El Tribunal Supremo espera la prueba "definitiva" para terminar de atar los flecos en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos sobre el procedimiento del novio de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes de la investigación explican que la respuesta de Google y Whatsapp se estima, como máximo, para dentro de un mes y a partir de este punto se decidirá si se puede actuar penalmente contra alguien de La Moncloa.

El envite final está todavía a expensas de dos comisiones rogatorias. El juez de la Sala de lo Penal Ángel Luis Hurtado tiene bastante claro que tanto García Ortiz como la fiscal jefa provincial Pilar Rodríguez participaron en la filtración de datos protegidos sobre la investigación fiscal y los correos internos del procedimiento de Alberto González Amador (pareja de la presidenta). Así lo ha plasmado en sus últimas resoluciones y considera que lo que pueda llegar de las comisiones rogatorias de Estados Unidos sobre los mensajes y el correo del fiscal general viene únicamente a apuntalar los hechos.

Pero hay otro escalón que Hurtado no se ha atrevido a subir y que puede escalar si la información de las tecnológicas es buena: la responsabilidad de algunos miembros de Moncloa en relación a la obtención de documentos internos de la causa de la asesora Pilar Sánchez Acera o el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vàlles.

Lo que ocurre es que no está tan claro qué es lo que vaya a llegar de la petición de información internacional. El Supremo tiene muchas expectativas puestas en esa diligencia, mientras que fuentes cercanas al Gobierno aminoran cualquier rastro de esperanza de que aparezcan una a una las conversaciones que García Ortiz mantuvo en marzo del pasado año.

A finales de enero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez de que tanto Google como Whastapp habían confirmado que accedían a la "conservación" de los datos del teléfono del fiscal general del Estado quien, cabe recordar, había borrado todo el material que tenía. Sin embargo, fuentes de cooperación internacional explican que este aviso es simplemente eso, un aviso de que las compañías no van a borrar de sus servidores este material como se suele hacer periódicamente.

En este tipo de peticiones internacionales existen dos pasos. Por un lado, la preservación, el punto actual, el momento en el que la empresa se compromete a paralizar el proceso de eliminado que está predeterminado. Esta petición se hace mediante cooperación policial, no hace falta una resolución de un juez previa. Es decir, cuando se inicia la investigación la UCO puede advertir a las compañías internacionales de que por favor guarden determinados datos por si finalmente se necesitan.

El segundo paso, es el que ha realizado el juez, es decir, la comisión rogatoria. Ahí sí tiene que dirigirse un juez o un fiscal a sus homólogos extranjeros y esclarecer mediante el "principio de evidencia" por qué necesita esa información. La magistrada de enlace en Washington María de las Heras hace de vía de comunicación en estos asuntos. Es aquí donde el país y, muy especialmente, la empresa decide si concurren las circunstancias para entregar estos datos. En resumen, acceder a la preservación (el primer paso) no implica necesariamente luz verde a la obtención (segundo paso).

Las fuentes de cooperación internacional consultadas esgrimen es rara vez dichas compañías acceden, aunque sí ha ocurrido que España tenga acceso a algunas conversaciones de Whatsapp en casos de crimen organizado, por ejemplo.