El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha esquivado el primer golpe en el Tribunal Supremo, pero le queda el segundo y, quizás, el más importante porque puede llevarle a la inhabilitación. Lo que el juez de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado ha dejado entrever en sus decisiones es que no hay mucho espacio para los argumentos del jefe de la Fiscalía, quien defenderá este miércoles en su primera declaración como imputado que no filtró nada sobre el procedimiento que se sigue en la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La cita más esperada comienza a partir de las diez de la mañana.

García Ortiz tiene más elementos jugando en su contra que a su favor. En el primer grupo se integra desde el análisis del teléfono de su subordinada, la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, hasta la declaración de la fiscal Superior de la capital, Almudena Lastra. En el segundo, las testificales de una serie de periodistas, pero a los que el juez Hurtado ha restado credibilidad.

A favor, también el hecho de que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconociera que él pasó el literal de un email de la causa contra Alberto González Amador (novio de la presidenta madrileña) a la prensa; y en contra, que el juez no ve importante este detalle y considera que el delito de revelación de secretos sigue vigente.

El escrito de Hurtado de esta semana, en el que deniega a la Abogacía del Estado --que defiende a García Ortiz y a la fiscal Rodríguez, también imputada-- una serie de diligencia, disecciona los correos que fueron publicados por la prensa entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14 de ese mimo mes, donde se centran la mayor parte de los hechos investigados. Hurtado da más importancia a la filtración del email del 2 de febrero, que se la adjudica a García Ortiz, que a la del 12 de marzo, que pudo salir del propio afectado y esto es clave para el razonamiento penal que puede conducir eventualmente al juicio.

Primero, 'El Mundo' publicó el email del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto (encargado de las diligencias sobre el presunto fraude del novio de Ayuso) le había respondido conforme a cerrar un pacto. Esta noticia daba a entender que la iniciativa del acuerdo había salido de la Fiscalía y fue precedida de otras en medios distintos que añadían, además, que se había frustrado "por órdenes de arriba".

En ese contexto, el Ministerio Público quiso salir a desmentir esta información y horas antes de publicarse una nota de prensa sucedió la segunda filtración, la del correo del 2 de febrero en la que el abogado de González Amador plantea el posible pacto asumiendo los delitos.

"No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia", indica el magistrado. Es decir, para el togado, la revelación de secretos no está en lo que Miguel Ángel Rodríguez envió a los medios (correo del 12 de marzo), que se entiende que tenía la autorización del propio González Amador, sino en lo que se filtró después (correo del 2 de febrero), que a su juicio salió de la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz, presuntamente, "lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido , por parte del filtrador [...]; parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva". Esta argumentación es dañina para la estrategia de defensa que pretende seguir García Ortiz.

Como contó este medio, la Abogacía del Estado va a usar de escudo el mensaje que aportó el jefe de gabinete de Ayuso con la intención de diluir al máximo el supuesto delito de revelación de secretos. Trabajan con la premisa de que si el afectado filtró el primer correo, como se demuestra en un Whatsapp que le envió a Miguel Ángel Rodríguez, él mismo levantó el carácter secreto de sus comunicaciones y la difusión a partir de entonces que se hiciera de su correspondencia no puede ser constitutiva de delito de esa naturaleza.

En el interrogatorio de este miércoles que puede ser muy extenso si el fiscal general accede a contestar todas las preguntas, es previsible que el fiscal siga la línea que ha venido defendiendo hasta ahora en público y en privado: que él formó parte activa de la redacción de la nota de prensa que emitió el Ministerio Público para aclarar lo sucedido, pero que en ningún caso difundió los correos internos del procedimiento o los detalles fiscales de Hacienda de González Amador que obraban en el expediente.

Lastra complica las cosas

En esta delgada línea de la revelación de secretos se mueve la almendra central de la causa que tiene como objetivo acumular indicios para sentar en el banquillo a García Ortiz. Por ahora, el juez se apoya en la declaración de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que explicó que ella llegó a dudar si la filtración había partido de su jefe y le preguntó directamente. Además, advirtió a su subordinada Pilar Rodríguez de que no le pasara los emails porque se los iba a enviar a los medios. También en las comunicaciones de esta última, cuyo análisis del teléfono lo realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha revelado que remitió a la Fiscalía General del Estado el expediente completo sobre la investigación de González Amador días antes de que se filtrara.

Mientras, distintos periodistas que han pasado delante del juez Hurtado apuntalan la defensa del fiscal general, en tanto en cuanto aseguran que tenían los correos de la discordia antes de que los tuviera él. Tanto el redactor de la 'Cadena SER' como el de 'Eldario.es' aseveran que se hicieron con la documentación fundamental de la causa antes de las 21:59 cuando le llegó a García Ortiz. El magistrado, sin embargo, destaca que el único dato objetivo que tiene es que ambos medios publicaron después de que el fiscal general recibiera esos correos y, por tanto, mantiene la duda.

Seguirá siendo fiscal general

La Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió este martes no anular el nombramiento del fiscal general del Estado que realizó el Gobierno el pasado 27 de diciembre de 2023, por lo que García Ortiz seguirá en su puesto al menos de momento. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había interpuesto un recurso al considerar que había una serie de actuaciones del fiscal por las que había incumplido gravemente sus funciones.

Se apoyaban, por ejemplo, en la sentencia de esa misma Sala que tachó de "desviación de poder" el hecho de que García Ortiz ascendiera a su antecesora Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Pero el Supremo ha sido tajante en este sentido y ha explicado que no se puede asumir que porque los jueces anulen una decisión administrativa de un profesional esa persona ya queda inhabilitada para el cargo.

"Que un órgano de la Administración incurra en desviación de poder es, desde luego, censurable, pero es una causa de mera anulabilidad, no de nulidad de pleno Derecho, ni constituye una vía de hecho", reflejaron por unanimidad los cinco magistrados, cuatro de los cuales, por cierto, el propio fiscal general del Estado había pedido apartar porque consideraba que no iban a ser imparciales.