El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de móvil por primera vez en 2024 cuando se admitió la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales, y una segunda vez ese año tras la declaración en el Tribunal Supremo del que fuera portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que el terminal que dejó el máximo cargo de la Fiscalía nunca fue devuelto a la unidad ministerial que se encarga de repartir los teléfonos a los altos cargos.

El futuro de García Ortiz está cada día un poco más cerca de un juicio por revelación de secretos por haber filtrado, presuntamente, información sobre una investigación que se seguía contra Alberto González Amador (pareja de Ayuso). El juez que le mantiene imputado, Ángel Hurtado, se ha manifestado en varias ocasiones esta semana a través de distintas resoluciones en las que ha dejado claro que no se cree ni un ápice la versión del fiscal general ni de su subordinada Pilar Rodríguez.

La Guardia Civil continúa tratando de desbrozar toda la información que se recogió del móvil volcado el día que realizaron la entrada y registro al despacho del más alto cargo de la Fiscalía. Hasta ahora con escaso éxito porque García Ortiz borró toda la información y cambió de móvil antes de que los agentes llegaran.

Lo que se conocía hasta el momento es que el investigado realizó dos borrados el 16 de octubre de 2024, el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él. Pero un nuevo informe de la UCO ha revelado, además, que ese año cambió de móvil hasta en dos ocasiones, días después de dos fechas clave.

La Oficina de Móviles de una subdirección que pertenece al Ministerio de Transformación Digital ha informado de que desde el 31 de junio de 2023, García Ortiz recicló su terminal la primera vez el 24 de mayo de 2024 (un Samsung A54) y la segunda vez el 18 de diciembre del mismo año (un Samsung S24).

Con el calendario en la mano, el fiscal general buscó un cambio de móvil sólo diez días después de que el 14 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella de González Amador, incoara el procedimiento y acordara una serie de diligencias como indicar qué personas del Ministerio Fiscal habían tenido acceso a las comunicaciones mantenidas entre el letrado del novio de Ayuso y el fiscal del caso.

Para entonces, García Ortiz no figuraba entre los investigados, sino que lo estaban la fiscal provincial de Madrid y el fiscal del asunto Julián Salto, para quien después la investigación quedó archivada. Pero fuentes jurídicas señalan que ya en ese momento todo apuntaba a que el responsable último podía ser el fiscal general y el caso podía escalar al Tribunal Supremo como, finalmente, terminó sucediendo.

De hecho, él se había arrogado la responsabilidad de la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo para desmentir un bulo de la noche anterior. Nunca ha admitido, eso sí, la filtración del correo electrónico en el que la defensa de González Amador reconocía un fraude a Hacienda. Es más, en la última entrevista que ha dado desde que toda la polémica empezara, en el Canal 24h, García Ortiz fue tajante: "Yo no filtré ningún correo".

La segunda variación de móvil sucedió tres semanas después de que Juan Lobato el 29 de noviembre se convirtiera en un testigo clave de las pesquisas. El entonces líder de los socialistas madrileños acudió al Tribunal Supremo con un acta notarial en el que había protocolizado unos mensajes que le habían llegado directamente de La Moncloa con datos del novio de Ayuso. En esos mensajes se leía cómo la exasesora del ministro Óscar López (entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) remitía a Lobato la mañana del 14 de marzo el correo íntegro de la defensa de González Amador antes de que se hubiera publicado en su literalidad en ningún medio de comunicación.

El Ministerio que ha entregado los teléfonos móviles al jefe del Ministerio fiscal explica a la UCO, además, que el formateo o borrado "no es una tarea" que ellos realicen, pero que son conscientes de que existió. El propio fiscal general eliminó detalles de su terminal y lo saben porque recibieron un correo el 24 de octubre de 2024 en el que se les pedía que hicieran "un nuevo enrolamiento".