La fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declaró en el Tribunal Superior de Justicia madrileño como testigo, el pasado 13 de junio, que tres meses antes su gabinete de prensa recibió "llamadas de distintos medios de comunicación" en las que le informaban de que "un alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba poniéndose en contacto con ellos para decirles que tenía un correo de la Fiscalía proponiendo un pacto" al letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que se había frustrado "por órdenes de arriba". La subordinada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explicó que ella estuvo de acuerdo con publicar una nota de prensa para defender la labor del Ministerio Público, pero no en los términos en los que se terminó publicando porque perjudicaba al derecho de defensa de Alberto González Amador y, por eso, decidió apartarse del asunto.

En el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso íntegro El Independiente, Lastra cuenta paso por paso lo que sucedió la noche del 13 de marzo cuando 'El Mundo' publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, acusado por dos delitos de fraude fiscal, y, poco después, otros medios como 'La Sexta', la 'Cadena SER' o 'Eldiario' aclararon que la idea de llegar a un acuerdo había partido de la defensa del letrado de la pareja de Ayuso.

"El día 13 de marzo a las ocho y media aproximadamente de la tarde, mi jefe de prensa me llamó por teléfono y me puso en conocimiento que estaba recibiendo llamadas de distintos medios de comunicación en las que le informaban de que un alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba poniéndose en contacto con ellos para decirles que tenía un correo de la Fiscalía proponiendo un pacto al letrado del señor González y que él manifestaba que el fiscal del asunto había recibido órdenes de su superioridad para retirar ese acuerdo que previamente le había ofrecido", expuso Lastra.

La fiscal niega que ni ella, ni la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez --imputada junto al fiscal general del Estado por revelación de secretos--, ni ningún superior hubiera dado orden alguna al fiscal del asunto, Julián Salto, para frustrar un acuerdo. De hecho, al inicio, cuando empezó la investigación, ni squiera sabían que esta persona convivía con la presidenta madrileña. "Consideré que había que desmentir esta falsa información que, además, los periodistas nos trasladaban que iban a publicar porque venía con el aval de un alto cargo de la Comunidad de Madrid", remarcó.

Así las cosas, Lastra explicó ante el juez que ella fue la que dio el aviso a García Ortiz esa noche: "Exactamente eran las nueve menos diez de la noche, para comunicarle que esta era la noticia que nos trasladaban, que nos decían que se iba a empezar a publicar en los medios y que obviamente ninguna de las tres personas que he indicado, ni la decana [Virna Alonso], ni la jefa provincial, ni yo misma habíamos dado ninguna instrucción para que no se llegara a ese acuerdo", refleja.

La fiscal aclaró que ella sabía perfectamente el tipo de acuerdo que Salto estaba fraguando con el abogado de González Amador porque le daba cuenta puntualmente y que no se había producido ninguna actuación extraordinaria en ese caso que no se siguiera con todos los sospechosos de delitos económicos. "Le comuniqué que nosotros no habíamos dado ninguna instrucción. Él [García Ortiz] me dijo que, por supuesto, él tampoco y que efectivamente estábamos de acuerdo en que había que salir a desmentir la noticia".

En este punto de la noche comienza un cruce de llamadas apresuradas entre Lastra, Rodríguez y Salto para debatir cómo actuar, pero la fiscal Superior era partidaria de esperar al día siguiente y hacer la nota de prensa con calma. "Con el fiscal Salto, le llamé, tenía dificultades de comunicación porque se encontraba en un evento público con mucho ruido. Le dije 'no te preocupes Julián, no hay prisa, simplemente para que tengas conocimiento. Mañana por la mañana hablamos tranquilamente y vemos a ver cómo abordamos esto'", relató.

En una segunda llamada, García Ortiz le dice a Lastra que igual era útil que pidieran los correos, pero ella, que recalca en todo momento que tiene plena confianza en la actuación de Salto, le indica que no los necesita para nada. "Le expliqué esto al fiscal general: 'He tenido una reunión con Julián, o sea sé perfectamente cómo ha ocurrido, cuándo se han mandado los correos, cómo se han mandado...' Él me dijo 'quizás sea bueno que tuviéramos esos correos', y yo le dije 'yo no los necesito para nada porque, te insisto, tengo cumplida cuenta de cómo se han cumplido todos los antecedentes'". El fiscal general, sin embargo, a través de Rodríguez sí termina pidiendo los emails a Salto esa noche.

"A las 21:54 horas me llama por teléfono el fiscal Julián Salto, bastante contrariado, y me dice que le ha llamado la fiscal jefe provincial para que inmediatamente remita los correos [...]. Le digo que lo lamento mucho [...], que a esas horas le estén importunando, que yo no consideraba necesario", expuso. La fiscal Superior sigue contínuamente la misma líenea explicativa: que ella estaba dispuesta a salir a desmentir que en la Fiscalía nadie hubiera ordenado dejar de pactar con la pareja de Ayuso, pero que no entiende la premura por la que hay que salir al paso esa misma noche. Por eso, tampoco entiende que a la mañana siguiente, el 14 de marzo, empiece a recibir llamadas y mensajes en relación con la nota de prensa desde muy temprano.

"Es imperativo"

"Tuve varias llamadas en el teléfono móvil que no atendí porque yo tuve además a las diez de la mañana con la Policía Judicial un asunto bastante importante y estaba pendiente de la reunión que tenía y no atendí las sucesivas llamadas del fiscal general". Hasta que le llegó un mensaje de Whatsapp de García Ortiz a su teléfono particular: "'Tenemos la nota consensuada con Pilar [la jefa provincial] y con Virna [la decana]. [El jefe de prensa] tiene que mandarla ya. Es imprescindible mandar la nota porque están difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado, impecable, la Fiscalía Provincial'", detalló ella.

Acto seguido, el fiscal general pasó a dar una orden: "Es imperativo, Almudena. Hay que sacar la nota ya". En una llamada posterior ella le muestra su oposición y le advierte de que si quiere enviar a la prensa el documento en esos términos no saldrá con el membrete de la Fiscalía Superior, como es habitual, sino que lo hará con el de la Provincial si Rodríguez está de acuerdo. Lastra consieraba que se podía "desmentir de otra forma, sin dar ningún dato que desvelara comunicaciones, incluso, las manifestaciones que haya podido hacer el sujeto investigado en nuestras diligencias de investigación".

Antes de enviarla por la lista de distribución de los periodistas, redactó un oficio al fiscal general explicando que en base al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal se disponía a cumplir una orden. Se aseguró de que le había llegado a García Ortiz a través de su secretaria y sólo después, su jefe de prensa reenvió el documento al grupo de periodistas. A partir de ese momento, la fiscal Superior se abstuvo de ese procedimiento.

Por qué estaba en desacuerdo con la nota

En la declaración, que se extiende cerca de 50 minutos, la acusación popular, representada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), le pidió a Lastra si podía especificar nuevamente cuáles eran los motivos por los que no estaba de acuerdo en publicar esa nota de prensa.

Ella deja claro, en primer lugar, que la acción de enviar un documento aclaratorio a los medios le parece bien: "Esto partía de la difusión de una noticia falsa que, además, los periodistas que nos llamaban consideraban que tenía el aval de un alto cargo y, por lo tanto, le daban credibilidad", "en definitiva, se estaba manipulando políticamente el trabajo serio y riguroso que se había hecho por parte de la Fiscalía Provincial, cosa que no es que no podamos consentir, sino que nos obliga nuestro artículo 4 del Estatuto Orgánico y el artículo 20 de la Constitución, a salir a atajar las falsas informaciones".

Pero una cosa es eso y otra, de acuerdo a su criterio, entorpecer el derecho de defensa de González Amador. "A mi juicio no era necesario relatar los correos, ni si el señor González había reconocido o no había reconocido los hechos. Porque, insisto, como existe una norma de actuación establecida, bastaba con explicar en la nota de prensa que había habido una filtración irregular, quebrando la confianza con el letrado y la Fiscalía de un correo electrónico en el que, además, se afirmaba que el fiscal había recibido instrucciones y se podía haber explicado eso con cómo funcionan las conformidades cuando el ámbito es preprocesal", puntualizó.

Lastra defiende continuamente el trabajo de su subordinado, el fiscal Salto, que dejó de estar imputado en las actuaciones una vez el asunto se elevó al Tribunal Supremo para investigar al fiscal general. Ante el Tribunal Superior de Madrid, ella alegó que desde el inicio de la actuación nadie en su Fiscalía sabía quién era siquiera González Amador y le trataron como a cualquier otro ciudadano sospechoso de haber defraudado al fisco.

"Yo me hubiera limitado a decir este es el protocolo y en este caso no ha ocurrido nada diferente del protocolo habitual y no había necesidad de decir más. El abogado se ha dirigido a la Fiscalía y el fiscal no ha recibido ninguna orden de no hacer ese pacto. De hecho, valoramos hacer una rueda de prensa a las 12 de la mañana para que entrara en todos los informativos", argumentó.

La fiscal Superior de Madrid debe volver a declarar en este procedimiento como testigo este jueves, igual que lo hará el fiscal del caso, Julián Salto. El magistrado de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado ha citado a García Ortiz el próximo 29 de enero, a Rodríguez un día después y, además, ha ampliado la investigación a la mano derecha del fiscal general, el teniente fiscal Diego Villafañe, que tendrá que acudir como investigado el próximo 5 de febrero. Todos ellos están acusados de un delito de revelación de secretos después de que se hiciera pública distinta información interna sobre la causa que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.