Cuando el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el volcado del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se hizo público cundió inicialmente el desconcierto. Si el dosier de su subordinada Pilar Rodríguez, imputada como él por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo, tenía 57 páginas en las que se desbrozaban todas sus conversaciones, del documento del jefe no se esperaban menos. Pero hubo sorpresa porque sólo tenía dos folios: "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo anlizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024".

En puridad, los agentes no dicen que García Ortiz haya realizado un borrado de su terminal, pero el asunto se caía de maduro. Uno, porque qué alto cargo del Ministerio Público --jefe de más de 2.700 profesionales-- no tiene ni una sola conversación en seis días; y dos, y aún más evidente, porque en el móvil de Rodríguez sí se encontraron mensajes entre ella y García Ortiz.

"Hola, nos falta el mail que el 5 de marzo le manda Julián [Julián Salto, el fiscal del caso] al abogado [del novio de Isabel Díaz Ayuso]", le dijo el jefe a la fiscal provincial de Madrid en un Whatsapp a las 22:01 del 13 de marzo. Esa noche fue frenética y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, quiere conocerla al detalle. Por eso ha puesto la querella contra García Ortiz y la fiscal de Madrid, porque cree que fue desde la Fiscalía desde donde se hizo llegar a los medios de comunicación que lo estaban investigando por un fraude a Hacienda y que su letrado había confesado en unos correos internos que, efectivamente, era culpable.

Conocer todos los intríngulis de esa noche va a costar más después de esta semana. Fuentes de la Fiscalía General han terminado confirmando que fue García Ortiz el que eliminó personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, aunque lo encuadran en un borrado periódico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por motivos de seguridad y protección de datos.

Para algunas fuentes que comparten parecer con el presidente del Gobierno, esto supone el punto y final de la investigación pues no se va a poder demostrar que el filtrador fue él. "¿Quién va a pedir perdón al fiscal general?", llegó a decir Pedro Sánchez este jueves. Para la cabeza del Ejecutivo "no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave".

Pero nada más lejos de la realidad. Fuentes cercanas a la investigación explican que lo que ha hecho el jefe del Ministerio Público es un "indicio clarísimo de destrucción de pruebas" y lo convierte, al fin y al cabo, en un "indicio incriminatorio" más. Señalan que si él, como ha defendido tantas veces en público, hubiera querido simplemente frenar un bulo, hubiera permitido a los agentes que analizaran sus conversaciones para zanjar cualquier rastro de dudas.

Sin embargo, ahora el escenario es otro y algunas de estas voces añaden que García Ortiz no sólo está queriendo protegerse a él mismo, sino que, además, está buscando "proteger a alguien más".

Si Juan Lobato no se hubiera cruzado en el camino, la investigación podría haber llegado a un punto muerto. Pero el que fuera portavoz del PSOE madrileño ha jugado un papel fundamental en las pesquisas, casi sin quererlo. Lobato acudió a un notario a protocolizar unos mensajes con una asesora de Moncloa que se han vuelto clave en las diligencias y que han colocado la causa, todavía más, en el plano político.

El informe de su teléfono móvil, que permitió analizar voluntariamente, consta de otras 32 páginas de las que salen señalados hasta cuatro trabajadores del Gobierno: el secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, que fue cesado de ese cargo el 3 de diciembre; Ion Antolín, su sucesor en esa Secretaría y director de Comunicación del PSOE en el momento de los hechos; Pilar Sánchez Acera, quien ya estaba bajo el foco por haber instado a Lobato a sacar el email en la Asamblea de Madrid; y Laura Sánchez Espada, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda. 

Todos ellos, según la UCO, pudieron tener algún tipo de conocimiento privilegiado del correo interno entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal antes de que saliera en la prensa y, por tanto, podrían enfrentarse a un delito de revelación de secretos. Estos cuatro hilos forman la pequeña madeja de la que el juez instructor de la Sala de lo Penal, Ángel Luis Hurtado, va a seguir tirando. Porque si en algo coinciden las fuentes consultadas es en que va a llegar hasta el final.

En su entorno creen que García Ortiz ha buscado maniobrar para engañarle y se ha terminado pegando un tiro en el pie. No hay nada peor que un juez enfadado, señalan algunos. La Guardia Civil destaca en su informe que las sospechas de Lobato, quien al principio se resiste a sacar el email si alguien no le dice de dónde sale, son que el material ha llegado desde la Fiscalía y por tanto la investigación debe seguir esa pista.

Qué más se puede hacer con el móvil

Más allá de las citaciones de los cargos de Moncloa que pueda acordar en las próximas semanas para aclarar todos estos extremos, las dudas están también en si se puede acordar alguna diligencia más para esclarecer el contenido borrado de los mensajes de García Ortiz.

Entre las voces consultadas hay disparidad de opiniones. Todas están de acuerdo en que la técnica de borrado es importante porque si fue un formateo profesional, recuperar el contenido es casi misión imposible. Dan por hecho que siendo el fiscal general del Estado la eliminación no habrá sido amateur, pero el trabajo de la Policía Científica podría ser interesante en este caso.

El magistrado podría ordenar que los agentes, que tienen las técnicas más precisas para recuperar material en este tipo de dispositivos, incautaran los terminales de García Ortiz y trataran de llegar hasta donde ahora no se puede acceder. Además, hay otra diligencia que podría llevarse a puerto: pedir a las compañías telefónicas que enviaran el listado con su tráfico de llamadas del teléfono en esos días.

Así se podría ver, por ejemplo, con qué personas habló la noche del 13 de marzo cuando todo estaba sucediendo. No obstante, esto encarna otro riesgo y es que las llamadas de Whatsapp no quedan en este registro por lo que no habría certerza de que esas fueron todas sus comunicaciones.