La Fiscalía mostró su oposición frontal a que el exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que está acusado por traición y revelación de secretos saliera de prisión provisional. A pesar de ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid dejó en libertad al alto cargo, ahora suspendido, que supervisaba el área de Rusia del centro de los espías y que compartió, presuntamente, documentación confidencial con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

Como ha venido contando este medio, el Tribunal Supremo denegó el acceso a las órdenes de entrada y registro de las viviendas tanto de este agente del CNI como de su subordinado, que también ha sido detenido y apartado por los mismos hechos. "No se remitirá documentación", expusieron en el alto tribunal. Esto valió a la defensa del jefe de área para alimentar las sospechas de que este aval judicial no existe y de que sus compañeros entraron en su casa sin permiso. Por eso, el agente con T.I.P. 7691 había solicitado su excarcelación. "Especialmente en el período de absoluta inestabilidad política que atraviesa el Reino de España en estos momentos, y siendo competencia del Consejo de Ministros, la espera [para que se levantara el secreto de la documentación requerida] podría durar meses, incluso años, pudiendo recaer en un hipotético nuevo Ejecutivo a la vista de los escándalos políticos y judiciales de rabiosa actualidad", alegó el militar.

Así las cosas, el fiscal del caso no apoyaba esta petición, de acuerdo a un escrito del pasado 12 de diciembre al que ha tenido acceso El Independiente: "El fiscal se opone a que se modifique la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza acordada el pasado 16 de octubre de 2023". El espía había ingresado primero en el centro penitenciario de Estremera, en el módulo de seguridad, y tras una solicitud propia se le había concedido un cambio al centro penitenciario militar. Desde que la magistrada acordara retirarle la libertad hace un año, él había estado persiguiendo su excarcelación y llegó a recurrirlo a la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el pasado 9 de enero un tribunal formado por tres jueces también ratificó que había motivos suficientes para quedarse entre rejas.

Ahora, la juez ve que la situación ha cambiado. No así la Fiscalía. Ésta última dice que "subsiste de forma elevada el riesgo de fuga" por "las habilidades del investigado de pasar desapercibido y abandonar el país sin ser detectado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "los contactos que ha desarrollado por su actividad profesional y actividades".

El Ministerio Público alega que el espía ha reconocido tres encuentros "casuales" en Madrid con miembros de servicios de inteligencia extranjero y que los investigadores han detectado que accedió y se procuró de documentos que nada tenían que ver con su responsabilidad "algunos de ellos" con "un contenido muy sensible para la Seguridad del Estado" como fotografías de vacantes del CNI con nombres y clave y siglas, fotografías de pantalla del ordenador del CNI con localizaciones, nombres seudónimos de integrantes del CNI y otros datos personales". Por eso, considera que existen sobrados elementos que acreditan su participación indiciaria en el delito de traición que lleva una pena de seis a 12 años de prisión, lo cual intensifica el riesgo de que se escape.

Además, explica que lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo ha sido una equivocación a la hora de dirigirse a la Sala Segunda, en lugar de a la Sala Tercera donde está realmente el magistrado de enlace con el Centro de Inteligencia que es quien, en su caso, accedió a que se hiciera la orden de entrada y registro. "Sin perjuicio del error a la hora de llevar a cabo el exhorto y en tanto en cuanto se tramita correctamente el mismo [...] la situación de prisión provisional en la que se encuentra el investigado resulta plenamente a justada a Derecho".

Los motivos de la magistrada

La juez, en cambio, este mismo martes ha argumentado que la prisión debe ser "concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada" por lo que entiende que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que merme el riesgo de destrucción de pruebas. A su vez, el militar "tiene domicilio conocido y arraigo familiar" lo que aminora igualmente el riesgo de fuga.

En cualquier caso, le impone medidas cautelares como la obligación de entregar el pasaporte, la prohibición absoluta de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, "con advertencia de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas de control podrían dar lugar a su ingreso de nuevo en prisión provisional". La jueza, eso sí, advierte de que en la investigación existen "indicios racionales" de la comisión de los delitos por parte del agente.