El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado apunta por primera vez de forma directa a Moncloa al citar a dos excargos del Gobierno –la actual secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera, y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès– en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Fuentes cercanas a la investigación explican a El Independiente que, aunque la citación sea como testigo, no se descartan aún nuevas imputaciones después de escuchar lo que tengan que decir, y aseguran que la intención del magistrado es tener la instrucción terminada antes de verano.

Pilar Sánchez Acera es pieza clave para determinar el alcance político de las diligencias contra García Ortiz y dos fiscales más, acusados de filtrar datos internos del la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador que está bajo el foco por haber defraudado a Hacienda en dos ejercicios fiscales. "¿Quién reenvió esa carta a Pilar Sánchez Acera?", preguntó el abogado de González Amador al exportavoz del PSOE madrileño Juan Lobato. Con él, que declaró como testigo el pasado 29 de noviembre, a esta causa le nació una nueva pata que entronca directamente en la política.

Lobato acudió a un notario para protocolizar los mensajes de Whatsapp que la mañana del 14 de marzo había recibido de miembros del Gobierno. Pretendían que él usara un correo de las pesquisas contra González Amador como arma política, arrojándola hacia la presidenta madrileña al enseñar la carta en la que su pareja confesaba que había incurrido en un fraude. Sánchez Acera sólo fue la correa de transmisión porque el mensaje que recibió Lobato de la entonces jefa de gabinete de Óscar López (que a su vez era por esas fechas jefe de gabinete de Pedro Sánchez) ponía "reenviado". Sánchez Acera recibió esa misiva de otra persona.

La pregunta del letrado de González Amador no obtuvo respuesta porque Lobato, aparentemente, nunca supo de quién emanó la información original. "Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. La carta cómo la tenemos? Se ha publicado esto en algún sitio?", insistió Lobato ese 14 de marzo. Él quería cubrirse las espaldas y que no le acusaran de estar poniendo a disposición de los miembros de la Asamblea una carta que, hasta entonces, no era pública. "Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", especificó él.

Ese "reenviado" puede acabar apuntando bien arriba en La Moncloa, como ya explicó este medio. Algunas fuentes jurídicas apuntan a Óscar López que era jefe de Sánchez Acera y que estaba bien conectado con el presidente del Gobierno. Hay que recordar que, por esas fechas, se había comenzado a publicar información sobre las actividades de la esposa del líder del PSOE, Begoña Gómez, y el Ejecutivo recibió la noticia de una investigación contra esta persona vinculada a una de las líderes del PP como una bocanada de aire.

El magistrado Hurtado ha esperado a terminar con las declaraciones del Ministerio Público para abrir el melón de la política que puede derivar en otras imputaciones, según las señaladas fuentes. El Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM), que ejerce como acusación popular, había pedido, de hecho, llamar como investigada a Sánchez Acera, pero eso de cara a las pesquisas hubiera sido infructífero. Ella, que no ha sido apartada del partido, sino bien al contrario, ascendida, tiene como testigo la obligación de decir la verdad y, en principio, no puede ampararse en ningún tipo de secreto profesional para no revelar quién le reenvió ese documento.

El instructor ya tenía planes de dirigir la investigación hacia La Moncloa, pero ha aprovechado la petición de Manos Limpias para acelerar estas primeras diligencias. Además de a Sánchez Acera quiere escuchar al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, a quien Lobato también recurrió. "La carta cómo la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?", le preguntó también a la persona que manejaba los hilos del Gobierno con la prensa.

No hubo contestación, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejó en su informe del móvil de Lobato que esta pregunta revela la circunstancia de que el secretario de Estado de Comunicación "no sólo era conocedor del envío de ese email", sino que además, podría "podría resolverle la cuestión de cuál era la fuente del mismo". Ahora Hurtado pretende que se lo revele a él.

El registro de su despacho

De forma paralela, la Sala de Apelación vuelve a reunirse este martes para seguir deliberando los recursos interpuestos por García Ortiz en la investigación. Entre ellos, el relacionado con la entrada y registro de la UCO a su despacho, que es la baza con la que el fiscal general pretende jugar para desarmar toda la causa. Fuentes del Supremo agregan que pretenden tomar la decisión esta semana y será vital para la supervivencia del asunto.

Hurtado, por su parte, sigue avanzando y demuestra en cada paso que da que no se cree las palabras del jefe del Ministerio Público sobre que el borrado de su teléfono móvil fuera una práctica habitual que él realizaba cada cierto tiempo. En una batería de decisiones que tomó ayer solicitó la remisión de todos los dispositivos que él hubiera entregado (por desuso y por los anteriores cambios) tanto en Justicia como en Hacienda. Quiere, además, la relación de cambios que ha realizado desde mayo de 2023 y las veces que ha borrado el teléfono anteriormente.

Dichas fuentes revelan que la intención del instructor es tener la causa encausada hacia el final para el verano y pocos dudan ya que, con los indicios que se han recabado, García Ortiz vaya a librarse del banquillo.