El exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar formará parte del tribunal que revisará la entrada y registro al despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos sobre la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez Melgar es uno de los tres magistrados que integran la Sala de Apelaciones, que analizará las decisiones recurridas contra el instructor del caso, Ángel Luis Hurtado. La Sala, incardinada dentro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, comenzará con las deliberaciones este martes 11 de febrero, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

El tribunal lo completan los magistrados Eduardo Porres y Andrés Palomo. La Sala de Apelaciones está confeccionada por tres togados que por normas de reparto y de manera totalmente tasada en la Ley pasan seis meses analizando los recursos que los aforados interponen en las causas. El BOE publica esta conformación con los datos pormenorizados de magistrados y fechas, si bien la Sala la predetermina el momento en el que ese asunto toca el Tribunal Supremo por primera vez y no la fecha en la que se interpone el recurso. Es decir, la Sala de Apelación para el caso del fiscal general es la que estaba fijada cuando llegó la exposición razonada para investigarlo y no cuando él impugnó la primera decisión, según puntualizan fuentes del alto tribunal.

El azar ha querido que Sánchez Melgar sea uno de los integrantes. Su capacidad de entender la situación judicial a la que se vio sometido García Ortiz es total porque él mismo ocupó ese despacho entre 2017 y 2018. Fue el último fiscal general designado por el Partido Popular antes de que Pedro Sánchez relegara al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a través de una moción de censura. Por eso, el paso de Sánchez Melgar por la Fiscalía General duró tan solo seis meses, porque la llegada del nuevo Ejecutivo provocó su cese de forma automática. Sánchez eligió para sucederle a María José Segarra, fiscal que, paradójicamente, ha firmado ahora una carta con otros 12 fiscales de la cúpula del Ministerio Público para pedir la dimisión de García Ortiz.

El magistrado Melgar puede colocarse perfectamente en el lugar del fiscal general actual sin necesidad de tener que hacer un ejercicio de imaginación sobre la cantidad de datos sensibles que puede contener el teléfono de García Ortiz. Él ha sido la persona que portaba ese mismo teléfono.

Tanto para la Abogacía del Estado --en defensa de García Ortiz y otra de las fiscales imputadas, Pilar Rodríguez-- como para la Fiscalía, el procedimiento que ha dirigido Hurtado debe ser anulado pues se basa en una entrada y registro a los despachos oficiales de sendos funcionarios que fue "ilegal" y "desproporcionada".

El juez que decidió abrir la causa a raíz de la querella de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acordó como primera diligencia enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a recabar de los móviles y ordenadores de los fiscales todas las comunicaciones (whatsapp y correos) que pudieran probar que ellos filtraron datos de la investigación del novio de la presidenta por un fraude a Hacienda.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, expuso ante el magistrado que esa entrada al despacho de García Ortiz era "insólita" no sólo porque no se había acordado nunca antes, sino porque suponía "cuestionar la actuación de un órgano constitucional". Habló de "allanamiento".

El recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, que detalló este medio, se escribe en los mismos términos: "irregular", "improcedente" y atentado "contra la reputación" del jefe de la institución.

Ahora, los tres magistrados de la Sala de Apelación deberán corregir o avalar la actuación del juez Hurtado al dar luz verde a los agentes de la UCO. En el caso de que hubiera una nulidad de esa diligencia la causa se quedaría herida, puesto que el material extraído del teléfono de Rodríguez ha servido de indicio incriminatorio para el togado. Si, por el contrario, el tribunal cree que su compañero de Sala lo hizo bien, García Ortiz quedará más cerca del banquillo.

La posibilidad del Constitucional

El fiscal general ya no tiene más escalones internos a los que acudir dentro de la Sala de lo Penal. Lo siguiente sería plantear la nulidad de las actuaciones una vez se abriera juicio oral contra él. Bajo su punto de vista se le han invadido tantos derechos fundamentales que la indefensión provocada solo permite a la causa caminar hacia atrás como un cangrejo hasta desaparecer.

La forma en que Hurtado ha dirigido la instrucción también le parece alejarse de las "garantías" de su derecho a defenderse, sin aclarar bien los objetos sobre los que gira la investigación o sin combatir las filtraciones de su propio procedimiento. Con estos argumentos en la base, el fiscal general se prepara para construir el edificio de su defensa desde el que sólo podrá asomarse en las cuestiones previas de un hipotético juicio. En principio, García Ortiz tendría que esperar a una sentencia del Supremo para poder acudir al Tribunal Constitucional. Algo que podría tardar meses o incluso años.

Sin embargo, algunas fuentes jurídicas creen que la estrategia del jefe de los funcionarios que velan por la legalidad en España puede pasar por dar un paso antes. Un paso arriesgado, sin duda: acudir al Tribunal Constitucional antes de juicio. La jurisprudencia del órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido evidencia que esta actuación puede caer en saco roto: nunca se ha admitido un recurso para anular una entrada y registro antes de que se celebre el juicio, expresan citadas fuentes. Por eso, habría que cambiar la doctrina y esto generaría una ruptura interna dentro del propio tribunal que, por otro lado, no es que esté muy cosido.