Hubo un tiempo en el que los líderes del Partido Socialista repetían como un mantra que había que "desjudicializar la política" porque el debate entre los parlamentarios se había crispado a causa del aumento de la presencia de los tribunales tras el procés durante el Gobierno del PP. Ese tiempo puede parecer lejano, pero hace apenas cuatro años de cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó los indultos a los nueve condenados por el independentismo catalán motivados en "la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia". Menos tiempo aún ha pasado desde que se eliminara del Código Penal el delito de sedición y se abaratara la malversación también para lograr bajar el suflé.

El ministro de la Presidencia y actual responsable de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, defendía entonces que debían abandonarse "los monólogos y los intentos de imponer al otro [...] nuestra forma de hacer política" en unas declaraciones tras sentarse en la mesa de diálogo de Cataluña para explicar cómo debía superarse la judicialización.

El PSOE se ha ido apartando progresivamente de este discurso, pero ha dado un giro de 180 grados en estas últimas semanas en las que ha decidido apostar todo a la Justicia. Siguiendo un camino opuesto al que predicaron al inicio de la legislatura anterior, el gabinete jurídico del partido de Sánchez se ha puesto a trabajar a destajo para denunciar a sus rivales políticos ante los tribunales.

El camino, no obstante, lo abrió el propio líder del partido que, en un hecho insólito, utilizó la Abogacía del Estado para denunciar a un juez antes del verano de 2024. El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a su esposa Begoña Gómez, terminó con una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un supuesto delito de prevaricación por haber acudido a la Moncloa para tomarle declaración a él cuando podía haberlo hecho por escrito. La denuncia quedó en nada, pero sentó un precedente en el cambio de estrategia socialista.

El siguiente objetivo fue el partido de Santiago Abascal. A finales del mes de diciembre y de forma sorpresiva el PSOE presentó una denuncia por presunta financiación irregular de Vox ante la Fiscalía General del Estado. La formación había estado reuniendo pruebas y a lo largo de 50 páginas detallaba cómo el partido de ultraderecha había colocado "huchas" o "cajas de caudales" en actividades y eventos desde hacía años y podrían haber obtenido de forma fraudulenta más de 4,6 millones de euros.

La obtención ilícita de estos fondos comienza, supuestamente, en 2020 y la denuncia se apoya en unos informes del Tribunal de Cuentas que sancionó a la formación de Abascal con más de 200.000 euros por este motivo, pero los socialistas no la interpusieron hasta el mes de diciembre.

Este enero ha sido todavía más frenético para los letrados de la formación porque sólo en esta semana se ha presentado una denuncia contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y se ha anunciado una más contra el alcalde del Ayuntamiento madrileño, José Luis Martínez-Almeida. La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, anunció ayer mismo que se iban a querellar contra el regidor por calificar al partido como "organización corrupta".

"En unos días tendrá un acto de conciliación y será ahí donde tenga que ratificar estas palabras que sin duda son ofensivas. Aquí el único partido que ha sido catalogado como corrupto es el Partido Popular, que sigue todavía en una sede pagada con fondos 'B' y tenemos a un M. Rajoy que sigue en busca y captura porque, según el PP esta persona no existe", aseveró Maroto.

Sobre la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez (MAR), los socialistas defienden que se ha producido un delito de revelación de secretos del asesor de Ayuso al publicar en un chat la identidad de dos periodistas que estaban investigando a Alberto González Amador (novio de la presidenta). La denuncia dice que Rodríguez conoció quiénes eran a través de la Policía que escolta a la presidenta porque los agentes pidieron que se identificaran a la salida de la vivienda de Amador y luego el jefe de gabinete de Ayuso los expuso en un grupo de Whatsapp: "Acosando a los vecinos de la presidenta, incluido a niñas menores de edad", dijo.

Para el trabajador del Partido Popular esta denuncia, que llega nueve meses más tarde de cuando se produjeron los hechos, es una "estupidez". "Es ridículo que yo le pregunte a un Policía cómo se llaman dos periodistas que, no sólo conozco, es que están firmando todos los días en el periódico con su nombre. ¿Dónde está la revelación de secretos, que leo el periódico El País? Pues vaya secreto...", puntualizó este miércoles a la salida del Tribunal Supremo.

Los socialistas se han puesto la pilas también en la personación en causas que, hasta ahora, leían a través de la prensa y en las que se han dado cuenta de que les interesaba ser parte. Así, han pedido al juez entrar en la investigación sobre el 'caso Koldo' que mantiene investigado al exministro de Transportes de sus filas José Luis Ábalos, y en el asunto sobre el fraude a los hidrocarburos por el que se encarceló al empresario Víctor de Aldama, que es quien está tirando de la manta sobre la supuesta corrupción en el PSOE.

Si la formación hubiera estado personada antes podría haberse opuesto a la salida de prisión que la Fiscalía Anticorrupción avaló la primera vez que Aldama pidió declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional. Al juez Santiago Pedraz no lo quedó más remedio que excarcelarlo porque no había ninguna parte personada que pudiera oponerse.