La expectación respecto del análisis del volcado del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era máxima, pero el teléfono que ha dado la sorpresa ha sido, sin embargo, el del diputado madrileño Juan Lobato, que accedió voluntariamente a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo analizara. Los agentes han concluido que hubo al menos cuatro cargos de Moncloa que supieron de la existencia de un correo interno de la causa por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que se publicara en la prensa. Un conocimiento privilegiado que, al ser transmitido, puede constituir un delito de revelación de secretos. El asunto toma una nueva dimensión al entrar directamente en el Palacio donde vive el presidente del Gobierno.

Bajo sospecha están el secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, que fue cesado de ese cargo el 3 de diciembre; Ion Antolín, su sucesor en esa Secretaría y director de Comunicación del PSOE en el momento de los hechos; Pilar Sánchez Acera, quien ya estaba bajo el foco por haber instado a Lobato a sacar el email en la Asamblea de Madrid; y Laura Sánchez Espada, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda. Los cuatro han sido señalados en un nuevo informe de la UCO aportado a la causa.

Los hechos se remontan a las siete de la mañana del pasado 14 de marzo, un día después de que se hubieran publicado fragmentos de una cadena de correos electrónicos que el abogado de Alberto González Amador (novio de Ayuso) y el fiscal que le estaba investigando por defraudar a Hacienda se habían intercambiado. En esas comunicaciones hablaban de un posible pacto prejudicial y el letrado de González Amador reconocía que su cliente había delinquido.

Esta confesión era oro para el PSOE, pero era secreta por estar en el marco de un procedimiento judicial, y solo se había publicado eso, fragmentos. Sin embargo, la mañana de ese 14 de marzo la directora de gabinete de Óscar López, es decir, Sánchez Acera, tenía la carta de confesión completa y se la pasó a Lobato para que la pudiera utilizar como arma contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. "Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. Un 'quién miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted'. La imagen con la carta es potente", le sugirió. Lobato dudó y sus dudas le llevaron a un notario meses después. "Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha", respondió.

Para la Guardia Civil es evidente que el diputado madrileño sabía que si salía públicamente enseñando la misiva se situaba al borde de un delito de revelación de secretos. "Es consciente de que publicar la información contenida en ese correo electrónico podría constituir, al menos, algún tipo de irregularidad y transmite preocupación por ello", expone el informe.

Casi a la misma vez que Lobato plantea reparos a Sánchez Acera lo hace con Vallès ("La carta cómo la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?") y la UCO añade que esta circunstancia revelaría que el secretario de Estado de Comunicación "no sólo era conocedor del envío de ese email", sino que además, podría "podría resolverle la cuestión de cuál era la fuente del mismo".

Pasaron 36 minutos hasta que ElPlural.com (a las 9.06 horas) publica la noticia que despeja ya el camino del delito para los políticos. La Benemérita concluye que tanto la asesora de Moncloa como Vallès tuvieron acceso a esos correos de la causa antes de que fueran publicados en la prensa.

Y no sólo eso. Un día antes, el 13 de marzo, ya estaban advertidos de que el fraude de González Amador iba a escalar. "Me dice Francesc Vallès que estés en guardia permanente porque va a ir esto a más", le instruye la asesora del Gobierno a Lobato. "Queda constatado con ello [...] que además de la directora de gabinete Sánchez Acera, el secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès tenía constancia de la existencia de ese email antes de su publicación", agrega la UCO.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que los investigadores han dejado en bandeja de plata al Tribunal Supremo la imputación de ambos cargos por un delito de revelación de secretos por el que, ahora mismo, está investigado tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor de la Sala de lo Penal Ángel Luis Hurtado podría dar el paso de llamar a declarar a ambos en los próximos días.

Lobato se resiste en un grupo de Whatsapp

Lobato, quizás, se queda a salvo de ser acusado por un delito, puesto que él se resistió a publicarlo hasta que un medio no blanqueara la información. Si bien otras fuentes apuntan a que si el juez entiende que fue encubridor de estos hechos, también podría desfilar nuevamente ante el alto tribunal.

"La necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", le dijo a Sánchez Acera a las 8:44 de la mañana. Unas palabras que la UCO destaca especialmente: "Llama la atención que mencione directamente a Fiscalía y no a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua".

La asesora de Moncloa le dice entonces que "va a salir antes, para el control", que ese día comenzaba a las 11 de la mañana. "Esta aseveración indicando un momento concreto, podría ser indiciaria de que, pese a que en estos momentos el correo íntegro no está publicado, el mismo habría sido facilitado a algún medio de comunicación para que lo divulgue antes del inicio de la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, siendo congruente con el hecho que sucede apenas 18 minutos después, a las 9:06 h., momento en el que se publica el email en EIPlural.com", reza el informe.

Y hay más señalados por la UCO. Los investigadores apuntan a las conversaciones de un grupo de whatsapp en el que está Lobato con su jefe de gabinete, David Del Campo, y la diputada de la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo Llorente. "Pilar [Sánchez Acera] quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo... No puede ser", se queja Lobato a las nueve de la mañana. Su jefe de gabinete le previene: "No lo hagas". Además, le confiesa que tanto Vallès como el director de comunicación del PSOE y la de Vivienda le han insistido en la misma acción. "Estos tres también me han escrito con lo mismo", refleja Del Campo.

Antolín y Sánchez Espada

La participación de Antolín y Sánchez Espada está menos acreditada porque son personas de referencia, es decir, no existen directamente conversaciones entre Lobato y ambos dos. Sin embargo, esta insinuación del jefe de gabinete de Lobato puede bastar para que el Tribunal Supremo los llame a declarar, aunque sea, como testigo. Para que expliquen si ellos insistieron al grupo madrileño para sacar esa misma carta durante esa mañana y si tuvieron acceso a ella.

La UCO dice que ambos "sabían igualmente de la existencia de ese email y pretendían que el secretario general del [PSOE madrileño] Juan Lobato lo hiciera público", a juzgar por las palabras de Del Campo. Por los mensajes cruzados entre unos y otros, los agentes concretan que hubo organización "distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional" socialistas para intentar coordinar la actuación del partido contra Ayuso a cuenta de las pesquisas contra su pareja. En el combate entró el secretario de Organización, Santos Cerdán, para pedirle a Lobato que exigiera la dimisión de Auyso. Ferrraz y Moncloa coordinaron la estrategia de "máximo ruido" para tapar la amnistía, las elecciones en Cataluña o la ausencia de presupuestos.

La estrategia política no es, ni mucho menos, delictiva, pero el hecho de que manejaran papeles reservados de una investigación complica notablemente su actuación. "El email íntegro -es decir, no sólo su contenido sino también su continente,
con su formato- entre el abogado de la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía, de fecha 2.2.2024, no había sido publicado por medios de comunicación a las 8:29 h. cuando ya estaba en poder de Sánchez Acera, por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios de comunicación", concluye la UCO.

Los agentes apoyan esta afirmación en una serie de factores: que no hay certeza de que haya sido publicado antes en ningún medio; que a Lobato no le enviaron un enlace de una noticia, sino una captura de una imagen; que en esa captura aparecen todos los datos personales del abogado de González Amador y en las noticias de prensa se suelen "tapar para cumplir con la legalidad"; y que Sánchez Acera le avisa de que se va a publicar "no está en los medios según ella transmite, pero tiene la certeza de cuándo se publicará".

No es posible saber por ahora de dónde sale el primer filtrado, es decir, quién pasa ese mail originalmente. El informe sobre el volcado del móvil del fiscal general es bien escueto, dos páginas (el de Lobato tiene 32) porque no han podido comprobar si él fue el que envió la información. La UCO halló "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024". Fuentes de la investigación apuntan a que García Ortiz eliminó todos los mensajes de ese fragmento de tiempo. La Fiscalía, por su parte, ha apuntalado esta sospecha recordando que existe una instrucción de 2019 sobre la protección de datos que obliga a "la destrucción de forma segura de dispositivos en desuso".