El ajuste de cuentas que el exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias realiza en su libro Enemigos íntimos (Navona), que acaba de publicarse, consta de un capítulo entero --el tercero nada menos-- dedicado al que fuera juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. A él lo tacha de "juez corrupto", pero además defiende que, en general, los jueces "operan en favor de la derechización de España".

En realidad, el capítulo de García Castellón --"Puñales y puñetas. García-Castellón y otros jueces del montón"-- tiene perlitas para otros togados como los actuales magistrados de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López; el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Carlos Orga; el juez Adolfo Carretero, que lleva la denuncia por agresión sexual de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón; el juez Joaquín Aguirre que lideró en Barcelona una de las investigaciones contra el independentismo; o el juez Juan José Escalonilla, que abrió hasta diez ramificaciones en el 'caso Neurona' para investigar la financiación de Podemos que terminaron en archivo.

La tesis del exvicepresidente del Gobierno es que los jueces se protegen entre ellos y por eso, aunque hagan mal su trabajo, ninguno acaba procesado o condenado. Al porqué de la condena del exjuez Baltasar Garzón, a quien el Tribunal Supremo inhabilitó durante 11 años por ordenar unas escuchas ilegales en la cárcel, Iglesias da una solución sencilla: "Se quedó sin familia judicial".

"¿Por qué casi nunca les ocurrirá nada a los jueces que eventualmente prevaricaran en una dirección conservadora? Porque tienen mucho poder, porque las élites judiciales son mayoritariamente de derechas y porque los jueces, en general, se protegen entre ellos", defiende. Agrega, incluso, que en el caso de los magistrados considerados más progresistas opera la misma lógica en la que importa más el corporativismo que cualquier otra "consideración".

El exvicepresidente en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no comulga con que el motivo por el que más gente de izquierdas no estudia estas oposiciones sea monetario. Este mes de enero, precisamente, el Ejecutivo presentó un anteproyecto de ley que contemplaba más becas para opositores, un cambio en las normas de acceso a la carrera judicial y fiscal o añadir de golpe decenas de jueces sustitutos en el escalafón. Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se defendió desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes como una oportunidad para "democratizar" la entrada a la carera.

Iglesias discrepa de esta idea y cree que sindicatos o grupos de izquierdas podrían impulsar más los estudios en esta rama, pero que, sin embargo, la derecha monopoliza las posiciones estratégicas del Estado y copa la mayoría de puestos de fiscales, juezas, técnicos de la administración central, policías, militares... "Uno puede ser ministro un tiempo, pero la carrera judicial es para toda la vida", señala.

Su cruzada contra García Castellón

El que fuera magistrado, ahora jubilado, de la Audiencia Nacional pidió la imputación de Iglesias en octubre de 2020 cuando éste ocupaba un asiento en el Consejo de Ministros. Fue un volantazo inesperado del 'caso Dina' en el que García Castellón entendió que había un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el hecho de que él se hubiera quedado un tiempo con una tarjeta que fue sustraída del móvil del que era su asesora.

El asunto acabó en archivo, pero el juez llegó a pedir amparo al CGPJ por las amenazas que desde los círculos de Podemos se estaban produciendo contra él. El exlíder del partido morado le afea también que el magistrado archivara la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la 'operación Kitchen'. Lo cierto es que este archivo fue ratificado por tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"García Castellón representa esa magistratura que opera no solo por salvarle el pellejo al Partido Popular en todos sus casos de corrupción, sino también por un compromiso ideológico más profundo, un compromiso político militante si se quiere, la salvaguarda de su propia idea de la unidad de España", despacha Iglesias en su libro.

Dice que aunque no existe una sentencia condenatoria contra el juez, ni existe reproche administrativo contra él sí se puede afirmar que él distorsiona el Derecho al alargar investigaciones de forma irregular o al investigar a un líder político "sin pruebas" y esto, por tanto, lo convierte en un juez "corrupto".

Iglesias se arriesga así a que el togado actúe contra él como ya hizo con la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a quien interpuso una demanda reclamándole 240.000 euros en redes por llamarle a través de sus redes sociales "prevaricador". "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García- Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado (sic) contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", escribió Belarra a finales de 2024.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda por derecho al honor del magistrado retirado contra la portavoz de los morados y la Fiscalía este mismo mes de marzo ha apoyado la admisión diciendo que los calificativos contra él son "claramente ofensivos e innecesarios". El Ministerio Público, eso sí, recomienda rebajar la indemnización a 20.000 euros. Fuentes cercanas al togado explican que antes de dar un paso contra Iglesias después de la publicación de este libro esperarán a ver cómo se pronuncia el alto tribunal sobre el asunto de Belarra.