La bala de plata que pretende utilizar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo puede terminar siendo de un metal mucho menos precioso. Este miércoles, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, acude a declarar a petición del propio García Ortiz, que quiere desarticular su acusación sobre la filtración del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso desde la raíz. Para él, fue Rodríguez quien inicialmente filtró el correo de Alberto González Amador con la Fiscalía y, por tanto, todo lo que vino después ya no pudo ser una revelación de secretos, delito por el que está imputado. Pero distintas fuentes de la causa ven el asunto bien distinto.

"Si ha filtrado esa información por amigos o porque el propio González Amador se la dio, él puede hacer lo que quiera", detalla una fuente de la investigación a El Independiente. La clave está, precisamente, en el consentimiento que dio el novio de Ayuso para que se conocieran determinados datos de su investigación por un fraude a Hacienda.

Rodríguez, que declara a partir de las diez de la mañana, acude como testigo por lo que tendrá que responder a todas las partes. Se sentará ante el instructor Ángel Luis Hurtado y se espera que tanto la Abogacía del Estado --que actúa como defensa de García Ortiz-- como la teniente fiscal del Supremo, Mª Ángeles Sánchez Conde, lleven la batuta del interrogatorio.

El resto de partes personadas --Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía (ICAM) de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- consideran esta cita un "mero trámite" y la mayoría de ellos no pretende hacer ninguna pregunta. De hecho, algunas llegan a calificar la declaración de "carácter instrumental espúreo" y expresan que lo único que busca es "ruido mediático".

Para García Ortiz, en cambio, esta testifical es de gran trascendencia. Su petición, en la que también se incluían ciertos periodistas que declararán entre hoy y mañana, parte de la idea de que Miguel Ángel Rodríguez remitió a El Mundo la información inicial en la que se publicó que supuestamente la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. La realidad era que había sido al revés, que el segundo había reconocido el delito y había propuesto alcanzar un acuerdo para no tener que llegar a los juzgados.

En este punto y ante la confusión creada, la Fiscalía publicó una nota de prensa el 14 de marzo en el que detallaba paso a paso cómo habían sucedido los acontecimientos. La línea de defensa de García Ortiz apunta, por tanto, que como el propio Rodríguez filtró la información inicial la revelación de secretos ya no pudo existir porque lo que explicó la Fiscalía al día siguiente ya estaba parcialmente contado. Un secreto que ya se ha contado, deja de ser un secreto.

No comparten esta visión las mentadas fuentes que consideran que, aunque Rodríguez diera el primer paso, si el Ministerio Público dio más datos después, el delito no desaparece. Alegan que el jefe de gabinete de Ayuso es libre de dar y filtrar la información que le llega de las partes que la quieren publicar, pero que García Ortiz representa una Institución y conoció los detalles de la causa contra González Amador por razón de su cargo. Así se refieren al Código Penal: "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".

La idea de que Rodríguez contaba con el permiso de González Amador para dar a conocer la información ya se ha dejado caer en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, si bien habrá que esperar para ver qué detalles confirma explícitamente el jefe de gabinete este miércoles en la Sala de lo Penal del alto tribunal.

En cualquier caso, el asunto de los correos es una pequeña porción de la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo. La denuncia de González Amador incluía la filtración inicial de sus detalles fiscales a eldiario.es, cuando nadie conocía que se le estaba investigando, así como todo lo que se ha ido revelando desde entonces como el envío de un documento interno del procedimiento al entonces secretario general del PSOE madrileño Juan Lobato.

El PSOE empuja en la misma dirección

"A mí me parece muy relevante que mañana el señor Rodríguez comparezca en sede judicial y haga una cosa que no sé muy bien si está acostumbrado, que es decir la verdad. Y, si dice la verdad, seguro que esclarecerá muchos de los elementos que están en este procedimiento penal", señaló ayer el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en una entrevista en TVE.

El PSOE empuja en la misma dirección que la defensa del fiscal general del Estado y este martes añadió más leña al fuego con una nueva denuncia a Miguel Ángel Rodríguez. Lo acusan de un delito de revelación de secretos por, presuntamente, obtener de la Policía datos de dos reporteros de El País y filtrarlos a distintos medios cuando los informadores estaban investigando a la pareja de Ayuso.

Así consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio: "El martes 19 de marzo de 2024, Don Miguel Ángel Rodríguez, envió desde su móvil a un chat de periodistas los datos personales de dos reporteros del referido periódico y una fotografía de los mismos [...] que habría obtenido de un policía nacional que pertenece a la escolta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que reclamó la tarde del 19 de marzo sus credenciales de prensa y DNI a los periodistas". Rodríguez lo envió a un grupo de whatsapp diciendo que los reporteros habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido a niñas menores de edad".