La obligación de decir la verdad es un deber de todos los que acuden como testigo ante un juez. Así que ese compromiso pesará este miércoles sobre la espalda de dos testigos vitales en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para saber si la presunta revelación de secretos que supuestamente cometió contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso alcanzó también a La Moncloa. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado escucha hoy a la mano derecha del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, y al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès que tendrán que responder a una sencilla pregunta: ¿Quién les pasó el correo interno de la investigación contra Alberto González Amador (novio de la presidenta madrileña)?

Una cuestión que, sin embargo, puede complicar mucho el futuro de aquel o aquella a quien señalen. El juez busca conocer quién o quiénes tuvieron acceso la noche del 13 al 14 de marzo de 2024 a un correo muy concreto (con fecha de 2 de febrero) en el que el letrado de González Amador confesaba que su cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y estaba dispuesto a pactar con la Fiscalía.

Ese mail siguió un recorrido zigzagueante en la prensa: después de que El Mundo publicara otro correo posterior y titulara de forma no veraz que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso (en realidad había sido al revés), La Sexta desmintió esta información y explicó cómo habían sucedido los hechos de forma cronológica y, minutos después, la Cadena SER siguió en esta línea llegando, incluso, a publicar fragmentos del mencionado correo de 2 de febrero. No fue hasta el día siguiente cuando El Plural publicó por la mañana la literalidad de esas líneas con algunos datos privados tachados.

Pero tiempo antes de esta publicación el correo íntegro (sin tachaduras de ningún tipo) llegó al móvil del diputado de la Asamblea de Madrid Juan Lobato. "La carta es buena. Pero de dónde la saco porque si no parece que me la ha pasado la Fiscalía", preguntó a su interlocutora. Ella era Pilar Sánchez Acera. La actual secretaria de organización del PSOE de Madrid y 'número dos' de Óscar López en la Federación madrileña era en ese entonces miembro del equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

La mañana del 14 de marzo, cuando en la capital se amanecía con la confesión del novio de Ayuso en los titulares, Sánchez Acera se puso en contacto a las 8:29 con Lobato que tenía que enfrentarse cara a cara en la Asamblea con la propia presidenta madrileña para que dispusiera del material tan valioso que le ofrecía: la carta de confesión. "Sácasela en la pregunta. Un 'quién miente señora Ayuso, usted o su novio?'. La imagen con la carta es potente", le sugirió la asesora del Gobierno a Lobato que mostró sus reticencias. A las 8:41 él contesta: "La carta cómo la tenemos? Se ha publicado esto en algún sitio?".

A las 9:29 Sánchez Acera le remitió un link de El Plural, el medio en el que por primera vez se publicó el correo al completo. El juez Hurtado llegó a dejar por escrito su sospecha rotunda de que la filtración al medio que dirige Angélica Rubio provino directamente del propio Gobierno. Este hecho ya podría suponer una revelación de secretos de la persona que entregara el mail al medio de comunicación. Pero el juez quiere seguir esta cadena hacia atrás. Saber quién se lo pasó a Sánchez Acera que, a su vez, lo compartió con Lobato.

Cuando se inició la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, el que fuera portavoz del PSOE madrileño (quien dimitió precisamente después de todo este escándalo) acudió a un notario a protocolizar esos mensajes por si en algún momento el asunto le salpicaba. El instructor terminó llamándolo a declarar y entregó su móvil voluntariamente.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un examen del terminal y terminó apuntando que ese correo había pasado también por las manos del ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, del director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y de otra responsable de comunicación ministerial, Laura Sánchez Espada (ahora directora de gabinete de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez). El juez, sin embargo, sólo ha visto necesario llamar a declarar a Sánchez Acera y a Vallès porque sus testimonios pueden ser tan esclarecedores que cree que no hará falta escuchar más.

A pesar de que el Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM) --que está personado en esta causa-- pidió la imputación de la exasesora de La Moncloa, el magistrado Hurtado ha decidido que vaya como testigo lo cual no es óbice para que si en el transcurso de su declaración el togado entiende que hay indicios delictivos pueda cambiar su figura procesal. Pero, de momento, tanto ella como Vallès tienen adquirido el compromiso de la verdad por lo que no pueden eludir preguntas sobre de quién recibieron ese correo que, según consta en los WhatsApp, pone "reenviado". De sus respuestas podrá determinarse si el caso escala hacia La Moncloa.

Google y Whatsapp

De momento el terminal de Lobato y el de la otra fiscal imputada, Pilar Rodríguez, han sido los más esclarecedores para la revelación de secretos que se investiga. En el caso del fiscal general del Estado, la UCO no encontró ningún archivo porque García Ortiz había borrado todos los datos y cambiado de teléfono varias veces en el último año.

El magistrado se ha propuesto recuperar cuantos más detalles pueda porque tiene claro, y así lo ha reflejado en sus escritos, que el autor del delito fue el jefe del Ministerio Público. Por eso ha encargado a la Guardia Civil que se cerciore de todas las posibilidades disponibles. Así, los agentes informaron estos días de que tanto Google como WhatsApp se han comprometido a conservar los datos del móvil de García Ortiz.