La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrá un mes para analizar la información que acaba de aterrizar de Irlanda sobre el correo de Google del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juez del Tribunal Supremo ha acordado ese plazo límite con los investigadores a la espera de que lleguen los detalles sobre Whatsapp que se habían pedido a Estados Unidos, según explican fuentes jurídicas a El Independiente.

Muchos daban por perdida la diligencia que el instructor Ángel Luis Hurtado, que mantiene imputado al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, había intentado pidiendo información al extranjero que le ayudara a llenar los agujeros que el borrado del teléfono de García Ortiz había dejado. En concreto, el pasado 20 de enero acordó librar dos comisiones rogatorias. Una dirigida a la empresa de mensajería de Whatsapp al otro lado del charco y otra a la sede de Google en Irlanda.

Ambas empresas habían enviado acuse de recibo limitándose a explicar que accedían a guardar lo que tenían en sus servidores. Pero eso no garantizaba de ninguna manera el envío de toda la información que el jefe de la Fiscalía intercambiara entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 que fue cuando se produjo la filtración que está bajo el foco. Fuentes de la cooperación internacional explicaron que era difícil que una compañía que garantiza la privacidad de las conversaciones accediera a este tipo de peticiones judiciales, si bien explicaron a este medio que se había conseguido en ocasiones con delitos de tráfico de drogas y crimen organizado.

Tanto García Ortiz como la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, están investigados por un delito de revelación de secretos tras la denuncia de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez cree que los fiscales se prevalieron del acceso que les da su cargo a la documentación del caso para filtrar a la prensa emails internos sobre la investigación por fraude fiscal que se sigue contra González Amador. Por eso, necesita ver cuáles fueron las comunicaciones del fiscal general en ese periodo de tiempo en el que se publicaron en distintos medios dichos correos.

La petición a Google parece haber sido exitosa porque desde Eurojust --la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, con sede en La Haya (Países Bajos)-- se ha enviado una carpeta de archivos comprimidos que Hurtado ha mandado a analizar. Para ello ha dado un plazo de unas cuatro semanas a la UCO que deben desbrozar todos los correos para dejar solo los que tengan sentido en la causa.

Dicho plazo coincide, no de forma casual, con la declaración de Alberto González Amador a quien el juez ha citado el próximo 23 de mayo como le ha ordenado la Sala de lo Penal. Aunque el instructor no veía esta diligencia de utilidad, el tribunal superior le ha dicho que no está de más que declare el propio denunciante y más aún si es algo que pide García Ortiz para poder defenderse de las acusaciones.

Para entonces los investigadores esperan tener listo el informe sobre el intercambio de correos entre García Ortiz y las personas a las que presuntamente pasó la documentación confidencial del procedimiento contra el novio de Ayuso. Además, a ello se incorporará la respuesta de WhatsApp que según dos fuentes distintas está también a punto de llegar. Dichas voces creen que este requerimiento va a ser igualmente fructífero y la empresa que asegura que tiene comunicaciones cifradas de extremo a extremo permitirá que el juez pueda acceder a la correspondencia del jefe del Ministerio Público esos días.

La derivada de La Moncloa

Aunque el magistrado vio "fisuras" en el testimonio de la que fuera asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, descartó su imputación con los indicios con los que contaba en la causa contra ella. Hurtado advertía que en su caso no existía delito al haber pasado ese documento al entonces diputado en la Asamblea de Madrid Juan Lobato porque ella no era funcionaria pública ni había conocido los secretos revelados "por razón de su propio cargo".

Pero las fuentes consultadas indican que las derivas del correo del fiscal general pueden cambiar el rumbo de la investigación. Es posible, dicen, que sirva para apuntalar la acusación contra él, si bien nadie descarta que puedan, incluso, servir para agrandar el número de sospechosos. En cualquier caso, habrá que esperar para ver realmente qué viene en esa "carpeta zip".