El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a su semana más dura, probablemente, en lo que lleva de mandato. Y eso que no ha sido fácil. Dos citas lo aguardan en el Tribunal Supremo, y de ambas depende su carrera profesional en la Fiscalía. La primera, el martes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que debe decidir si su nombramiento por parte del Gobierno se ajustó a la legalidad; la segunda, el miércoles en la Sala de lo Penal, donde está acusado de revelación de secretos tras haberse filtrado información de una investigación que el Ministerio Público seguía contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su futuro depende en buena medida de cómo se desarrollen estos días.

La cita inicial se dará en la sección cuarta de la Sala Contenciosa, compuesta por Pablo Lucas (presidente interino), Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requero y Pilar Teso. Deliberarán durante la mañana un recurso que interpuso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que señala que el Gobierno no debió elegir a García Ortiz para dirigir la Fiscalía cuando ya había sido sentenciado por el alto tribunal por haber ascendido a su antecesora de forma irregular. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo consideró por esto mismo "no idóneo" para el cargo.

Como desveló El Independiente, García Ortiz trató de apartar a cuatro de los cinco magistrados que componen el tribunal porque eran los mismos que participaron en la sentencia de esa condena. La Sala Tercera consideró que el ascenso de Dolores Delgado, anterior fiscal general del Estado, fue una "desviación de poder" por parte de García Ortiz al elegirla en detrimento de otro candidato que tenía mejores méritos.

El jefe del Ministerio Público consideraba que estos togados ya estaban contaminados por ese fallo y que, por tanto, no son objetivos ahora para decidir sobre la impugnación de su cargo. En el Supremo, en cambio, no vieron motivo para tener que apartar a los magistrados, así que la composición de la Sala se quedó como estaba. Fuentes del órgano explican que la idea es que la deliberación de este martes sea rápida. Esperan incluso emitir el sentido del fallo ese mismo día.

Confiesan que en ningún momento se ha valorado la opción de aplazar la reunión por el hecho de que García Ortiz tenga que declarar al día siguiente en la sala de al lado. Consideran que son temas diferentes, así que no hay motivo para no emitir su dictamen en tiempo y forma. La ponencia recae sobre el magistrado de corte conservador José Luis Requero.

La silla del jefe de todos los fiscales se ocupa de forma discrecional, es decir, su nombramiento es una prerrogativa del Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo lleva ya varios años indicando que el espíritu de la norma es que deba primar siempre el mérito y la capacidad de los aspirantes tanto a la hora de ponerlos como a la hora de quitarlos. Así, en marzo de 2023, el tribunal anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Guardia Civil de Madrid que había realizado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En noviembre de ese mismo año, hizo lo mismo con la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

En cualquier caso, si el nombramiento del fiscal general fuera censurado, pocas cosas cambiarían con respecto a la causa de la filtración del novio de Ayuso. La investigación penal seguiría adelante contra él y las riendas de la instrucción permanecerían en el Supremo al ser él un fiscal de Sala aforado en el alto tribunal. Lo usual es que la sentencia completa tarde unos días en llegar al Gobierno, que tendría que ejecutar la decisión contenciosa-administrativa y publicar en el BOE el cese de García Ortiz.

Entonces, este dejaría su despacho, pero la Sala de lo Penal mantendría las diligencias contra él, puesto que los hechos sucedieron mientras estaba en el cargo, y no tendrían que viajar a un juzgado ordinario ya que su puesto se desplazará a la Fiscalía del propio Tribunal Supremo. Estos funcionarios, como ocurre con los diputados, deben ser juzgados en ese órgano.

Segundo 'round'

El segundo round de la semana será al frente del juez Ángel Hurtado que cree que el fiscal general filtró detalles del asunto contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso y acusado por un fraude a Hacienda. Fuentes del entorno de García Ortiz consideran que se trata de una causa "fabricada artificialmente" en la que se persigue al investigador para desviar el foco del verdadero delito al fisco.

Desde que el Tribunal Supremo tomara las riendas, es la primera vez que Ortiz tiene la oportunidad de declarar y dar su versión de los hechos. De hecho, él podría haber solicitado que la declaración se realizase en su despacho de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Cuando en la instrucción de una causa penal fuere necesaria la declaración de un juez o magistrado, y esta pudiera prestarse legalmente, no podrá excusarse aquel de hacerlo. Si la autoridad judicial que hubiera de recibir la declaración fuere de categoría inferior, acudirá al despacho oficial del juez o magistrado", reza el artículo 400.

Según las fuentes jurídicas consultadas, esta figura es equiparable al jefe de la Fiscalía. Es más, explican que el tratamiento del fiscal general "se equipara en honores al del presidente del Tribunal Supremo", de ahí su equiparación retributiva. En este caso, citadas fuentes mensionan que García Ortiz tiene la prerrogativa de declarar por escrito como testigo y en su despacho oficial como investigado, sin embargo, él no ha querido hacer uso de este precepto de la ley.

Siempre ha defendido ser el autor intelectual de la nota de prensa que publicó la Fiscalía para desmentir informaciones incorrectas que aseveraban que los fiscales habían ofrecido un pacto a González Amador y que éste se había frenado por "órdenes de arriba". Su tesis pasa por argumentar que no existió delito de revelación de secretos porque él no filtró el expediente inicial de la causa ni los correos y, aunque este último hubiera sido el caso, no habría secreto que proteger porque la fuga de información inicial partió del propio afectado, en tanto en cuanto, el jefe de gabinete de la propia Ayuso ha confesado que él difundió a los medios el contenido de uno de estos emails, después de que González Amador lo compartiera con él.

Los testimonios de algunos periodistas avalan a García Ortiz, no así los de su subordinada la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que dijo que llegó a sospechar que García Ortiz filtró la nota de prensa y que llegó a advertir a otra fiscal de que si transfería los correos internos de la causa al jefe iban a terminar publicados en los medios.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no halló en su terminal ningún mensaje de Whatsapp porque él confesó que los había borrado todos por un protocolo de seguridad del Ministerio Público. El juez Hurtado está tratando de reconstruir lo sucedido la noche del 13 al 14 de marzo, cuando los hechos investigados se precipitaron. Para ello ha pedido a las compañías telefónicas su listado de llamadas y a las operadoras de mensajería instantánea que envíen cuanta información tengan. Este será uno de los vértices sobre los que se apoye el interrogatorio.

La semana culminará el jueves con la declaración de la jefa provincial de la Fiscalía, Pilar Rodríguez, quien también está investigada.