La Abogacía del Estado ha pedido personarse en el 'caso de hidrocarburos' que se sigue en la Audiencia Nacional, casi un año después de que Hacienda alertara a la Fiscalía Anticorrupción de que Víctor de Aldama y su círculo estaban llevando actividades fraudulentas con el fuel sin pagar impuestos. Los servicios jurídicos del Gobierno son indudablemente parte afectada de este asunto en el que se han sustraído de las arcas públicas más de 180 millones de euros, pero la Abogacía no ha formado parte de la investigación desde el inicio.

Fue el pasado 8 de enero cuando el abogado del Estado pidió quedar personado en las diligencias que tutela el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Algunas fuentes consultadas se extrañan de que los servicios jurídicos del Ejecutivo hayan esperado tanto y no hayan participado de este caso de corrupción tan grave desde que se inició, habida cuenta de que fue la propia Agencia Tributaria la que ayudó a dar la voz de alarma.

Después de que el pasado 21 de febrero de 2024 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera al exasesor ministerial Koldo García, así como a Víctor de Aldama y a otros familiares en el bautizado como 'caso Koldo', los funcionarios de Hacienda se dan por enterados de que una de sus investigaciones tiene nombres comunes. "Por si pudiera tener alguna conexión con este proceso procedemos a informar", dice un escrito que remitieron a la Fiscalía Anticorrupción para alertar de que Villafuel (la empresa de hidrocarburos) y sus vínculos con Aldama estaban bajo el foco.

El Ministerio de Transición Ecológica concedió a Villafuel la licencia para operar al por mayor con productos petrolíferos en septiembre de 2022 y a penas un año después, el 18 de septiembre, la cuantía defraudada era tan elevada que Hacienda puso la lupa sobre la empresa. "Para tratar de ocultar el fraude, Villafuel SL podría haber hecho uso de un entramado de 'sociedades interpuestas' con características comunes: cuentan con unos administradores y socios con perfiles de testaferro, apenas tienen estructura alguna, tienen una vida operativa muy breve, carecen de capital, hacen uso de la misma cartera de clientes y cuentan con Villafuel SL como único proveedor de productos petrolíferos", rezaba la Agencia Tributaria.

Sus funcionarios ya habían acudido en septiembre de 2023 a la sede mercantil de la empresa, ubicada en Móstoles, donde les atendieron dos de las personas que luego serían detenidas. Entre ellos, la hermana de Claudio Rivas que es, junto Aldama, el principal cabecilla de la presunta organización criminal.

Esta advertencia unida a una denuncia interpuesta por la UCO en mayo dio lugar a la apertura de unas diligencias por parte del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le encomendó la investigación a su subordinado Luis Pastor, fiscal que a su vez llevaba la batuta del 'caso Koldo'.

Desde entonces, los investigadores han estado tratando de desenmarañar toda una red tremendamente elaborada de decenas de empresas creadas y eliminadas expresamente para defraudar el IVA, unidas a otras compañías dedicadas a derivar las ganancias a países extranjeros como Portugal o China.

La Abogacía del Estado --que debe defender los intereses del Gobierno-- también puede ayudar a esclarecer por qué el Ministerio de Transición Ecológica que dirigía entonces Teresa Ribera concedió la licencia de operador cuando Villafuel no llegaba al capital mínimo exigido y pudo haber falsificado documentación para presentar su propuesta. La Fiscalía Anticorrupción contestó el pasado miercóles que no tenía nada que objetar a la personación de la Abogacía del Estado en representación de Hacienda.