El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha nombrado este martes a cuatro nuevos fiscales de Sala (el máximo rango de la carrera), uno de ellos enredado en polémica porque los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo fiscal, alegaban que el nombramiento del nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública puede afectar a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo contra el propio García Ortiz. Para este puesto, en el que ni la AF ni la otra asociación --APIF-- han votado, ha elegido a Emilio Jesús Sánchez Ulled, el que fuera fiscal del 'caso Palau'. En total, el jefe del Ministerio Público ha realizado siete propuestas para designación, entre las que está también la unidad especializada de Violencia contra la Mujer.

Para este puesto sólo se presentaba Eugenia Prendes, actual fiscal superior de Asturias, que ha estado en el cargo menos de un año. Prendes ha sido delegada de Violencia de Género desde 2012 hasta 2022 por lo que, según destaca la propia Fiscalía, se ha convertido en un "referente" en esta materia.

La plaza para la que había más nombres en liza, la de Seguridad Vial, ha ido a parar finalmente a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, que hasta ahora era adscrito de esta misma Fiscalía. Es juez en excedencia y durante años se ha ocupado de supervisar escritos de acusación y sentencias por delitos imprudentes en materia de tráfico, además ha participado en múltiples proyectos de la Unidad de Seguridad Vial.

El Gobierno había creado en septiembre de 2024 un Plan de Regeneración Democrática que incluía la creación de dos nuevas Fiscalías de Sala para reforzar la lucha contra la corrupción. Ambas completan el plantel de fiscales que se suman ahora a la cúpula del Ministerio Público.

Fernando Rodríguez Rey, que ya venía ejerciendo las funciones de coordinador de Delitos Económicos como fiscal del Tribunal Supremo, pasa a ocuparse de esta Fiscalía Especializada recién nacida. Este funcionario desde 1991 se inició en la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña y luego en la Provincial de Barcelona. Fue fiscal delegado de Anticorrupción en esa comunidad autónoma. Además, entre 2018 y 2020 fue jefe de la Secretaría Técnica y desde 2021 a 2022 fiscal de Sala delegado para Delitos de Odio.

El segundo de estos despachos de nueva creación es el de Delitos contra la Administración Pública que ocupará Emilio Jesús Sánchez Ulled, quien en la actualidad se encuentra en servicios especiales como consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Este fiscal ejerció parte de los inicios de su carrera en Cataluña, en casos tan mediáticos como el 'caso Palau'.

La Asociación de Fiscales había pedido a García Ortiz que se mantuviera al margen de este nombramiento porque esta Fiscalía Especializada será la que tenga que fijar criterio sobre los delitos que afecten a los trabajadores públicos, es decir, puede terminar afectándole en la investigación por un delito de revelación de secretos por la que el Supremo lo investiga. Por eso, los seis vocales unidos al vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han decidido no emitir ningún voto. Este hecho puede terminar en los tribunales, según avanzan algunas fuentes.