El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ensanchado la causa que afectaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tanto en fechas bajo el foco como en cantidad de imputados, añadiendo al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a la lista de sospechosos. Pero la investigación puede más allá, según advierten fuentes jurídicas y según se desprende del propio escrito del instructor que indaga en la filtración de las diligencias por fraude fiscal abiertas a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El togado de la Sala de lo Penal cree que hay elementos indiciarios suficientes para continuar investigando dentro de la Fiscalía qué ocurrió durante el mes de marzo de 2024 cuando se publicó por primera vez que Alberto González Amador (novio de Ayuso) había defraudado a Hacienda entre 2020 y 2021. El instructor habla de actuación "coordinada" y hace suya la referencia de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez --tercera imputada en esta causa-- sobre el 'equipo Fortuny' (en referencia a la madrileña calle en la que se ubica el Ministerio Público), que, apunta, fue el que presuntamente colaboró en la revelación de secretos.

El magistrado decidió ayer concretar el día que declarará el fiscal general del Estado que todavía no ha tenido la oportunidad de dar su versión en sede judicial, así como el resto de investigados. Hurtado ha señalado un calendario bien cargado para este mes de enero. Este jueves 16 de marzo declararán como testigo la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que se negó a publicar la polémica nota de prensa del Ministerio Público, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, que era el que inicialmente investigaba a González Amador; el martes 21 será el turno de la directora de Comunicación de la Fiscalía General y el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. Todos ellos acuden como testigo.

El plato fuerte comenzará el próximo día 29 cuando empiezan los imputados: primero García Ortiz, un día después su subordinada Rodríguez y ya el 5 de febrero Villafañe. Las fuentes consultadas en la causa creen que Hurtado esperará a escuchar todos los testimonios que ha marcado en la agenda para decidir si hay que hacer alguna imputación más. Uno de los puntos que todavía queda por aclarar es la ramificación de la causa que ha alcanzado a La Moncloa después de que el diputado por Madrid Juan Lobato entregara su móvil para detallar que él también obtuvo información de la causa antes de que estuviera en la prensa.

El magistrado da por hecho que esta filtración salió de la Fiscalía hacia el equipo del presidente Pedro Sánchez y desde ahí hasta Lobato para que utilizara la información de que González Amador había admitido dos delitos delante de Ayuso en la Asamblea de Madrid. Por el camino, blanquearon la información entregándosela a ElPlural.com para que la publicara antes de que Lobato la expusiera en público, según el juez. "Desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia", indica el magistrado.

Este extremo, sin embargo, no está acreditado por las diligencias que obran en el sumario y las fuentes consultadas ven preciso citar a declarar a quienes intervinieron en ese traspaso de información y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en su informe sobre el móvil de Lobato. Estos son la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, que fue quien le remitió el email a Lobato; Óscar López, que era en ese momento jefe de gabinete del presidente; el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; y el director de Comunicación del PSOE Ion Antolín.

El juez sumó ayer un nuevo imputado con una frase que para algunos es relevante: "Hay base indiciaria para abrir la investigación, como presumiblemente partícipe en ellos [en los hechos delictivos], al menos, una persona más, como es el fiscal Diego Villafañe". Ese "al menos" puede significar que el magistrado busca quién más del círculo cercano de García Ortiz pudo pasar la información sobre González Amador en dos vías: a los periodistas y a La Moncloa.

Para él existió una "dinámica delictiva que tuvo por objeto divulgar por medio de lo que se conoce como filtraciones en este caso, a través de medios de comunicación, información concerniente a la intimidad de una persona, que debería haber sido objeto de reserva".

Será determinante, por tanto, lo que declaren todos los testigos que van a desfilar ante el juez esta semana como, por supuesto, el principal investigado de la causa. Asimismo, serán muy importante las diligencias que ha encaminado la UCO para saber si se puede salvar el contenido borrado del móvil de García Ortiz. Tanto la pericial de su teléfono como la petición a las compañías telefónicas de las llamadas de ese mes serán fundamentales para volver a dimensionar el caso.

El juez no cree a los periodistas

Hurtado ha decidido no creerse la versión de cuatro periodistas que la pasada semana exculparon de la filtración a García Ortiz al revelar que ellos obtuvieron antes que el jefe de la Fiscalía los emails claves que terminaron filtrados en la prensa.

Los informadores de La Sexta, Eldiario.es y la Cadena SER, todos los medios que esa noche publicaron la versión completa del pacto que había ofrecido Gonzalez Amador a la Fiscalía y que matizaron así la información de El Mundo que adjudicaba el origen del acuerdo al Ministerio Público, aseveraron que accedieron a los correos antes de las 23:46, momento en el que Rodríguez le envía la cadena de emails a su jefe.

Para el magistrado, "se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan" con otros testimonios de más testigos. "Sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz" del email es "cuando tiene lugar su difusión", asegura el togado.

En este contundente escrito, además, el miembro de la Sala de lo Penal dice incluso que "la presumible actividad delictiva se ha extendido en el tiempo" y si hasta ahora estaba en el foco todo lo ocurrido entre el día 8 y el 14 de marzo, cuando sucede este asunto de los correos, ahora se amplían las pesquisas al incluir el hecho de que Villafañe pidiera a Rodríguez la causa completa contra el novio de Ayuso días antes y los datos fiscales del investigado terminaran también en la prensa.