La Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias de investigación por la financiación del partido político Vox. El pasado mes de diciembre, el PSOE interpuso una denuncia contra la formación que dirige Santiago Abascal al considerar que podría haber obtenido 4,6 millones de euros de préstamos de forma fraudulenta. Anticorrupción ha considerado que hay base para indagar y ha iniciado un procedimiento "reservado", según ha podido confirmar en exclusiva El Independiente.

El partido de Gobierno interpuso la denuncia en la sede de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre y una vez dentro la Secretaría Técnica del Ministerio Público --unidad asesora del fiscal general, Álvaro García Ortiz-- estudió el documento de 50 páginas y concluyó que la competencia era de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que lo remitió a este órgano, como confirman fuentes conocedoras de las pesquisas.

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha dado el visto bueno para comenzar a investigar. La denuncia advertía de que el partido verde colocaba "huchas" o "cajas de caudales" en actividades y eventos y hablaba, incluso, de aportaciones opacas desde Hungría.

En total, los socialistas estimaban que Vox podría haber obtenido 4.650.234,47 euros de forma fraudulenta y basaban parte de sus sospechas en el informe del Tribunal de Cuentas en el que la formación de Abascal contabilizaba, por ejemplo, 1,8 millones de euros por "ventas promocionales" sin justificar. Para el partido de Pedro Sánchez esto podrían ser "donaciones ilegales encubiertas".

La denuncia recopilaba fotografías publicadas por el partido en sus redes sociales con mesas en las que se exponía merchandising, folletos, banderas de España y algunos recipientes para introducir dinero a modo de hucha. "Clara evidencia del masivo y sistémico actuar de la formación a nivel nacional". Estas donaciones se pueden haber extendido, al menos, desde 2017 hasta 2023.

El PSOE solicitaba que se tomara declaración a Abascal, así como a dos de sus gerentes, Javier Cortés y Juan José Aizcorbe, y a su tesorero, Pablo Sáez, si bien según citadas fuentes todavía la investigación no se dirige contra nadie.

Además, le exigían a la formación de Abascal que presente la información necesaria sobre la obtención del crédito electoral de 6.500.000 euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt (banco húngaro) en las elecciones generales de 2023. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que aquellas superiores a los 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses tras su aceptación.

Tras la denuncia, el secretario general de organización de Vox, Ignacio Garriga, publicó un vídeo en redes sociales diciendo que el PSOE quería "tapar su corrupción". "Parece que al rosa nuestra le ha molestado la acusación popular de Vox y eso es buena señal", dijo. El partido de Abascal está personado en los tribunales en los casos que salpican a los socialistas como el 'caso Koldo', el 'caso Begoña Gómez' o en el asunto sobre el hermano de Pedro Sánchez. "Vox es el único partido que audita doblemente sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas por un lado y con una auditoría independiente", agregó.

El pasado mes de julio el pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer una multa al partido de 233.324 euros precisamente por considerar que se habían cometido dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas, aquellas que se realizan a un partido político con la voluntad de destinarse a una finalidad y que están prohibidas en España. Este dinero fue utilizado para financiar la querella interpuesta contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y para abonar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón al que golpeó tras robar un bolso a una mujer en Málaga.

Anticorrupción y Alvise

Estas no son las únicas diligencias que la Fiscalía Anticorrupción dirige contra un partido político. El pasado 2 de diciembre el Ministerio Público pidió formalmente la imputación del eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, por el presunto cobro en metálico de 100.000 euros para la financiación de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Después de una investigación en la Audiencia Nacional relacionada con la quiebra de la empresa Cryptospain, que dirigía Álvaro Romillo, la Fiscalía entendió que el dinero en metálico que éste había entregado a Alvise en una de las sedes de su compañía a cambio de "favores futuros" en la política supone un indicio sólido para poder actuar contra el eurodiputado.

Romillo confesó ante el juez esta entrega y Alvise nunca ha llegado a declarar en sede judicial, si bien en sus redes sociales admitió el pago. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama elevó la causa al Tribunal Supremo al ser el líder de SALF aforado y está pendiente de admisión a trámite para poder pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo.