La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que realizó el Gobierno el pasado 27 de diciembre de 2023 argumentando que los márgenes discrecionales para este tipo de elecciones son muy amplios y que el hecho de que él cometiera un error en su mandato anterior no lo convierte en "no idóneo" para ejercer la jefatura. La sentencia ha sido firmada por los cinco magistrados de forma unánime y se ha dado a conocer este mismo martes porque fuentes jurídicas explican que dada la trascendencia del fallo se había avanzado mucho en el trabajo de la ponencia.

"Que un órgano de la Administración incurra en desviación de poder es, desde luego, censurable, pero es una causa de mera anulabilidad, no de nulidad de pleno Derecho, ni constituye una vía de hecho", refleja la citada sentencia.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) argumentaba que el hecho de que el Poder Judicial lo hubiera tachado como "no idóneo" en un informe muy duro en el que añadía la sentencia del Supremo que esgrimió que García Ortiz había hecho un ejercicio de "desviación de poder" al ascender a su antecesora en el cargo Dolores Delgado hacían imposible su elección como jurista de reconocido prestigio. "En la prátcia contencioso-administrativa es usual anular actos administrativos y no por ello se cuestiona la idoneidad de la autoridad que los dicta para ejercer el cargo", responden los togados.

La APIF entendía que se trataba de "sentido común" porque el fiscal general del Estado en su primer mandato (el que comenzó en 2022 hasta que el presidente del Gobierno convocó elecciones) había "incumplido grave y reiteradamente sus funciones". El Supremo expone que el Ejecutivo tiene la prerrogativa de elegir al jefe del Ministerio Público porque es el que debe cumplir la legalidad de acuerdo a la Constitución y que, bajo estos mismos parámetros, bajo los de la Constitución, se tiene que leer si se incumplen o no sus funciones. "Son el medidor de la corrección de su ejercicio y su revisión judicial debe hacerse restrictivamente para no sustituir al Gobierno en el legítimo ejercicio de la discrecionalidad", refleja la sentencia.

Los magistrados consideran "desproporcionados" los argumentos que ha utilizado la APIF para revocar el nombramiento. Por ejemplo, la asociación hablaba de "incumplimeinto grave" del trabajo de García Ortiz a la hora de redactar la circular del 'solo sí es sí' que siguieron los fiscales y que pretendía que no se redujeran las penas a los agresores sexuales. Esta directriz quedó desautorizada por el criterio del Tribunal Supremo que argumentó que, según la ley, no quedaba otra que reducir las condenas de los violadores y pederastas. Los magistrados explican que, una cosa es que García Ortiz dicatara una circular que luego no fuera en consonancia con el criterio del alto tribunal y otra es que ese documento fuera "irrazonable o arbitrario".

En definitiva, el Supremo entiende que si bien el fiscal realizó una desviación de poder, el hecho de que anularan ese acto administrativo, el de ascender a Dolores Delgado, no implica necesariamente que él ya quede desligitimado para ejercer sus funciones. "Ya hemos visto que la Sala Segundo archivó la querella por prevaricación por este hecho", recuerdan.

"La anulación del nombramiento de doña Dolores Delgado García, pese a incurrir en desviación de poder, dirá muy poco en favor de su autor, a quien le es exigible un ejercicio ejemplar de sus potestades por la alta magistratura que ejerce, pero la propuesta de ascenso no deja de desenvolverse en el ámbito interno, doméstico o funcionarial y en el que interviene el Fiscal General del Estado al ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal", agregan.