La cuenta atrás ha comenzado y el Tribunal Constitucional no quiere perder más tiempo para resolver los distintos recursos contra la Ley de Amnistía que el Gobierno aprobó para perdonar todos los delitos del independentismo hace casi un año, pero que ha tenido pocos efectos prácticos por ahora. El órgano que custodia la Carta Magna se dispone a apartar la próxima semana al magistrado conservador José María Macías con lo que volverá a ajustarse la correlación de fuerzas (mayoritaria para los progresistas), después de que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo también diera un paso al lado. Algunos conservadores, sin embargo, pretenden dar la batalla en una siguiente fase de la amnistía cuando lleguen los recursos de los afectados como el de Carles Puigdemont.

El Tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido ha convocado ya el pleno de la próxima semana y en el orden del día se votará apartar a Macías. Fuentes del órgano explican que la ponencia de la magistrada progresista Inmaculada Montalbán aboga por aceptar la recusación del togado porque en su anterior puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la norma.

La recusación parte de la Fiscalía que, en un escrito firmado por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expuso que Macías se pronunció en dos ocasiones en un documento oficial que se dirigía al Senado y esto evita que pueda ser imparcial en una deliberación en la que, precisamente, debe decidirse si la amnistía encaja o no en la Constitución.

El Ministerio Público planteó esta recusación vinculada a la cuestión de inconstitucionalidad que había expuesto el Tribunal Supremo y será esto lo que se debata a partir del martes, pero se espera que la decisión que se adopte se expanda a todos los demás recursos vivos por el momento, como el del PP o los de las Comunidades Autónomas. Todas las fuentes consultadas en el Constitucional dan por hecho que los progresistas (seis contra tres) harán valer sus números para dejar a Macías al margen de la cuestión de fondo.

Sin embargo, algunas fuentes consideran que hay un terreno que todavía no se ha explorado y en el que Macías podría incorporarse al debate más adelante. Se trata de los recusos de amparo. Hasta este momento, el Tribunal se está encargando de los recursos de inconstitucionalidad (planteados por el PP o las Comunidades Autónomas) y las cuestiones de inconstitucionalidad (por los jueces).

Esta decisión se basa en diseccionar determinados artículos de la ley que hayan sido señalados y ver si se acoplan o no al texto fundacional. Es decir, si la amnistía hace diferente a los españoles ante la ley, si es una norma arbitraria, si crea inseguridad jurídica, etc.

Pero, más adelante, cuando se terminen de resolver los flecos que quedan en el Tribunal Supremo llegarán los recursos de amparo, que son aquellos que pueden plantear los propios afectados. Desde Oriol Junqueras, a quien no se le han borrado los antecedentes penales por malversación, hasta Carles Puigdemont que todavía está perseguido por la Justicia. Los fugados y los condenados. El Supremo ha entendido que el delito de malversación no entra en la ley, ya no porque esta sea o no constitucional, sino por cómo está redactada.

Si Puigdemont recurre al Constitucional para pedirle que le apliquen la norma de otra forma, que lean los artículos de forma distinta e interpreten que desviar fondos públicos como lo hicieron ellos, para un referéndum, sí que es amnistiable es un debate distinto al de la constitucinonalidad.

Ahí, determinados conservadores creen que Macías podría volver a integrarse en el debate puesto que él en ese informe del Consejo General del Poder Judicial del pasado año sólo entró a valorar la inconstitucionalidad. Esta tesis, no obstante, parece compleja admiten citadas fuentes e incluso entre ellos difieren en si es o no posible. Son conscientes, además, de que el sector progresista utilizaría toda su oposición entonces.