El Tribunal Supremo rechaza anular el nombramiento del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 27 de diciembre 2023. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha determinado por unanimidad que el Ejecutivo no incumplió la norma al elegir a este fiscal para dirigir el Ministerio Público cuando el propio tribunal lo había sentenciado anteriormente por "desviación de poder", según avanzan fuentes jurídicas del órgano.

El Supremo decide así no admitir el recurso que había interpuesto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) argumentando que García Ortiz no debía ocupar ese despacho, después de que el Supremo considerara que había incurrido en un uso irregular de la ley para ascender a la máxima categoría a su antecesora Dolores Delgado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había señalado, además, que García Ortiz no era "idóneo" para el cargo, en un informe consultivo que debe recabarse antes de la designación.

La ponencia ha sido del magistrado conservador José Luis Requero, y la sección cuarta ha estado compuesta por Pablo Lucas (presidente interino), Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y Pilar Teso. Como desveló El Independiente, García Ortiz trató sin éxito de apartar a cuatro de los cinco magistrados que componen el tribunal porque eran los mismos que participaron en la famosa sentencia sobre la "desviación de poder". Los togados entendieron que no concurrían las causas de recusación porque su imparcialidad no estaba dañada.

La silla del jefe de todos los fiscales se ocupa de forma discrecional, es decir, su nombramiento es una prerrogativa del Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo lleva ya varios años indicando que el espíritu de la norma es que deba primar siempre el mérito y la capacidad de los aspirantes tanto a la hora de ponerlos como a la hora de quitarlos. Por eso, en noviembre de 2023 anuló la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que ella no tenía el requisito de reconocido prestigio que le exige la ley.

El alto tribunal ha avanzado el sentido del fallo, si bien todavía no se conocen los detalles de la sentencia. Fuentes del órgano explican que puede publicarse en las próximas horas, ya que al tratarse de un asunto de tal trascendencia los magistrados han estado trabajando en ella los días previos.

Antecedente de Eligio Hernández

En 1994, el Tribunal Supremo ya declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández, al entender que los siete años en los que desempeñó cargos dentro del Gobierno no constituyeron ejercicio efectivo de su profesión de jurista. Es decir, que no cumplía el requisito de trayectoria profesional mayor de 15 años que exige la ley. Su caso, sin embargo, no es igual porque Hernández ya había dimitido días antes de que saliera dicha sentencia.

Por tanto, el alto tribunal censuró el nombramiento de un exfiscal general y no de un jefe del Ministerio Público en activo. En ese caso, el asunto se elevó a pleno que conformaban 32 magistrados y examinaron tres recursos --de la Unión Judicial Independiente (UJI), de la asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la Asociación de Fiscales (AF)-- durante todo el día. A Hernández se le habían computado en sus méritos siete años y medio que ejerció como gobernador civil de Tenerife y como delegado del Gobierno en Canarias, pero el alto tribunal corrigió este dato para que ese periodo no formara parte de los 15 años de ejercicio efectivo que se necesitan para dirigir el Ministerio fiscal.

El procedimiento penal sigue adelante

Sobre el procedimiento penal que se sigue contra él en la Sala Segunda, nada cambia. García Ortiz tiene la categoría de fiscal de Sala, es decir, la más alta de la carrera y, por tanto, sigue estando aforado ante el Tribunal Supremo. Seguirá procesado por un delito de revelación de secretos en el asunto sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, mañana miércoles será su turno. Deberá declarar ante el juez Ángel Hurtado, que sostiene que fue él quien filtró un correo sobre el procedimiento que se seguía en la Fiscalía contra Alberto González Amador, acusado de un fraude a Hacienda.