El Tribunal Supremo ha acordado este martes citar al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar como testigo en la causa que mantiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El instructor de la Sala de lo Penal accede a la petición del propio García Ortiz para que Miguel Ángel Rodríguez explique cómo fue la filtración inicial de los correos que afectaban al novio de Ayuso.

El juez instructor Ángel Hurtado avala también escuchar como testigo a ocho periodistas de distintos medios de comunicación, como había requerido igualmente el jefe de la Fiscalía. Las citaciones serán entre el 8 y 9 de enero.

La idea de todas estas citaciones es aclarar la sucesión de hechos que provocaron el 13 y 14 de marzo que una cadena de mails entre el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador (investigado en una causa de fraude a Hacienda), y el fiscal que lo investigaba terminaran repartidos en distintos medios. La primera publicación la hizo 'El Mundo' con un enfoque incompleto, pues decía que se estaba fraguando un pacto entre acusado y Ministerio Público, pero que se había roto por "órdenes de arriba". La tesis del fiscal general es que esta primera comunicación la filtró Miguel Ángel Rodríguez y fue a partir de ahí, cuando la Fiscalía salió como institución a defender que esa afirmación faltaba a la verdad para lo que expuso en una nota de prensa cómo había sido la cronología de lo sucedido.

En medio de eso, distintos medios fueron dando fragmentos de los correos. Por eso, el juez requiere a la cadena de televisión La Sexta copia de la noticia publicada esa noche pasadas las diez, así como a 'El Mundo' copia de la suya. Y a los periodistas de estos y otros medios que acudan como testigo a explicar cómo sucedieron los hechos.

Requerir a la inspección

Por otro lado, el instructor accede también a la petición de una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que proponía saber si la Inspección fiscal, que se encarga de abrir expediente a los funcionarios cuando hay sospechas del mal funcionamiento de su trabajo, había iniciado un expediente contra el jefe.

"Considera este magistrado que se trata de una diligencia necesaria, que puede contribuir a un mejor esclarecimiento de los hechos conocer si dicha Fiscalía, ante la trascendencia de los mismos, abrió en algún momento algún tipo de diligencias y resultado de las mismas", indica Hurtado.

Cabe recordar que tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, están imputados por un delito de revelación de secretos basado en las filtraciones derivadas de la causa abierta al novio de Ayuso. Empezando por la publicación de los datos de Hacienda y siguiendo por los correos que terminaron en prensa. La Guardia Civil continúa analizando el teléfono móvil del fiscal general, cuyo clonado autorizó el juez.

Además, el pasado viernes declaró el que fuera líder del PSOE madrileño Juan Lobato en el marco de esta causa después de conocerse que él protocolizó unos mensajes que le había mandado una trabajadora de La Moncloa con estos mismos correos. Esta asesora, Pilar Sánchez Acera, le remitió un correo interno de la causa a su teléfono móvil para que él se lo afeara a Ayuso en la Asamblea.