El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo', ve indicios de delito en la actuación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera con respecto a la contratación "caprichosa"en una empresa pública de Jésica Rodríguez, la que fuera pareja del exministro de Transportes y deja su imputación en manos de la Audiencia Nacional.

El 'caso Koldo', que indaga en la actividad presuntamente irregular del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos con la contratación de mascarillas y la colocación de personas sin formación en puestos públicos, está dividido en dos partes, teniendo lo relacionado con Ábalos --que es aforado--, el empresario Víctor de Aldama y el que fuera asesor ministerial Koldo García en el Tribunal Supremo, y el resto de la causa en la Audiencia Nacional.

Así las cosas, el juez Puente ha remitido al juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia todas las actuaciones relacionadas con la contratación de Jésica Rodríguez, que estuvo contratada en dos empresas públicas --Ineco y Tragsatec-- durante tres años sin realizar aparentemente ningún trabajo, pero cobrando más de mil euros al mes.

El magistrado considera que Isabel Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por el Sr. Ábalos Meco". La que fuera presidenta de Adif declaró en el Supremo que tanto el ministro como Koldo le preguntaron cómo se hacía una contratación en una empresa de este tipo que pendía de Transportes, pero ella aseguró que ahí había terminado su intervención.

Sin embargo, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa deja constancia de todos los mensajes que se intercambiaron los acusados en esas fechas y revela que Pardo de Vera estuvo pendiente el día de la entrevista de la joven y que se mensajeó con Koldo García para informarle de que todo estaba bien. "Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre doña Isabel y don Koldo con este motivo", resalta el juez.

Por eso, procede a remitir testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 2 para que analice si existen "posibles indicios de criminalidad" en su conducta y "proceda a recibirle declaración como investigada". Junto a su declaración, el juez remite los informes y la documentación en la que tanto Ineco como Tragsatec han defendido que Jésica Rodríguez sí que trabajó porque consta un registro en el número de horas. Igualmente, remite la declaración de la joven, pero el juez advierte de que es "información sensible" y no se debe dar copia a las partes.

Sospechas en las adjudicaciones de Transportes

El magistrado, además, ordena a la UCO que investigue las adjudicaciones de obras que aparecen en los documentos aportados por Víctor de Aldama del Ministerio de Transportes y que, asegura el empresario, fueron amañados. "Proceda a elaborar el correspondiente informe acerca del proceso de adjudicación de las obras que aparecen destacadas en fluorescente en la documentación", indica el auto.

Puente quiere que se identifique a cada persona en ese folio que Aldama entregó y que aparecía como adjudicatario, y quién fue finalmente el que resultó beneficiario del dinero público para ver si concuerda una cosa con la otra.

Negativa a la declaración de Marlaska

La defensa de Ábalos había solicitado la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque desde su Secretaría de Estado también se realizaron contratos de mascarillas con la misma empresa de Aldama. Pero el juez niega esta diligencia y la del 'número dos' del ministro, Rafael Pérez.

"No se advierte [...] qué datos o extremos relevantes podrían aportar a la presente causa especial las declaraciones testificales interesadas. Ignora este instructor qué aspectos de interés pudieran aportar el Sr. Ministro del Interior o el Sr. Secretario de ese Ministerio acerca del modo en el que se adjudicaron los contratos", incide Puente.

El magistrado ha decidido, eso sí, citar a Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias en el año 2017, que también fue supuestamente colocada Logirail --otra empresa que depende del Ministerio de Transportes. Montes tendrá que acudir el próximo 6 de mayo junto a César Moreno, otro de los socios de Aldama.