Trece fiscales de la cúpula de la Fiscalía han presentado una carta pidiendo formalmente la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber declarado como imputado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. El hecho de que se haya negado a responder a las preguntas del instructor es una actitud "impropia de un Estado Democrático de Derecho", dicen y "no cabe otra decisión que la renuncia", le advierten.

"El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal", explica la carta a la que ha tenido acceso El Independiente. Entre los trece firmantes están históricos fiscales como Javier Zaragoza, exjefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y actual fiscal del Supremo; los otros tres fiscales del procés, Consuelo Madrigal (también exfiscal general del Estado), Jaime Moreno o Fidel Cadena; la exfiscal general del Estado (designada por el PSOE) María José Segarra; la actual fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán; o el fiscal jefe de lo Penal del Supremo que el día de la declaración de García Ortiz bajó a recibirle a la puerta, Javier Huete.

A ellos se suman los fiscales de Sala Antonio Narváez, Elvira Tejada, José Miguel de la Rosa, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno y Manuel Moix. Todos le dicen a su jefe que la situación ha cambiado desde la última vez que se reunieron en la Junta de Fiscales de Sala para debatir sobre su continuidad en el cargo. "La imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable", refleja el escrito.

Consideran que su permanencia en el cargo "provoca unos daños tan innecesarios como intolerables" al prestigio de la Fiscalía y "una merma de la confianza de la ciudadanía en ella", además de un "injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales".

Estos 13, de los 38 fiscales que componen este órgano elevado del Ministerio Público consideran que se está produciendo una "confusión" entre la acusación de García Ortiz y la institución que él representa por lo que su permanencia en la jefatura "difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera".

En el duro escrito que han remitido a la sede de la calle Fortuny hablan de "insólita posición" en la que se encuentra quien les dirige "contraria a la lógica procesal más elemental". Para ellos, el hecho de que hayan tenido que ver declarar como investigado al fiscal general del Estado y éste se haya negado a confiar en el magistrado instructor no tiene un pase. "Puede hacerlo como investigado Don Álvaro García Ortiz; nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de 'velar por la independencia de los tribunales'", agregan.

En este escenario, lo único que puede hacer García Ortiz es renunciar al "cargo que ostenta para preservar a la Institución", creen. Eso sí, le avisan de que tal renuncia "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad". La presunción de inocencia se quedaría intacta y se le abriría la vía de defenderse "con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad".