Hay tres nombres propios que visten con toga que marcarán el inicio del próximo año y muy especialmente la estabilidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. En manos de Juan Carlos Peinado, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente está, nada y más y nada menos, el enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al que fuera todopoderoso secretario general del PSOE José Luis Ábalos. Otros tres nombres que pueden hacer tambalear los cimientos de una legislatura ya de por sí poco estable.

Peinado y Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, llega a 2025 con mucho menos que perder que lo que tenía este año, en el que se ha tenido que enfrentar a tres querellas que podían haberlo inhabilitado para los pocos años que le quedan en la judicatura. A sus 70 años, a Peinado le quedan dos para jubilarse de forma forzosa y ya es difícil que salga del edificio de Plaza de Castilla donde se ha pasado instruyendo asuntos gran parte de su carrera. A pesar de que ha pedido distintos destinos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lo ha trasladado nunca por lo que la investigación que sigue contra Begoña Gómez lo ha lanzado al estrellato casi en las últimas líneas de su currículum.

Compagina la judicatura con la enseñanza como profesor de la Universidad Complutense de Madrid y, aunque una vez abierta estas pesquisas se le llegó a afear que su hija trabajara para el PP en un Ayuntamiento, su amplia trayectoria revela reveses a izquierda y a derecha. Como contó este medio, él fue quien admitió una querella de Podemos contra el medio 'Okdiario' por un supuesto delito de malversación del consistorio popular madrileño, así como el que se avino a investigar el envío de una navaja a la exministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto en plena campaña electoral de 2021.

La querella tanto de Begoña Gómez como de Sánchez contra él por revelación de secretos o prevaricación lo colocó en una tesitura complicada. Ella sostiene que el magistrado la investiga por ser únicamente esposa del presidente de un gobierno con el que no comulga. El propio Pedro Sánchez dio un paso contra la judicatura que nunca antes se había dado en democracia y utilizó la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez. El togado también había innovado al acudir por primera vez en la historia a La Moncloa para interrogar a un presidente.

Ambas cosas fueron infructíferas. Sánchez no declaró contra su mujer y los tribunales no admitieron las querellas contra Peinado. Ahora, con el horizonte despejado, el instructor ha vuelto a retomar el pulso de las diligencias. El próximo 22 de enero escuchará a las representaciones legales de Google, Indra y Telefónica, las tres empresas que se prestaron a desarrollar de forma gratuita un software que sirviera al máster de la Universidad Complutense que codirigía Gómez. Ella ahora se enfrenta a dos delitos más que cuando comenzó la causa en abril de este año. Si antes era tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ahora se han sumado el de apropiación indebida e intrusismo.

Hurtado y el fiscal general del Estado

En esta galaxia de causas judiciales que ha surgido en 2024 destaca especialmente el papel que está cumpliendo el Tribunal Supremo que, normalmente, suele avalar o revocar sentencias, pero no instruir, a no ser que haya casos excepcionales con aforados. La excepción casi que ha dejado de serlo, no para ser norma, pero sí han aflorado investigaciones importantes en la Sala de lo Penal que asedian al Gobierno. El primero de los protagonistas con toga allí es Ángel Hurtado, quien también ha cumplido ya los 70 años y ha sido autorizado para seguir hasta el máximo de 72.

En sus manos ha recalado el asunto que mantiene imputado al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos tras haberse filtrado datos confidenciales de la causa que mantiene imputado al novio de Isabel Díaz Ayuso por un fraude fiscal. Hurtado ha ido con mano dura en este asunto y dio luz verde a que la Guardia Civil realizara por sorpresa una entrada y registro en la Fiscalía, algo que tampoco tenía equivalente en los libros de Historia.

Su forma de instruir, que no ha gustado al Gobierno, ha hecho que algunos salieran a recordar el voto particular que firmó en 2018 cuando presidía el tribunal que juzgó la 'caja B' del PP, el conocido 'caso Gürtel', en el que trató de exculpar a la formación entonces de Mariano Rajoy. "Parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna", rubricó en contra de la condena que finalmente fue impuesta.

Para algunos, esto es una mácula en la toga de Hurtado que ya no permite que sus investigaciones sean objetivas. Saltó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo en 2020 y desde entonces este es el primer caso de trascendencia que llega a su mesa. El hecho de que acordara que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado accediera a las comunicaciones íntegras del fiscal general generó un profundo debate dentro del mundo judicial que repartió las opiniones entre los que veían que el Supremo se había "elevado" y había dignificado la profesión y los que tachaban de despropósito que un teléfono más poderoso que el de muchos ministros quedara en manos de guardias civiles.

Finalmente, todo estaba borrado. Los que conocen a Hurtado saben que esto para él no va a ser barrera ninguna. Este medio ha contado que fuentes jurídicas cercanas al juez ven en el eliminado de los mensajes de García Ortiz un indicio más para una posible condena. La entrada del exportavoz del PSOE madrileño en escena ha sido gasolina para las pesquisas. El móvil de Juan Lobato y el de la otra imputada de la causa, la fiscal jefa madrileña Pilar Rodríguez, sí han desvelado importantes comunicaciones que han llevado a Hurtado a dar los siguientes pasos.

Por el momento, ha encargado un estudio del móvil de García Ortiz para saber si cambió de terminal mientras se le investigaba y ha citado a declarar entre el 16 y el 21 de enero a dos fiscales más y a dos jefes de prensa de la Fiscalía. Pero todo apunta que las pesquisas pueden terminar escalando a La Moncloa donde ya hay hasta tres asesores salpicados. Asimismo, el 8 de enero tendrá que acudir el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue la persona de la que inicialmente parte la filtración de los correos, y un día después tendrán que testificar varios periodistas que informaron sobre ello esa noche.

La causa no sólo afecta al Gobierno de lleno, que ha decidido apoyar sin medias tintas al fiscal general, sino que ha generado un profundo debate sobre los límites de la libertad de información y supone una amenaza al trabajo de los periodistas, puesto que el novio de Ayuso ha pedido conocer también sus comunicaciones.

Puente y el exministro Ábalos

El tercer protagonista del panorama judicial también tiene su despacho en la Sala Tercera del Tribunal Supremo: Leopoldo Puente. Comparte la importancia con el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que fue el que inició lo que se ha conocido como 'caso Koldo', pero la investigación se ha desgajado en dos y la parte más apetitosa se la ha quedado el alto tribunal donde está aforado el exministro de Transportes José Luis Ábalos y donde ahora se investiga también al que fuera su asesor Koldo García y al empresario y "nexo corruptor" Víctor de Aldama.

Como Hurtado, Puente también accedió al Supremo en 2020 por lo que ninguno de los dos forma parte del plantel de togas más veteranas. Al inicio de su carrera fue fiscal y luego se trasladó a la silla de poner sentencias. Es uno de los magistrados más discretos y no tiene en su haber grandes polémicas. Fue el ponente, por ejemplo, de la querella que se presentó contra su compañero, el juez presidente de la Audiencia Nacional, que estaba acusado de prevaricar por haber hablado con los investigados en el 'caso Kitchen'. Decidió que la inadmitiría.

Ahora tiene en sus manos el caso de corrupción más grueso del mandato de Pedro Sánchez que afecta de forma directa al Ministerio de Transportes, pero que salpica también a diversos políticos socialistas como el ministro Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, la diputada madrileña Maroto, así como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o el asesor de la vicepresidenta y ministra de Hacienda Carlos Moreno.

Diciembre ha estado repleto de citas judiciales por este asunto y en los interrogatorios de Ábalos, Koldo y Aldama todas las fuentes consultadas coinciden en que el magistrado se había estudiado y requete-estudiado la causa. Algo que muchos de los abogados presentes agradecen. Por el momento, el calendario está limpio para el próximo año, pero el magistrado está esperando varios informes de la UCO que pueden ser determinantes para las pesquisas.

El fraude de las mascarillas, origen de este asunto, supone cerca de 60 millones de euros si se llegara a probar, pero si la Guardia Civil comprueba que Aldama no está mintiendo el tsunami provocado podría arrasar con buena parte del Ejecutivo que ha pasado de desmentir cualquier relación con Aldama a ir reconociendo cada Whatsapp que se va publicando. Según el comisionista, él pagó distintas cantidades a miembros del Gobierno, untó con mordidas al exministro de Transportes y a su equipo a cambio de amañar obras públicas, y gestionó varios pisos y viviendas para que los políticos disfrutaran de ellas o se reunieran allí. Las acusaciones son muy graves y a nadie se le olvida que Pedro Sánchez llegó al poder aupado por una moción de censura que se fraguó después de una sentencia de corrupción del PP.