba el acta notarial que le había requerido el juez. Lobato acudía a declarar en el procedimiento en el que tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, están imputados.

En el interrogatorio, que se ha extendido más de una hora y media, han estado presentes dos abogados del Estado (en defensa de cada fiscal); la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde (en representación de la Fiscalía); la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, el abogado Gabriel Rodríguez Ramos; así como las acusaciones populares del Colegio de Abogados de Madrid, de Manos Limpias. la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa.

Esta citación ha provocado un tsunami dentro del Partido Socialista que ha terminado con la dimisión de Lobato como líder de la formación en Madrid. El lunes el Tribunal Supremo lo citó y el miércoles él decidió dimitir. El político, de momento, no figura como investigado a la espera de ver qué obtiene el magistrado del volcado de su móvil.

Durante su interrogatorio ha expuesto que acudió al notario el pasado 6 de noviembre para protegerse de las posibles responsabilidades penales porque, como se puede leer en los mensajes con Sánchez Acera, ella no le llegó a explicar de dónde sacaba la carta en la que Gonzalez Amador se autoinculpaba y que él iba a exponer en la Asamblea.

Las dudas sobre el acta notarial

El juez Hurtado había acordado esta testifical después de que el pasado domingo el diario 'ABC' revelara que Lobato había guardado bajo llave un Whatsapp que le había enviado Pilar Sánchez Acera, la que fuera jefa de gabinete del ministro Óscar López cuando este era a su vez jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lobato reconoció que Sánchez Acera le había remitido un mail de la causa sobre el novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso y que cuando los periodistas que iban a publicar su visita al notario lo informaron él llamó tanto a Sánchez Acera como al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para cotejar una versión que dar a los medios al día siguiente. Fue cuando dijeron que en realidad había ido al notario para confirmar que a él le llegaron los documentos reservados a través de la prensa.

La primera declaración de la causa

Lobato ha sido la primera persona en declarar ante el juez porque ni siquiera los dos investigados han pasado por allí. La causa en el Tribunal Supremo se inició el pasado mes de octubre, cuando la Sala de lo Penal asumió la competencia y la imputación de García Ortiz y de Rodríguez y desde entonces no había acordado ninguna declaración.

Los hechos que están bajo el foco son una serie de filtraciones de la causa abierta en un juzgado de Madrid contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, que defraudó 350.000 euros a Hacienda. El acusado denunció que hubiera trascendido a la prensa su investigación, así como una serie de correos que su abogado envió al fiscal del asunto.

El juez Hurtado decidió enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al despacho del fiscal general y de la fiscal de Madrid para incautar todos sus teléfonos móviles, correos y demás elementos que pudieran contener alguna fuente de prueba sobre si García Ortiz filtró o no la causa contra González Amador.