La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez --en prisión acusado por narcotráfico-- tiene no uno, sino varios componentes internacionales. Primero, la procedencia de la droga, Ecuador; segundo, el supuesto jefe de la organización criminal, establecido en Dubái; y tercero, y lo más complicado de todo, la cantidad de empresas superpuestas para blanquear todo el dinero de la cocaína. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, está tirando del hilo de la maraña empresarial que utilizaban los acusados para lavar el efectivo y ha acordado distintas peticiones de información a varios países. Una de las más importantes: Panamá.

Como viene contando este medio, la Unidad de Asuntos Internos --que ha liderado parte de la investigación-- cree que el país al otro lado del charco es relevante en el mapa criminal del blanqueo que se urdió, presuntamente, a través del abogado Mario Pestaña, especialista en derecho mercantil y que fue detenido el pasado mes de diciembre. La comisión rogatoria dirigida a Panamá se concretó hace unos meses y todavía está pendiente de respuesta, según explican fuentes de las pesquisas consultadas por El Independiente. En esta petición de información internacional hay puestas grandes expectativas para resolver detalles claves.

En el sumario consta una comunicación entre el inspector jefe Sánchez y el letrado Pestaña en la que éste le envía tres imágenes de documentación de dos sociedades panameñas: Chevillarde S.A. y Fundapol Foundation. "Es la documentación de tus sociedades", le dice el 30 de octubre de 2024. Sólo unos días después el agente de policía sería detenido en una macro-operación contra las drogas y acusado de un grave cuadro delictivo contra la salud pública, blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y revelación de secretos.

No es el único reclamo de datos que el juez De Jorge ha requerido. Citadas fuentes han confirmado que existen órdenes europeas de investigación dirigidas a Suecia y Polonia. Algunas ya han sido cumplimentadas y enviadas de vuelta, explican dichas voces, si bien parte de la causa permanece bajo secreto de sumario. En una libreta intervenida en el despacho de Óscar Sánchez se encontraron numerosas anotaciones del entramado empresarial internacional en el que se anotaban, precisamente, países como Panamá, Costa Rica, Suecia y Polonia.

La cooperación policial que se solicitó a través de Europol con Suecia tenía relación con la mercantil Lothar Worldwide, que el inspector jefe, anotó en su cuaderno. Las autoridades suecas han confirmado que ésta se registró en Estocolmo en octubre de 2020 y que no tiene empleados ni cuentas. Esta fecha podría evidenciar que el agente de la UDEF llevaba corrompido por el narcotráfico mucho tiempo.

La Fiscalía Antidroga inició las diligencias el 4 de enero de 2024 con plena reserva y, durante meses, los movimientos de Sánchez y de sus socios fueron escrutados. La querella fue interpuesta en junio contra 13 personas y más de una decena de sociedades, pero el monstruo ha ido creciendo y los agentes ya han realizado hasta dos operaciones más para detener a personas relacionadas con el blanqueo de capitales.

Sánchez se valía de su estatus dentro del Ministerio del Interior para ir registrando a sus confidentes y a las empresas relacionadas con la trama criminal en las bases de dato policiales de manera que si alguien las investigaba lograba saber quién estaba detrás. En su casa encontraron más de 20 millones de euros repartidos en las diferentes estancias. En sus conversaciones se detectó que quería comprar más de 200 en criptomonedas. Ganó varios premios de lotería y se compró un chalé en Denia con dinero, supuestamente, vinculado a la droga. Ahora, el interés del magistrado De Jorge es, precisamente, terminar de conectar todos los flecos del lavado del dinero.