El magistrado Sergio Oliva (Tenerife, 1982) fue elegido a finales de 2023 portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda asociación de jueces con más representación en la carrera, y desde entonces se ha caracterizado por tratar de ofrecer explicaciones muy didácticas cada vez que el Ejecutivo realiza alguna reforma legal o algún político se enfrenta a los operadores jurídicos. Oliva es licenciado en Derecho por la Univerisdad Complutense y experto universitario en Criminología, si bien ahora dirige un juzgado de lo social en la isla canaria.

Pregunta: ¿Cómo ve la reforma sobre las acusaciones populares que propone el PSOE? 

Respuesta: Tal y como está la proposición de ley creo que va a crear, si se aprueba tal y como está, determinados campos de impunidad y vaciaría de contenido real a la acción popular con lo que tendría yo dudas sobre la constitucionalidad de la reforma porque, a fin de cuentas, el artículo 125 de la Constitución ya establece que tiene que haber una acción popular. 

Por otro lado, también es verdad que la técnica legislativa que se ha elegido parece usarse en casos concretos, esta idea que puede deslizarse a lo largo de la lectura, se consolida cuando aparece la disposición transitoria única que viene a referenciar que se va a aplicar a casos que estén en trámite y sobre todo que toda ley tiene que tener una proyección de futuro y yo creo que esta está precisamente centrada en casos que ocurren en la actualidad. Hacer trajes a medida para casos actuales nunca fue una buena idea. 

En cualquier caso, ¿le parece que debería acometerse algún tipo de reforma sobre las acusaciones populares? 

Sí. Yo soy de la opinión de que sí debe de regularse mejor el uso espurio que sí se produce por parte de determinadas entidades e incluso partidos políticos de la figura de la acusación popular porque a fin de cuentas lo que se está haciendo también con el uso espurio es judicializar la política y eso también perjudica a los efectos que antes he comentado de dejar trabajar a la Justicia lo suficiente y creo que estaría bien pero desde el punto de vista de un pacto de los grandes partidos de este país con un gran consenso para no caer en la judicialización siempre que sale una proposición de ley como esta que ha salido. 

¿Y cómo podría regularse? 

Ahí yo tampoco podría entrar específicamente cómo debería hacerse como portavoz de la asociación judicial. Yo lo único que invitaría a las partes a que reflexionaran sobre la posibilidad de limitar que determinadas entidades puedan hacer usos espurios de algo tan importante como es la participación del pueblo en los procesos penales. 

¿Se está abusando de las proposiciones de leyes para evitar los informes consultivos? 

Sí y va en perjuicio de la calidad técnica de la labor legislativa. Evidentemente cuanto más informes técnicos haya sobre un texto legal más se enriqueceraá no solamente el texto legal, sino que saldremos beneficiados todos los ciudadanos y ciudadanas de esa mejor narrativa legislativa. 

Echamos de menos que se confíe en otras entidades además de los grupos parlamentarios que hacen las proposiciones de ley porque yo creo que eso siempre beneficia al conjunto de los ciudadanos. Cuanto más personas técnicas participen en la elaboración o en el análisis de un texto legal pues será un mejor texto legal para la ciudadanía. 

¿Qué dijo exactamente el Tribunal Supremo sobre presentar una denuncia con recortes de prensa? Porque esto es otra de las cosas que lleva la proposición de ley del PSOE 

Lo que vino a decir es que no era suficiente para aperturar un procedimiento penal una querella con recortes de prensa. Pero también es cierto que no es una prohibición absoluta. ¿Hasta dónde puede interpretarse esa limitación de los recortes de prensa? ¿Son recortes simplemente de titulares o hay una investigación periodística? Si se llevase a efecto la proposición de ley creo que también sería perjudicial para la propia libertad de prensa. Hay trabajos de investigación periodísticas que gracias a ello ha dado lugar a procedimientos penales muy importantes en España incluso con condena. Yo creo que es una cuestión también interpretativa. 

Parece que con recortes de prensa se minusvalora las investigaciones periodísticas que, por ejemplo, el caso Weinstein en Estados Unidos se me ocurre, empezó con una investigación de The New York Times. ¿No es lo mismo recortes de prensa que investigación periodística, no? 

No, no es lo mismo. Cuando se dice recortes de prensa estamos pensando que hay una entidad que coge un titular, que pone 6 o 7 titulares en una querella y dice venga la presento. Y otra cuestión distinta es cuando hay una referencia periodística, un titular, pero hay un fondo. O hay una relación de cómo ese periodista ha conseguido las pruebas y se tira del hilo y se consiguen no solamente procedimientos penales, como digo, sino incluso sentencias. Y hay antecedentes en nuestro país. 

¿Cree que la percepción de la ciudadanía con los jueces es hoy peor que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa? 

Sí, sin lugar a dudas. Hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial que es evidente que socava la confianza hacia los jueces por parte de la ciudadanía y es un peligro para nuestra democracia eso. 

En el día a día, ¿le ha ocurrido algún episodio en el que esta desconfianza sea visible? 

A ver, yo me dedico a la jurisdicción laboral. Por la materia que se trata que son normalmente despido, trabajadores, sindicatos o empresas, la situación política judicial a nivel nacional no influye. Pero como portavoz nacional sí es cierto que cualquier tipo de pronunciamiento que yo tengo que hacer en defensa de la honorabilidad de los jueces sí que públicamente me sitúa contra el Gobierno y eso la verdad que no es correcto. 

¿Existe el lawfare en España? 

Habría que preguntarse qué definición de lawfare. Si es que hay una serie de jueces que dictan resoluciones para perjudicar a un determinado partido político, pues no, en España no existe lawfare. Cuando me preguntan por lawfare, siempre digo que habría que dejar trabajar a la Justicia, que confiar en los tiempos judiciales, que no coinciden muchas veces con la urgencia política y los tiempos mediáticos, pero que siempre tienen un final correcto en relación con el respeto a la legalidad. Con lo cual, confianza en el Poder Judicial, es lo que trasladaría.

Es decir, que esa percepción de la ciudadanía que ahora desconfía más del sistema judicial, ¿No está justificada? 

En mi modo de ver no existe ningún tipo de justificación que pueda llevar a los representantes políticos a hacer señalamientos o a dudar de los representantes de la Justicia porque traslada como le digo una imagen terrible. De desconfianza de las personas que tienen que resolver sus pleitos diarios, dudan de su independencia, de su imparcialidad. 

Creo que forma parte de un relato de menospreciar, de minusvalorar o de quitar poder a las decisiones de los jueces. Y creo que es preocupante para un sistema democrático que se ataque a uno de los pilares del Estado de Derecho. 

En el Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo para sacar el informe sobre cómo elegir a los vocales. ¿Cuál es la mejor alternativa para la AJFV? 

No es que sea la mejor alternativa, es que es la alternativa que ocurre en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno europeo. En aquellos lugares donde hay un Consejo General del Poder Judicial que está compuesto por juristas de reconocida competencia y por jueces, la carrera judicial elige de forma directa a esos jueces del turno judicial. Lo que no tiene ningún tipo de parangón en Europa es que en España sea un país como Polonia en donde no se confíe en la carrera judicial para poder designar a esos vocales del turno judicial. 

Que, repito, hay una composición mixta. Hay una serie de vocales que deberían ser elegidos por el Parlamento, y otros vocales del turno judicial que deberían ser elegidos por jueces. Precisamente en diciembre, la Comisión de Venecia se reunió en relación con la problemática de la Justicia en Turquía y en una de sus conclusiones vino a decir expresamente que según los estándares europeos al menos la mitad de miembros del Consejo Judicial deben ser elegidos por sus pares porque es la manera de aislar al componente judicial de la interferencia política. Y que no se pongan de acuerdo incluso para llevar a cabo una propuesta es un ejemplo más claro de que la forma de designar los vocales actuales es claramente política. 

Hay que ser valiente, confiar en nuestro sistema de derecho y poder llevar a cabo esa reforma que yo creo que sería muy positiva para la Justicia de nuestro país. 

Y esa elección por parte de la carrera judicial, ¿qué fórmula de votación tendría? 

Nuestro propuesta, que en esta coincidimos Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, es que el sistema que se elija para poder designar a esos 12 vocales, es tan importante como que lo elijamos la carrera judicial esos vocales porque tiene que ser un sistema que garantice la representación y la pluralidad y la sensibilidad total de la carrera judicial. La carrera judicial está compuesta por distintas personas, con diferentes sensibilidades y precisamente un sistema electoral que pudiera garantizar esa representación de todas esas entidades pues sería también muy positivo para las funciones que van a tener que desempeñar los vocales que se elijan por esa vía. 

Nosotros producimos un sistema que se llama de cuota decreciente, que garantice que siempre esté presente las minorías en este caso dentro de los 12 vocales judiciales y, por decir una cosa muy clara, Francisco de Vitoria en 40 años no ha tenido más que un solo vocal. Nosotros somos la segunda asociación más importante en número de asociados de España. Con un sistema mayoritario de votación, nos aseguraríamos siempre entre 3 y 4 vocales y nosotros preferimos sacrificar ese número de vocales por el bien de que estén representadas todas las sensibilidades de la carrera judicial. Tanto los asociados como los no asociados que son un 42% de la carrera. 

¿Considera AJFV que el fiscal general debería dimitir? 

La cuestión de decidir si tiene que dimitir o no una persona en mi experiencia, no solamente como portavoz nacional sino ya en la vida, es que es una decisión que compete únicamente a la persona. Y que yo diga que tiene que dimitir no sería correcto en mi modesta opinión. 

Sí creo que debería ser una reflexión si merece la pena por el bien de la institución tener un fiscal general del Estado en una condición de investigado en un proceso penal porque resulta un poco chocante que vaya a declarar como investigado y que le vaya a interrogar un compañero al cual le debe obediencia por la dependencia jerárquica. Visualmente llama mucho la atención y es difícil de explicar. 

¿El auto del magistrado Hurtado está lo suficientemente motivado o hay indicios suficientes para mantener investigado a García Ortiz? Como labor pedagógica, no sé si puede aclarar qué son indicios y qué son pruebas y con qué tiene que ir alguien a juicio 

Es importante que la ciudadanía sea consciente de que una cosa es la fase de instrucción donde lo único que se hace es una recopilación de indicios, donde no se va a determinar la culpabilidad y evidentemente la presunción de inocencia sigue intacta incluso hasta que haya sentencia firme. Es importante que la ciudadanía sea consciente de que no significa que esos indicios tengan la consideración de pruebas. Los indicios tienen que seguir al juez instructor para determinar si esos indicios tienen ya la categoría suficiente para poder convertirse en prueba. La sentencia se producirá en un plenario. 

Entiendo que el auto, sin entrar a valorar la cuestión interna de la instrucción que no he estado yo, al menos objetivamente todo el mundo tendrá que coincidir en que está fundamentado. Otra cuestión es que una persona entienda y critique la resolución porque no es suficiente con los indicios para llevar a cabo una culpabilidad. Ya te digo, una cosa es la suma de indicios en la fase de instrucción y otra cuestión sería el dictado de una sentencia condenatoria. Estamos en dos fases distintas.