Las operaciones contra el fraude de hidrocarburos se han ido superando en cantidad de millones año tras año. Si la última más conocida permitió detener al empresario Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas por un desfalco de 182 millones de euros, las investigaciones que había llevado a cabo la Guardia Civil anteriormente no se quedaban atrás. Una de ellas, la conocida como 'operación Drake', está a punto de juzgarse en la Audiencia Nacional con casi 30 personas en el banquillo, pero las defensas de los acusados creen que las recientes informaciones sobre dos ex cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y un empresario con sede en Cataluña pueden dar un vuelco al juicio al considerar que pudo haber una manipulación del inicio de las pesquisas a través de un supuesto testigo protegido.

El 22 de marzo de 2019 la UCO se desplegó en Madrid, Valencia, Castellón, Alicante, Lleida y Girona y el comandante de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de las pesquisas, declaró que con la cifra defraudada se habría permitido "construir 25 kilómetros de vía del AVE o 50 de autopistas". Se intervinieron dos millones de litros de combustible, 61 vehículos de alta gama --dos Ferraris, dos Bentleys y un Porsche Panamera--, dos barcos, un millón de euros en distintas cafas fuertes, 155 inmuebles, etc.

Esta macro-investigación que ha sido dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, está a un paso del juicio este mes de mayo, pero, según explican fuentes jurídicas a El Independiente, al menos, tres defensas distintas han solicitado que se proceda a identificar a la persona que puso la primera denuncia y de la que nunca se ha vuelto a conocer nada, seis años después. Sospechan que dos miembros que ya no forman parte de la UCO estaban compinchados con el empresario de los hidrocarburos Antonio Rodríguez Estepa para ir abriendo causas e irse quitando competencia. Y creen que esto se ha ido desarrollando como modus operandi en las diferentes causas relacionadas con el fuel que hay repartidas en la Audiencia Nacional.

"El origen de las citadas investigaciones se remonta a una denuncia presentada por un testigo protegido (como en nuestro caso) que alertaba sobre las supuestas irregularidades en la contratación y en la manipulación de la legislación que regula el sector de hidrocarburos", indica uno de los escritos presentado en la Sala de lo Penal a los que ha tenido acceso este medio.

Las defensas hacen referencia a otro procedimiento que está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que tiene que ver con una empresa llamada Gaslow Abastecimiento S.L. y en el marco del cual se ha imputado al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Según el Servicio de Asuntos Internos de la benemérita, este agente, que formó parte del grupo de blanqueo de capitales de la UCO durante 14 años, recibió más de 132.000 euros en criptomonedas del empresario Rodríguez Estepa. Por ello, ambos están investigados en esa causa.

Los letrados de la causa entienden que si Sánchez Yepes tuvo algo que ver con los informes que sustentan la 'Operación Drake', que está ahora a punto de ir a juicio, la causa puede estar viciada. El entorno de este agente, en cambio, desmiente que tuviera ninguna relación con la causa y que, mucho menos, firmara alguno de los informes que están en el sumario. Por su parte, las defensas añaden el nombre de otro agente que también estaba en la UCO y que ahora trabajaba en la Comunidad de Madrid, pero que no ha sido imputado en el procedimiento. J.V.B tenía a su esposa entonces supuestamente trabajando para una de las empresas de Rodríguez Estepa.

"Se señala a los Sres. B y Sánchez Yepes como cómplices en la manipulación de información y en la creación de causas falsas que favorecían a empresarios sobre los que se investiga el supuesto cohecho", dice el escrito de una de las defensas. "Señalan que los testigos protegidos que aparecerían a lo largo de tales procedimientos, formaban parte de una organización liderada por D. Antonio Rodríguez Estepa, donde él y sus cómplices se beneficiaban de privilegios y tratos a favor por parte de la Unidad Policial a cambio de crear material probatorio incierto sobre competidores que querían eliminar del mercado de hidrocarburos".

Desde el entorno de Rodríguez Estepa niegan rotundamente estas afirmaciones y explican que la prueba de que no existía ese trato de favor con la UCO es que él está investigado en el asunto relacionado con Gaslow, así como condenado ya por un tema que tiene que ver con los hidrocarburos. Además, aseguran que él mismo ha interpuesto una denuncia contra algunos miembros de la Guardia Civil. Dichas fuentes aseguran que está extendiéndose una corriente ahora que consiste en poner el foco en los agentes de la benemérita y en su proceder policial para tratar de desviar la atención del fraude e ir desmontando la cantidad de causas que existen por este motivo en la Audiencia Nacional.

Las defensas de la 'operación Drake' solicitan que se aclare que se identifique a ocho agentes de la Guardia Civil con su número de TIP que son los que rubrican los informes de las diligencias, porque consideran que si alguno está imputado en otro procedimiento esto podría dar al traste con parte de la investigación. "Es de vital importancia", refieren. La Fiscalía pide para los acusados del fraude de hidrocarburos entre cinco y 20 años de prisión.

Rubén Villalba

Por su parte, el 'caso Koldo' ha destapado igualmente que un agente de los Servicios de Información estaba presuntamente a sueldo del que fuera asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El comandante Rubén Villalba, que acababa de ser destinado a Venezuela, pero que anteriormente tuvo un largo recorrido en Información, fue detenido por la propia UCO por haber facilitado a los acusados formas de comunicación seguras.

En el sumario de la investigación se observa cómo el comandante hablaba en palabras clave como "café" para poder hablar con los miembros de la trama. Según la UCO, Villalba pudo cobrar unos 2.000 euros mensuales a cambio de asegurar la protección de los empresarios.