El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid mantiene imputado al subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación. La querella parte de la empresa Biomar Oil S.L., que le acusa de haber dictado una serie de resoluciones injustas que han perjudicado tanto a la compañía --que debe pagar una multa de 218 millones de euros-- que ha tenido que salir del mercado del fuel. La entidad acaba de pedir a la magistrada que siga avanzando en la instrucción para esclarecer si el departamento que dirige Sara Aagesen erró en sus resoluciones de forma consciente.

En toda la documentación, a la que ha tenido acceso El Independiente, se detalla cómo Biomar Oil S.L. trata de acreditar que la empresa presentó todos los expedientes que el Ministerio requería en tiempo y forma y, a pesar de ello, el departamento que dirigía en ese entonces Teresa Ribera firmó la baja de la compañía adeudándola de forma millonaria.

Por las manos de Cabo, que lleva al menos desde diciembre de 2019 en el Ministerio, pasan muchas de las decisiones que toma el Ministerio sobre las empresas de hidrocarburos. El equipo de Ribera decidió el pasado mes de octubre inhabilitar de forma definitiva a cuatro empresas relevantes del sector: una de ellas era Biomar, pero también Everton Magnific, Martankship y Gaslow Abastecimientos. Esta última, involucrada en un fraude millonario en la Audiencia Nacional en el que está investigado Claudio Rivas.

Este tipo de defraudación ha saltado a primera línea de los focos después de que la Guardia Civil detuviera al empresario Víctor de Aldama acusado de haber construido un entramado de corrupción que ha desfalcado más de 182 millones de euros al fisco. Sin ir muy lejos, la semana pasada el Instituto Armado desarticuló una nueva red de estafas de hidrocarburos, como avanzó este medio.

Biomar, en cambio, trata de desmarcarse de esta rueda y asevera que ha cumplido con todas sus obligaciones y, para demostrarlo, ha acudido a los tribunales. La titular del Juzgado de instrucción a cargo, Concepción Jerez, tomó declaración a Cabo el pasado mes de octubre, como contó 'The Objective'. La denuncia relata que la empresa subió sistemáticamente a la plataforma Sicbios (Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes) todos los documentos que se les requirieron para evidenciar que cumplen con el mínimo 'verde' exigido, pero los archivos se eliminaron de forma sorpresiva.

El sistema, según explican fuentes del sector, es el siguiente: por cada equis número de combustible, las operadoras deben tener un porcentaje de biocombustible y si no lo generan ellas mismas pueden comprar a otras. Un sistema similar al de compra-venta de CO2 de los países, explican citadas fuentes. En Sicbios se va dando cuenta de estos pagos compensatorios.

Pero, según Biomar Oil, "la plataforma eliminó la totalidad de las solicitudes sin justificación alguna". La querella fue interpuesta el 20 de junio de 2024, un mes después de que la secretaría de Estado de Energía dictara una resolución --firmada por Cabo-- que obligaba a Biomar Oil a abonar la cantidad de 218.283.762 euros de pagos compensatorios. Para ellos Cabo ha firmado la resolución denegatoria de su actividad "sin fundamento válido y obligando" a la empresa a realizar un pago "exorbitante" que "constituye un claro abuso de autoridad y una desviación de poder".

Las consecuencias para ellos han sido tan "devastadoras" que la operadora se ha visto obligada a solicitar un concurso de acreedores. Ya el año anterior la compañía tuvo que asumir un pago de 37 millones de euros. En esa ocasión, no acudieron a la vía penal, sino a la Contenciosa-Administrativa para reclamar al Ministerio los informes técnicos en los que basaban los motivos para incrementar el número de biocombustibles que tenían que asumir. En varias resoluciones tanto de la Audiencia Nacional (del 8 de julio y del 16 de octubre de 2024) como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (del 11 de enero, 12 de febrero de 2024, 18 de abril, 28 de mayo de 2024 y del 3 de noviembre de 2023) los magistrados instan a Transición Ecológica a que remita la documentación solicitada por Transparencia, pero esta nunca llega.

La declaración de Cabo

Por su parte, la versión de Cabo es distinta, según su declaración ante la magistrada. "Yo no firmé la resolución, sino la comunicación de esa resolución", trató de desmarcarse. El subdirector explicó que fue el equipo técnico el que hizo los requerimientos a la empresa sin que él mediase y negó que los certificados fueran eliminados, sino que fueron rechazados porque su contenido estaba mal.

Sin embargo, a preguntas posteriores reconoció que hubo un "problema informático" en la plataforma, aunque no supo explicar bien en qué se basaba porque él estaba de baja. Biomar Oil se agarra ahora a este posible error del Ministerio para seguir tirando del hilo y tratar de aclarar por qué no se computó toda la información que subieron a la plataforma. Entre las diligencias que todavía pide que se practiquen está la declaración del director de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández --superior de Cabo-- o a la responsable del departamento de Sicbios.