El rey emérito ha dado un inusual golpe en la mesa. Juan Carlos I anunciaba este martes por sorpresa que emprendía acciones legales contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla Roiz por realizar declaraciones "injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor" en distintos programas de televisión. Distintas fuentes en Derecho Civil consultadas consideran que esta acción pretende tener un efecto disuasorio para evitar que se hable más de su pasado, sus cuestiones financieras y su problema con Hacienda.

La línea entre el derecho al honor recogido en el artículo 18 de la Constitución ("se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen") y la libertad de expresión es más bien difusa. Por eso, los jueces encargados de la jurisdicción civil deben interpretar la ley y escrutar cada frase demandada. "El análisis se realiza tomando en consideración las circunstancias que concurren en cada caso concreto. Hay muchas variables que pueden tener influencia en orden a considerar intromisivas en el honor de unas manifestaciones concretas", señala Javier Moreno, abogado socio de Dikei y especializado en derecho a la información.

Aunque la demanda de Juan Carlos I todavía no está en marcha --su abogada Guadalupe Sánchez ha anunciado que primero quieren intentar llegar a una conciliación previa al litigio-- no son difíciles de encontrar diferentes declaraciones que Revilla ha realizado en programas de televisión (El Hormiguero, en Antena3; Más Vale Tarde, en La Sexta, etc.) desde 2022 hasta la actualidad en relación al padre del rey.

"Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida y no soy un defraudador […] Este señor en las navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él". "Es muy fuerte que un jefe del Estado se haya declarado apátrida. Para mí, no es un ciudadano español el que reniega de pagar los impuestos en su país. Este señor, para que no le sigan investigando sus tropelías, se ha hecho ciudadano fiscal de un país de donde recibía suculentos beneficios". "Los 60 millones que le dio a Corinna son solo la punta del iceberg". "Yo he tenido con él hasta confidencias, pero cuando descubro que es un evasor fiscal…".

Precisamente, en estas afirmaciones tan contundentes tendrá que poner la lupa la Justicia y el Borbón no ha cogido a una abogada cualquiera. Guadalupe Sánchez es también la letrada de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) que ha emprendido una cruzada con medio Gobierno por llamarle "delincuente confeso" cuando todavía no ha acudido a declarar ante el juez que le investiga por fraude fiscal en Madrid. Fue esta letrada también la que interpuso una demanda en nombre de un padre al que la exministra de Igualdad Irene Montero había llamado "maltratador". El Tribunal Supremo condenó a la entonces líder de Podemos a pagar una indemnización de 18.000 euros.

Lo cierto es que la Fiscalía del Tribunal Supremo junto a la Fiscalía Anticorrupción estuvieron investigando durante casi dos años varios delitos fiscales del emérito, pero las diligencias se archivaron en 2022 sin que se hubiera ni siquiera judicializado el asunto. Esto no implica que los fiscales no encontraran indicios de delito, sino que se basaron en tres premisas para alegar la imposibilidad de seguir adelante: el jefe del Estado era inviolable hasta que abdicó en 2014, regularizó parte del dinero que había sustraído a las arcas públicas y había parte de lo investigado que estaba prescrito.

Para algunos de los consultados, el simple hecho de que no haya una resolución judicial contra Juan Carlos ya contiene el éxito de la demanda. "Si no es juzgado y no hay una resolución de un juez, alguien no puede decir que [el emérito] ha cometido un delito. No se ha llegado a juzgar, no se ha practicado la prueba... no es culpable. Tú no te puedes dedicar a decir todo lo que quieras, tiene que haber un límite", sostiene la letrada Fátima Rodríguez, responsable del área penal de Lupicinio que llevó, por ejemplo, la demanda civil que emprendió la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra una cadena de supermercados por derecho a la intimidad.

Otros, en cambio, creen que el exjefe del Estado está sujeto a espectros de crítica más amplios que otras personas anónimas. "Las personas que desarrollan responsabilidades públicas deben aceptar un mayor grado de injerencia en su derecho al honor que el resto. Están más expuestas a la crítica aun cuando se realice en términos hirientes. El contexto en el que se realicen las manifestaciones también es relevante y los hechos que lo tengan como soporte. Que el rey emérito no haya sido condenado en una situación así no me parece determinante. La conducta del rey emérito no parece que sea especialmente ejemplar y desde luego susceptible de crítica aún en términos ofensivos", defiende Moreno.

El rey, una mayor protección

Este asunto, en cambio, tiene un componente "del todo atípico", según explica una fuente del Poder Judicial que prefiere no dar su nombre, y es el hecho de que el demandante sea un Borbón. La Casa Real ha querido dejar claro que se desmarca por completo de la acción del padre de Felipe VI, que es a "título personal" y que ni siquiera han sido consultados.

"Es una situación muy especial", reflejan dichas voces de la judicatura. La sensación es que quiere provocar un efecto de onda expansiva para dejar de recibir críticas feroces en medios de comunicación. "Meterse en este charco... pensará que es la única manera de pararlo", dicen.

La paradoja en este asunto los miembros de la Zarzuela, aun siendo personajes públicos, tienen una protección reforzada. Según otras fuentes jurídicas, el magistrado debe tener en cuenta tres aspectos importantes dictaminados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En primer lugar, que afecte negativamente al honor y que sea de interés general, es decir, no es lo mismo hablar de un padre anónimo como hizo la exministra Montero que de un monarca. Segundo, que haya base fáctica: si en la libertad de información se tiene en cuenta la veracidad, en la libertad de información no hace falta tanta veracidad, pero sí tiene que haber un mínimo de fundamento en las declaraciones. Por último, que no resulte desproporcionado.

"La inexistencia de condena alguna puede ser determinante para decidir si una afirmación es un insulto y no una mera crítica", alega Francisco Martínez, letrado socio de litigación y arbitraje de Next Abogados. Otro elemento que tendrá en cuenta el tribunal es cuánto tiempo ha estado Revilla haciendo declaraciones. "No es lo mismo un comentario aislado, fruto de un momento de intensa confrontación o de especial acaloramiento verbal, que una difamación mantenida en el tiempo", refleja.

Un proceso penal: más largo y farragoso

Las fuentes jurídicas consultadas avanzan que el proceso puede durar un año, pero que sería más largo y farragoso si se hiciera por la vía penal. En el ámbito civil se solicita una acción declarativa --el emérito quiere la rectificación pública en los mismos lugares en los que se hicieron-- y una para resarcir del daño moral --Juan Carlos I quiere 50.000 euros que donará a Cáritas--.

En un proceso penal, en cambio, se buscaría un castigo punitivo a Revilla. Está reservado para las agresiones más graves que merezcan la calificación de delito. "No toda agresión al honor de una persona merece la calificación de delito o puede articularse por la vía penal. Las garantías son mayores y la interpretación mucho más restrictiva", expone Martínez. Además, el exmonarca eventualmente tendría que acudir a declarar.