El juez Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ha citado el próximo 12 de marzo como testigo a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización del PSOE madrileño y mano derecha del ministro Óscar López, y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès para que aclaren por qué tenían emails internos de la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Supremo dejó por escrito que su sospecha era que la información viajó desde la Fiscalía al Gobierno.

En un nuevo auto, Hurtado cree procedente la doble citación ahora para "conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo de 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital El Plural.com y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado". El origen de estas diligencias que afectan a miembros del Gobierno está en la protocolización de los mensajes que el exportavoz del PSOE madrileño Juan Lobato hizo a finales del pasado año.

La mañana del 14 de marzo en la que se estaban filtrando correos internos del procedimiento contra Alberto González Amador (novio de Ayuso), Sánchez Acera --que era entonces jefa de gabinete de López, que a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez-- envió a Lobato uno de estos emails para que los usara en la Asamblea de Madrid contra la presidenta. Él puso cierta resistencia, básicamente, porque consideraba que podían atribuirle a él una filtración si la información no estaba antes publicada en algún medio. Llegó a decirle a Sánchez Acera que podía parecer que la Fiscalía se lo había enviado a él. Fue entonces cuando la exasesora de Moncloa dijo que no se preocupase que le enviaría un link con la noticia y a los pocos minutos apareció en El Plural.

Del estudio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo del móvil de Lobato se esclareció que esa comunicación había pasado también por las manos de Vallès así como del director de Comunicación del PSOE Ion Antolín Llorente, y de Laura Sánchez Espada, que es desde el pasado martes directora de gabinete de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sin embargo, el juez considera improcedente tomar declaración como testigos a estos dos por considerar suficiente lo que puedan aportar al respecto Vallès y Sánchez Acera.

Los móviles del fiscal general

El juez, además, ha dictado otra resolución en la que trata de ahondar en la búsqueda de información sobre el borrado de la información del móvil del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz borró el contenido de su términal y cambió de móvil en medio de la investigación por lo que no han podido extraerse mensajes de los días en los que se produjo la filtración.

Hurtado requiere ahora a la unidad de informática de la Fiscalía General que aporte cualquier dato identificativo del teléfono móvil que tenía García Ortiz en la fecha en la que se produjeron los hechos. Si ese terminal se encontrara podría practicarse un nuevo intento de recuperación de datos.

El juez pide también las veces que García Ortiz haya cambiado de móvil desde junio de 2023 y el modelo de todos los teléfonos. Asimismo quiere saber si esos móviles se formatearon y quién lo hizo.