Aunque este año Barbate (Cádiz) ha vuelto a estar en el candelero, muy en contra de lo que a muchos ciudadanos les gustaría por culpa del narcotráfico que ha terminado con la vida de dos guardias civiles, a finales de los 80s el alcalde de esta localidad Serafín Núñez protagonizó grandes portadas de prensa al sacar a relucir la corrupción en el consistorio. Señaló casi sin quererlo a Juan Guerra, el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra, que terminó procesado por hasta cinco asuntos distintos. La condena, sin embargo, fue nimia en comparación a la investigación, pero su caso cambió el escenario de la corrupción para siempre.

En 1991, el Ejecutivo modificó el Código Penal para introducir un nuevo delito del que ahora se acusa a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El artículo 404 del texto punitivo se redactó por primera vez en la Ley 9/1991 que introdujo, nada menos, que el tráfico de influencias. Fuentes de la lucha contra la corrupción reconocen que este es un delito muy complicado de probar porque requiere pruebas de lo que muchas veces son órdenes verbales para amañar un contrato o una decisión de la Administración y, por eso, el éxito en las condenas no es elevado.

Sin embargo, citadas voces ven indicios delictivos en el comportamiento de Gómez, por ejemplo, al firmar unas cartas de recomendación para que el empresario Juan Carlos Barrabés lograra una adjudicación de la entidad Red.es (dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública). Así como en la utilización de una asesora de La Moncloa para sus actividades personales. Lo comparan con el despacho de Guerra.

Uno de los casos por los él fue procesado se cimentó en torno a la idea de que el hermano del vicepresidente había utilizado una oficina en la Delegación del Gobierno de Andalucía en la Plaza de España en Sevilla sin que mediara ninguna autorización pública o, sin que hubiera ningún tipo de nombramiento oficial. Compartió dependencias con hasta tres delegados del Gobierno distintos que nunca cuestionaron los servicios que prestaba el empresario en una dependencia del ejecutivo regional.

El juez Ángel Márquez --a quien por cierto también degradaron en ocasiones al considerar que tenía animadversión hacia Guerra, situación parecida a la que vive Juan Carlos Peinado, denunciado por el propio presidente del Gobierno-- el fiscal Alfredo Flores y el inspector de la Policía Judicial José Antonio Vidal interrogaron a varias centenas de personas que visitaron el despacho durante los seis años (1983-1989) que Guerra estuvo en el cargo.

Para algunas voces, el hecho de que Cristina Álvarez, la asesora de Gómez, conteste a correos privados sobre su actividad en la Universidad Complutense de Madrid roza la línea de la malversación de caudales públicos. El magistrado Peinado por el momento no ha introducido este delito en la investigación de la esposa del presidente.

Sí ha puesto bajo el foco, sin embargo, un delito de usurpación de funciones derivado de la creación del software para su proyecto personal en la Universidad. Y este fue, precisamente, el delito por el que fue condenado Guerra a un año y seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideraba que el exmilitante del PSOE había hecho un uso particular de un despacho oficial. El Tribunal Supremo terminó revocando la condena.

Poniendo el 'caso Begoña Gómez' y el 'caso Guerra' ante el espejo, el paralelismo se halla igualmente en las acusaciones populares. Si en el asunto actual son varias las que sustentan la acusación contra la esposa del presidente como Manos Limpias y Hazte Oír, también hay partidos políticos personados como Vox o Iustitia Europa; lo mismo que ocurría con el caso de Guerra donde acusaron Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Este último había interpuesto previamente una denuncia contra Guerra en la Fiscalía General del Estado que terminó archivada. En el 'caso Begoña Gómez', por cierto, la Fiscalía tampoco ve hechos delictivos y ha tratado de cerrar la causa recurriendo a la Audiencia Provincial de Madrid.

Lo cierto es de las condenas de Guerra sólo prosperó una menudencia por fraude fiscal. Tuvo que pagar una multa de 253.627 euros y jamás pasó por la cárcel. Pero desde entonces ha llovido mucho en España y a golpe de lluvia de dinero la conciencia ciudadana y el Código Penal se ha ido modificando. Algunas de las fuentes consultadas consideran que el rasero para medir la corrupción ahora está más abajo y así lo confirman casos como la 'Gürtel' en la que el Tribunal Supremo llegó a condenar a un partido político (el PP) por financiarse de forma irregular o los 'ERE' en los que el alto tribunal también veía delito.

Desde entonces se han creado unidades especializadas como la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Peinado cita a las empresas

El símil entre un caso y otro lo ha hecho incluso la propia Audiencia Provincial de la capital en el último recurso que había interpuesto la defensa de Gómez. La Sala de lo Penal recordó que esa reforma del Código Penal que se hizo en 1991 fue "al calor de conocidos episodios de corruptelas en relación con contratos públicos protagonizados por personas ajenas a la función pública pero familiares próximos a altos cargos gubernamentales". Sin decirlo, los jueces señalaron el 'caso Guerra'.

El magistrado Peinado ha seguido su camino en las últimas semanas, tras el impulso dado después de que ningún tribunal admitiera las querellas contra él que habían interpuesto tanto Gómez como Sánchez. Después de escuchar la versión de la imputada, el togado ha decidido seguir indagando en el software que se planeó para ser utilizado en la cátedra que co-dirigía la esposa de Sánchez.

El titular del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar como testigo a los representantes legales de las tres empresas Google, Indra y Telefónica que presuntamente hicieron esta plataforma. Tendrán que declarar el próximo 22 de enero.