El acusado de haber dado el 'chivatazo' de la investigación que seguía la Fiscalía Anticorrupción sobre el 'caso Koldo', Rogelio Pujalte, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que rectifique su decisión de tratar de imputarle un delito de tenencia de arma ilícita: en su empresa no se encontró un arma, sino una pistola táser. Y, además, dice que no era suya.

"La intervención de la defensa eléctrica 'táser' acaecido en el registro practicado en la empresa de mi mandante denominada Depósito judicial de Murcia S.L. y situada en Librilla (Murcia) no constituye ilícito penal de tenencia ilícita de armas", dice el recurso de Pujalte, al que ha tenido acceso El Independiente.

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la 'operación Delorme' (posteriormente bautizado como 'caso Koldo') detuvo a más de una decena de personas y realizó diversas entradas y registros por toda España. Entre ellos, registraron el depósito judicial de Pujalte, un empresario murciano de 63 años, que se negó a declarar ante los agentes.

A él se le imputan además de delitos de cohecho y blanqueo de capitales de los que se acusa a la mayoría de los miembros de la red de corrupción, otro de revelación de secretos. "Bueno, mira, no utilices el Telegram. Telegram no lo utilices ya ¿vale? mañana hablamos", advirtió a Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes. "Sé que están, cómo están y cuándo están[...] es por culpa del subnormal del 'perro'", le contestó este.

Los investigadores creen que este empresario advirtió a los investigados de que la Guardia Civil iba tras sus talones. Él colaboraba de cerca con la Benemérita en Murcia con su depósito que custodia bienes que los cuerpos policiales incautan en el lugar. En su empresa encontraron 125.000 euros en efectivo y la investigación ha revelado que Soluciones de Gestión (la mercantil en el centro de la trama de adjudicaciones de contratos que está bajo el foco) transfirió a través de otra empresa de Víctor de Aldama (empresario clave en la red) 110.000 euros a una sociedad titulada por Pujalte.

El pasado martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional mandó dos asuntos a dos juzgados distintos que coleaban del 'caso Koldo'. Por un lado, al juzgado de Alcobendas todo lo relacionado con el arma de fuego que se encontró en la vivienda de Aldama; por el otro, a los juzgados de Murcia lo hallado en el domicilio de Pujalte descrito como "varios efectos, considerados armas prohibidas por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas".

El abogado de Pujalte trata de frenar esta decisión: "Dicha defensa eléctrica no es un arma de fuego, ni fue obtenida de manera ilegal y fuera del control de la Administración. La misma se encontró casualmente en un vehículo (se cree recordar que de matrícula inglesa), depositado en sus instalaciones y del que se acordó su destrucción, y comprobado que fue que no funcionaba, quedó guardada en dependencias de la empresa para darle el destino legal correspondiente [...]. Es evidente por tanto que el Sr. Pujalte no portaba, ni exhibía, ni mucho menos usaba dicha defensa".

El escrito defiende que la pistola táser fue "encontrada casualmente" en un coche destinado al desguace y que, además, el arma fue entregada en septiembre de este año a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Murcia.