Solo unos días después de que el Gobierno pretendiera tocar la figura de las acusaciones populares en un proceso judicial, el Consejo de Ministros de este martes ha vuelto a abordar una reforma que afecta a la Justicia. El anuncio de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar las oposiciones de acceso a la carrera y ampliar el número de jueces por el cuarto turno no ha sentado especialmente bien en un amplio número de togados. Muchos se quejan de la fijación que parece tener el Ejecutivo en los jueces y fiscales, que no con otros funcionarios públicos.

El discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, este jueves en la entrega de despachos frente al Rey Felipe VI fue loado por muchos en público y en privado. Para ella, el sistema actual de acceso a la carrera judicial es "democrático, en cuanto garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual. Las pruebas de acceso son públicas, de modo que cualquier ciudadano puede presenciarlas. Se celebran en el Tribunal Supremo a puerta abierta en audiencia pública. Los criterios de valoración son transparentes y objetivos. En su primera fase, que es decisiva, son totalmente anónimas, pues se realizan en un ejercicio escrito en el que no figura la identidad de los aspirantes", especificó.

Esto se ha interpretado como la contestación directa a las pretenciones del Ministerio que dirige Félix Bolaños. El departamento de Justicia explicó su intención de hacer que los exámenes fueran anónimos, de suprimir la prueba oral para introducir una prueba escrita de un caso práctico y de crear una Escuela Pública de Opositores. Todo esto para "democratizar" el acceso a la carrera.

"En mi caso personal nadie en mi familia había estudiado Derecho. Tengo muchos compañeros que fueron los primeros en tener licenciatura en toda su familia. Toda mi vida he creído en el mérito y capacidad, gracias a ello he salido adelante cuando me quedé huérfana de padre y madre con 24 años. Ninguno de mis hijos ha estudiado judicatura: tengo una hija arquitecto y el pequeño se presenta el sábado al MIR [las pruebas públicas para ser médico]", aclara la jueza de menores Concepción Rodríguez en conversación con este medio.

A ella tampoco le gusta la idea del Ejecutivo de incrementar el número de jueces reforzando el llamado cuarto turno (acceso a la carrera para juristas de reconocido prestigio sin haber hecho la posición) y regularizando el sistema de los jueces sustitutos. "Soy contraria a degradar la preparación para el acceso. En contra de criterios que permiten el clientelismo y no se basen en mérito y capacidad. Mucho más cuando hablamos de un poder del Estado. Poder que los políticos quieren controlar", esgrime la togada.

Actualmente un 9% de los aproximadamente 5.400 jueces que hay en España son del cuarto turno (algunos compañeros los llaman de forma algo despectiva los 'turneros') y lo que pretende el Gobierno es que esta cifra alcance el 25%. Además, quieren agilizar el sistema de acceso de los sustitutos, que son más de 900 en todo el territorio.

"El cuarto turno premite una mayor discrecionalidad a través de la entrevista. Que se modulen los candidatos, que se hagan carreras exprés pensando en futuras incorporaciones del cuarto turno. Se quiere generalizar, por tanto, un sistema diferente al de oposición porque somos bastantes molestos", reseña otro togado que prefiere no dar su nombre.

La misma opinión tiene sobre los sustitutos: "Se quiere crear un concurso de oposición ex profeso para ellos. Los sustitutos ya se pueden presentar a un concurso del cuarto turno, no tiene por qué crearse una pasarela con un examen mucho más fácil, por mucho que se quiera revestir. Para ser sustituto hoy día no hay que cumplir ningún requisito. Simplemente apuntarse a las listas de sustituto y se les hace entrevistas en los tribunales superiores".

Para los consultados, la realidad es que lo que pretende el Ejecutivo se parece más a intentar introducir en la carrera magistrados afines que a mejorar la calidad del sistema judicial. "No se toca para nada la figura del magistrado autonómico, por ejemplo. Es decir, el que es designado por los parlamentos autonómicos y que acceden directamente a los tribunales superiores. Ese no veo que lo estén tocando porque esa es de las mayores formas de corrupción y de las mayores injerencias políticas en la carrera. El hecho de colocar a políticos o catedráticos afines a juzgar a los que van a juzgar a los políticos", refleja el juez.

En la misma línea habla el magistrado Fernando Portillo: "Este proyecto de ley parece que viene a resolver problemas que no existen.La pluralidad que se dice buscar en la carrera ya la tenemos. Se ha producido la entrega de despacho de los jueces de la 72 promoción donde el 67% son mujeres, más del 34% procede de familias donde ninguno de los progenitores tiene estudios superiores y no llega al 6% aquellos cuyos padres y abuelos son o han sido jueces".

Los puntos más apoyados de la propuesta del PSOE y su socio son los referentes a un incremento de becas o a la necesidad de acabar con el mercado negro de preparadores de aspirantes. Sin embargo, también aquí surgen suspicacias. "Nos confiere un poco de curiosidad ese señalamiento hacia los jueces cuando, efectivamente, hay otras oposiciones donde se pueden encontrar esos problemas de mercados negros. Parece que, efectivamente, el problema somos los jueces. Nos genera también un poco de inquietud eso de que se puedan preparar las oposiciones en el Centro de Estudios Jurídicos porque plantea muchos interrogantes como cuántas plazas, si sería solo en Madrid, existe el riesgo de que se quiera favorecer a los que se preparen allí, de que haya algún filtro ideológico, o peor aún, que se esté buscando ideologizar a los jueces", agrega Portillo, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI).

"¿Por qué solamente se reforma la carrera fiscal y judicial y no se reforma la Abogacía, la Inspección de Hacienda..?", se pregunta otro. "Están obsesionados con la carrera judicial. No veo esa opsesión en notarías, registros, Abogados del Estado o jurídico militar", señala Rodríguez.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, también ha declarado que este anteproyecto de ley constata "la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces"; y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, expuso a EP que había cuestiones de la ley que eran "inasumibles".

Por su parte, el magistrado Edmundo Rodríguez de Juezas y Jueces para la Democracia sí se ha mostrado favorable a la nueva norma. "Es necesario incrementar el número de plazas en el turno libre, tanto para facilitar un acceso más amplio y equitativo como para atender la creciente carga de trabajo de los tribunales y reducir los tiempos de respuesta judiciales", ha reflejado.