La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se suspenda la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien declaró en la prensa haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, y de su hija Leonor González Pano, que estaban citadas este martes en la Audiencia Nacional para declarar como testigos ante el juez Ismael Moreno en el marco del 'caso Koldo'.

El Ministerio Público cree que su testimonio podría causarles indefensión, puesto que ambas están imputadas paralelamente en la causa por el fraude de los hidrocarburos, y la condición de testigo obliga al compareciente a decir la verdad ante las preguntas que se le formulen, mientras que un imputado tiene derecho a no declarar. La dirección letrada del Partido Popular, que encabeza a las acusaciones populares personadas, se ha sumado a la petición de aplazamiento del fiscal.

Por este procedimiento, en el que están siendo investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, madre e hija comparecerán el 25 de febrero en el Tribunal Supremo en calidad de testigos, donde lo harán asistidas por su abogado. Su declaración ante la Audiencia Nacional, donde se instruye la parte del 'caso Koldo' que no afecta a Ábalos, ha quedado aplazada sin fecha concreta, a la espera de lo que determine el alto tribunal y de que se clarifique su situación procesal.

A la salida, representantes de Hazte Oír e Iustitia Europea, organizaciones personadas en la causa, han destacado la disposición de ambas a colaborar con la justicia.

Por otro lado, el 10 de marzo deberán regresar a la Audiencia Nacional, esta vez como investigadas en la trama de los hidrocarburos que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Este martes llegaron a la sede judicial a las 9:46, acompañadas de su abogado, el el juez en excedencia Javier Gómez Bermúdez, y salieron a las 10:28 sin hacer declaraciones.

En un principio, Moreno se había negado a citarlas como testigos, una decisión que corrigió la Sala de lo Penal de la Audiencia después de que Iustitia Europea recurriera poniendo en el foco la relación que Carmen Pano y su hija tenían con Aldama, y cómo éste, según su versión, les facilitó entrevistas con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de carburantes para Villafuel, una de las empresas investigadas en la trama de los hidrocarburos, después de que se produjera el pago en Ferraz. La Sala consideró que su testimonio era relevante para el caso.

Precisamente, ambas fueron detenidas el pasado 16 de diciembre por su presunta implicación en el entramado de los hidrocarburos. Ante los agentes de la Guardia Civil, Pano ratificó lo que ya había declarado en la prensa: que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en Madrid en dos entregas siguiendo las instrucciones de Aldama.

Además, explicó que fue ella quien en 2020 puso en contacto a los dos principales cabecillas de la trama, Aldama y Claudio Rivas, y que ejerció de "intermediaria" entre ambos. También aparece vinculada con la empresa Have Got Time S.L., propiedad de Aldama, y que fue la sociedad con la que se pagó parte del chalé que Ábalos utilizó junto a su familia en el verano de 2021.