El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha decidido citar como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el próximo 29 de enero y a su subordinada y jefa de Madrid, Pilar Rodríguez el 30 de este mes por el delito de revelación de secretos sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, el magistrado, que considera apuntalada la presunta participación de ambos en la filtración del asunto, ha extendido la imputación a la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe que deberá acudir al alto tribunal el 5 de febrero.

Esta última imputación la había solicitado el propio Alberto González Amador (pareja de Ayuso) por considerar que él también estuvo involucrado en lo que denunció: que se había filtrado a la prensa una investigación que seguía contra él el Ministerio Público por un fraude a Hacienda, a pesar de que él era un ciudadano particular.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizó el teléfono móvil de Rodríguez señaló que ésta envió todas las actuaciones sobre el caso de González Amador a Villafañe, por lo que la acusación sospecha que él pudo participar en la revelación de secretos. El juez da especial relevancia a los informes de la UCO, tanto a este como al que se hizo sobre el dispositivo de García Ortiz en el que no se encontró nada porque todos los mensajes habían sido eliminados.

"Sin entrar en consideraciones al respecto, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado [Villafañe] en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos", apunta el escrito del juez.

El magistrado considera que los tres fiscales pudieron "haber[se] concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados" así que pudieron incurrir en el delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal, el de revelación de secretos.

Cabe recordar que parte de los hechos que se investigan tienen que ver con la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente, cuando se publican una serie de correos internos entre el fiscal y el abogado que pertenecían a la causa sobre González Amador. Primero, El Mundo publica uno de los emials internos entre Julián Salto (fiscal del caso) y el abogado de González Amador en el que el primero abría la puerta a un pacto entre el acusado y la Fiscalía. El titular del periódico daba a entender que el pacto nacía del Ministerio Público, pero la realidad es que había correos anteriores en los que era el letrado de la pareja de Ayuso el que proponía esta posibilidad.

Así las cosas, la Cadena SER y La Sexta publicaron después este hecho y precisaron que había correos anteriores. Para el juez, "el solo trasiego del intercambio de mensajes" que esa noche se producen entre el email particular de García Ortiz y su subordinada Pilar Rodríguez que le reenvía los correos muestran "la secuencia y presura" de los hechos y "ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general" de una información "que no puede esperar a la mañana siguiente".

"Álvaro García Ortiz recibe en su gmail particular el correo en que Pilar Rodríguez Fernández le reenvía el de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto Torres, y los pasos que da antes para lograr hacerse con él, reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta, y las 23:51, en que se publica en la web de la cadena SER ese correo de 2 de febrero de 2024, o su intervención en la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14, es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse", expresa.

La declaración de los periodistas

El pasado 9 de enero declararon una serie de periodistas y, aunque no revelaron sus fuentes por el deber profesional de guardar este sigilo, expresaron que ellos poseían los correos antes de que llegaran a manos del fiscal general, por lo tanto, no pudo ser él quien se los filtrara. Sin embargo, el magistrado quita peso a esas testificales: "Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido, mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".

Sobre Rodríguez, el instructor apunta que fue la persona que facilitó a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador que terminó el día 12 de marzo publicado en elDiario.es. Para él, el hecho de que ella lo reenviara a la Fiscalía y después terminara en un medio de comunicación "son elementos suficientes para mantener su imputación". Por la parte que afecta a Villafañe, el magistrado le da "un papel de relevancia, si se quiere menor" porque es la persona de confianza de García Ortiz que está en contacto con Rodríguez, pero pudo participar en los hechos y eso le parece básico para indagar en él también.

El elemento de más peso lo compone los informes de la UCO: "No podemos ignorar, por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del M.F. en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias".

El togado alaga a la unidad de élite de la Guardia Civil, de la que dice que está integrada "por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio".

Para apuntalar los indicios contra los acusados, el juez destaca en particular el informe de la UCO sobre el material intervenido con ocasión de la entrada y registro en dependencias de la fiscal Pilar Rodríguez.

La puntilla de Lobato

Además, el tercer informe clave de la Benemérita que obra en la causa es el que tiene que ver con el diputado del PSOE madrileño Juan Lobato a quien la mañana del 14 de marzo le llegó el email del abogado de González Amador por parte del equipo de La Moncloa para que hiciera uso de él en la Asamblea. Él cuestionó la procedencia y alegó que no podía enseñarlo si antes no se publicaba en algún medio de comunicación. Minutos más tarde terminó publicado en ElPlural.com.

Para el juez, este correo "se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política" y destaca las reticencias que tuvo él aportando sus Whatsapp. Uno que envía a las 08:44:19 en el que dice que si lo saca él antes que algún medio "parece q me la ha dado la fiscalía" y otro que envía a las 09:00:49 a su equipo: "Y Pilar [la asesora de Moncloa] quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser".

Para el juez, no hay duda de que "desde Presidencia del Gobierno" se hicieron "gestiones para la publicación" que terminó en ElPlural.com.