"Violento" y "desagradable", así describen hasta cuatro miembros del Tribunal Constitucional de distintas sensibilidades el pleno que tuvo lugar esta semana para debatir qué respuesta debía dar el órgano a la posibilidad de que otros tribunales, como la Audiencia Provincial de Sevilla con motivo de los 'ERE', planteen dudas de sentencias ya dictadas al Tribunal de Justicia de Europa. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tuvo que pedir perdón en la segunda sesión por haberse pasado de la raya con una magistrada que le recriminó que hubiera dado marcha atrás en sus palabras.

La idea inicial con la que Conde-Pumpido se sentó en la mesa en martes --el primero de los dos días que se planteó el debate-- era publicar un comunicado institucional. Algo así que fuera una defensa del Constitucional como garante de la Carta Magna y como ente totalmente respetuoso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Muchos tenían dudas porque, decían, realmente no había habido ningún ataque al Tribunal como para salir a defenderlo.

Bajo su punto de vista, simplemente otros tribunales, como la Audiencia de Sevilla o como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habían ejercido su legítimo derecho de dirigirse a Luxemburgo para que se les aclararan las dudas. Lo cierto es que había quien sí estaba dispuesto a rubricar unas palabras comunes. Entre ellos, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; por supuesto la vicepresidenta Inmaculada Montalbán; el progresista Ramón Sáez; e, incluso, de los conservadores estaba dispuesto a ceder Ricardo Enríquez y alguno más.

La premisa inicial que se había establecido nada más empezar es que saliera lo que saliera de allí tendría que ser por unanimidad. Ya suficiente polémica se había generado las semanas anteriores con este asunto al borde de un choque entre tribunales sin precedentes como para dar la imagen externa de ruptura insalvable entre quienes velan por el texto fundacional. Así que el comunicado habría que pulirlo con mimo si se quería llegar a consensos.

Sin embargo, todo se terminó de torcer con la última intervención del martes de la mano de Concepción Espejel. "El presidente perdió los papeles", dice una fuente con la que coinciden todos los preguntados. Espejel señaló que no podía sostener ahora que nunca había intentado paralizar la cuestión prejudicial del tribunal andaluz a Luxemburgo cuando en el orden del día del primer pleno había incluído el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que el órgano "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución".

Ese mismo orden del día es el que le había enviado a los magistrados de Sevilla cuando lo habían requerido y este acto desde el Constitucional es "coercitivo", expusieron en el pleno. Le recordaron que había sido su empeño, primero en la Sala Primera del Tribunal cuando lo comentó, y luego en el pleno del día siguiente, el haber pedido informes consultivos a los letrados para explorar las distintas vías, por lo que no podía sostener ahora que se trataba simplemente de un debate interno sin posibilidad de acción. Para muchos, la postura de Conde-Pumpido había ido virando, pero en lugar de admitir su error y pedir perdón había optado por negar que él, en un principio, quisiera intervenir en la cuestión del TJUE.

Según distintas voces, no fue tanto lo que le dijo Concepción Espejel, sino el cúmulo de tensión que se fue acumulando, lo que hizo que la situación entrara en un callejón sin salida. El pleno se paró hasta el día siguiente y varios miembros del Tribunal se acercaron a la magistrada posteriormente para convenir que las formas de Conde-Pumpido no habían tenido justificación. Algunos consideran que este fue el punto en el que el presidente perdió la última batalla que le quedaba, la del comunicado institucional. Los conservadores en bloque defendieron que ya no se podía apoyar nada y parte de los progresistas se alinearon en esta idea.

Entonces, sí llegó el perdón del presidente. Conde-Pumpido comenzó el pleno del miércoles --la segunda parte-- pidiendo disculpas a Espejel por las formas. La última intervención fue la de Mario Macías, el último en incorporarse al Tribunal, y fue rotundo: no había que haber iniciado este asunto, ni había que hacer ahora ningún comunicado porque el Constitucional no estaba interpelado, ni amenazado por la decisión prevista de la Audiencia sevillana. El escenario no era comparable a cuando los independentistas se negaban a cumplir las sentencias del Tribunal durante el procés. porque la consulta al TJUE es legítima, así haya una sentencia firme y eso es lo que habían dictaminado todos los letrados del órgano que habían redactado informes.

Ante la falta de consenso y como todo debía darse por unanimidad, lo único que se acordó fue redactar una 'nota de prensa' que se distribuyó en forma de mensaje de Whatsapp desde el gabinete de comunicación con este contenido: "La reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución. Por tanto, el debate sigue abierto, entre las preocupaciones del tribunal. No se ha adoptado decisión alguna".

Por la tarde, ya alguno se lo tomaba con ironía. "El debate no está vivo, está totalmente muerto", decía una voz. "La nota crea confusión porque el asunto está zanjado", refleja otro. "Se ha acordado no adoptar decisión alguna, pero no sólo ahora sino tampoco en el futuro. El tema está liquidado y zanjado y la nota mal redactada para dar la impresión de que retomaremos el tema", añade un tercero. La conclusión que saca un cuarto miembro del Tribunal es sencilla: "El presidente perdió una partida que nunca debió iniciar".