Aunque pueda parecer tensa, la situación entre el juez Juan Carlos Peinado y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no llega al día de la declaración de este último en el mismo punto que llegó la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio. Ocho meses después, el magistrado que lleva la batuta del 'caso Begoña Gómez' vuelve a La Moncloa, pero esta vez no le bastará el silencio. Bolaños tendrá que declarar y aclarar los términos de la contratación de la asesora Cristina Álvarez que trabaja a las órdenes de la esposa del presidente del Ejecutivo.

Tres portátiles, siete micrófonos y dos cámaras de vídeo acompañarán la comitiva judicial que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha preparado para seguir investigando las actividades de Begoña Gómez. El juez será trasladado en un coche oficial del Gobierno, a petición propia, para iniciar la declaración a partir de las 10:30 de la mañana. Este guiño del ministro de Justicia que ha accedido a ponerle un vehículo al magistrado no ha dejado indiferente a nadie dentro de la causa.

Las tiranteces, por tanto, no parecen en el mismo punto que estuvieron con Sánchez que se acogió a su derecho a no declarar contra su propia esposa y acto seguido acudió a los juzgados --de la mano de la mano de la Abogacía del Estado-- para denunciar al juez por un delito de prevaricación. El equipo de Bolaños, en cambio, se ha estado mensajeando con el Juzgado de Peinado los últimos días para perfilar todos los detalles de la declaración en la que Bolaños no puede acogerse a ningún artículo de la ley para no declarar.

El instructor acordó su citación después de que el que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno Alfredo González testificara que la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Begoña Gómez fue un mandato de su superior jerárquico, es decir, de Bolaños.

El juez investiga si la esposa del presidente del Gobierno utilizó a la asesora que se paga a cargo de la Administración pública para sus actividades privadas, por ejemplo, en la cátedra que co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. De Cristina Álvarez constan correos en el sumario en los que solicita financiación, por ejemplo, a algunas empresas privadas para el máster que Gómez lideraba. A las acusaciones populares les parece que esto es un claro indicio de malversación de fondos públicos y el juez ha añadido este delito a la lista de los que ya estaban bajo el foco: corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral.

La defensa de Álvarez, en cambio, no entiende ni siquiera el motivo de su imputación. Considera que Peinado desconoce la normativa y las reglas de funcionamiento de La Moncloa donde estas contrataciones se han enmarcado siempre en el terreno de la legalidad para todas las esposas de los anteriores presidentes de gobiernos. Se queja su abogado, José María de Pablo, de que le tendió una trampa cuando la citó primero como testigo con obligación de decir la verdad para luego cambiarle la situación procesal a imputada sin que las pruebas sobre la mesa hubieran variado un ápice.

Precisamente sobre esta condición, la de testigo, girará la cita hoy de Bolaños con todo lo que ello implica. Se le preguntará por su etapa anterior al Ministerio, cuando él formaba parte del equipo de Presidencia de Sánchez y, por eso, no tiene el privilegio de declarar por escrito que sí que tienen quienes ostentan una cartera del Ejecutivo. Bolaños intentó igualmente hacer uso de esta facultad recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para no tener que ver cara a cara al magistrado, pero él le recordó que le citaba por su puesto de secretario general de la Presidencia.

Peinado no sabía sobre Bolaños

Se espera que la declaración de este miércoles no se alargue en exceso dado que todo girará, en principio, únicamente sobre el trabajo de Álvarez y no sobre ninguno de los extremos más que trenzan la causa: la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, su dirección del máster de la Complutense o la creación de un software para ese curso por empresas del Ibex-35.

El testigo que dijo el nombre de Bolaños aseguró que cuando el Gobierno entró en el cargo era un periodo de mucho cambio, se sustituyó todo el personal eventual y entonces comenzaron las contrataciones. El instructor mostró sorpresa: "Perdone que insista tanto, pero es que llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?"

Alfredo González tuvo que explicarle que sí era habitual este tipo de operaciones cuando se traspasaban las carteras de todos los ministros. Acto seguido, el juez le repreguntó de quién dependía: "¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo". El testigo aseguró que era "Félix Bolaños", a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía "todos los días" para despachar "multitud de asuntos" en La Moncloa.

Para algunas de las defensas este hecho demostraba el desconocimiento del juez sobre cómo funciona la administración pública. Está será una de las cuestiones que se podrá aclarar en presencia de Bolaños, la persona adecuada para explicar cómo funcionan este tipo de contrataciones.