Más de 50 periodistas tribunales de 27 medios distintos han enviado una queja al Poder Judicial para defender el trabajo de cuatro compañeros que han sido imputados por haber informado sobre el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, Adelaida Nieves, ha decidido su imputación por un delito de revelación de secretos después de que la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez --también investigada por el Tribunal Supremo-- denunciara la publicación de datos contenidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su teléfono.

"Quienes suscriben este comunicado quieren manifestar su pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y a la Justicia. Pero no podemos compartir la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente el derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional", refleja el escrito que se ha remitido tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, como a la decana de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, María Jesús del Barco, y a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

La instructora del Juzgado de Instrucción número 20 de la capital decidió iniciar un procedimiento contra dos periodistas de El Mundo, uno de El País y otro de 20 Minutos, a pesar de que los datos contenidos en el informe de la UCO sobre el móvil de Rodríguez fueron publicados en prácticamente la totalidad de medios que contienen información sobre el área de tribunales.

Dicho informe es pilar fundamental de la causa contra García Ortiz y Rodríguez y parte importante para poder entender el porqué se investiga al jefe del Ministerio fiscal en unas diligencias en el Tribunal Supremo. "Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (chilling effect) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas", reza el escrito que ha rubricado medio centenar de informadores.

La investigación contra el fiscal general ha dado lugar a múltiples quejas durante el procedimiento por las continuas filtraciones del sumario. Tanto García Ortiz como Rodríguez --e incluso la exfiscal general del Estado Dolores Delgados-- remitieron varias quejas igualmente cuando se produjo una filtración sobre otro informe de la UCO que contenía sus datos personales. El juez instructor en el alto tribunal Ángel Luis Hurtado decidió desde ese momento que los anexos que acompañan a los informes policiales sólo se podrían consultar de forma presencial por los abogados dentro del Tribunal.

El Supremo derivó esa queja, como otra presentada por la acusación particular representada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso que protestaba por la publicación de otra información cuando la causa estaba bajo secreto. Sobre estos escritos, por el momento, no han sido imputados más informadores.

Los periodistas recuerdan en su escrito que quienes deben guardar el secreto de la causa son las partes en un proceso judicial y los funcionarios públicos, pero no los profesionales de los medios de comunicación que se dedican, precisamente, a publicar la información que consiguen.

"Queremos subrayar que [...] el artículo 466.2 del Código Penal ('el abogado o procurador que revelare las actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con penas...') y el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ('las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral'), conciernen a las partes del proceso judicial o a funcionarios del servicio de la Administración de Justicia, y no a los profesionales de los medios de comunicación, amparados por el secreto profesional que consagra la Constitución Española. Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional", repone el escrito.

Los cuatro periodistas que están investigados han sido llamados a declarar el próximo 19 de junio. "Queremos reivindicar la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada", remachan los firmantes.