La recta final de la legislatura se le empieza a complicar al presidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig con un tercer 'terremoto' interno. El primero saltó hace meses, con el deterioro de las relaciones con su vicepresidenta y líder de Compromís -por su pacto del Botánico con los nacionalistas valencianos y Unidas Podemos- Mónica Oltra. Principalmente, por la posibilidad de que su 'segunda' en el Ejecutivo de coalición acabe imputada por la justicia si sospecha que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales -de la que también es titular- obró mal en la aplicación de los protocolos de actuación ante los posibles casos de abusos sexuales a menores en la comunidad.

Este asunto abrió la posibilidad de que Puig destituyese a la representante de Compromís en el Consell, durante la última remodelación realizada por el presidente a mediados de mayo. Sin embargo, el temor a que ello llevara a la ruptura del acuerdo con sus dos socios de legislatura llevó a su mantenimiento en sus cargos. Un puesto que la consellera de Justicia Gabriela Bravo, afirmó que debería haber abandonado tras fijarse el foco en ella por responsabilidad.

El segundo seísmo se produjo a finales de mayo, cuando el hermano del dirigente valenciano, Francis Puig, un completo anónimo para el público, tuvo que comparecer ante el juez como investigado por presuntas irregularidades en la adquisición de subvenciones públicas entre 2015 y 2018; causa abierta tras una querella presentada por el Partido Popular. Un hecho de vital importancia dado que, de confirmarse este supuesto, se trataría del primer caso de corrupción en administraciones en la Comunidad Valenciana en un período de gobiernos del PSOE.

A las discrepancias con Oltra -algo que desmienten desde el seno del Govern- y el caso de las subvenciones, se han unido las novedades del escándalo del 'caso Azud'. Y es que, como ha publicado el diario El Mundo, el sumario ha desvelado decenas de facturas que ascienden a 1,3 millones de euros que revelan sobornos a personas históricamente cercanas al socialismo valenciano. Unas facturas, de entre 2007 y 2012, que según la Fiscalía podrían ser falsas y encubrir adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal y de la campaña electoral de 2007.

Operación Azud

Se trata de una trama de corrupción que afecta al bipartidismo por partes iguales. Una dinámica -entre 2004 y 2011- de supuestos pagos y cobros irregulares a cambio de beneficios urbanísticos iniciado en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de la popular Rita Barberá y, posteriormente, extendido a localidades con alcaldías socialistas como Burjassot (Alicante) o Benicasim (Castellón).

El empresario Jaime Febrer es el principal investigado en este caso. Se trata de un constructor desconocido durante el boom inmobiliario en España que no contaba con notoriedad. Sin embargo, consiguió establecer relaciones con varios dirigentes del PP y PSOE en la Comunidad Valenciana. La conexión entre los socialistas y Febrer se consigue gracias al histórico abogado del PSOE-PSPV José Luis Vera, detenido en mayo de 2021.

De producirse la imputación de Oltra en las próximas horas -la Fiscalía tiene dos días para pronunciarse a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana-, supondría un duro golpe para la candidatura del jefe del Gobierno autonómico de cara a la reelección el próximo mes de mayo de 2023 y ante un clima de incertidumbre política por nuevos escándalos de corrupción en la región. Tanto por imagen, como por la dificultad de volver a reconducir un pacto con las formaciones del ala a la izquierda del PSOE en el que Oltra ha jugado un importante papel. A ello se une la necesidad de paliar otra rotura de gobierno nada menos que en la vicepresidencia, tras una reciente remodelación interna provocada por la salida de Manuel Mata.

Mata, la conexión de Azud con el mandato de Puig

Hasta el momento, en la operación Azud se han visto envueltos Rafael Rubio, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y antiguo líder de la oposición a Barberá en el consistorio municipal; y el responsable de Finanzas del PSOE-PSPV Josep María Cataluña. A ello, ahora, se une la renuncia del 'número dos' y hombre fuerte de los socialistas valencianos Mata como secretario general del partido y portavoz parlamentario para defender, precisamente, a Febrer.

A las discrepancias con Oltra y a la presunta estafa con la subvenciones, se ha unido las novedades del escándalo del 'caso Azud'

Durante su etapa en política, Mata no cobraba por la dedicación exclusiva y seguía compaginando el cargo con su oficio de abogado. Y, tras conocerse que iba a gestionar la defensa de Febrer, las presiones internas, indica El Mundo, fueron a más. Por ello, ha decidido abandonar la primera línea política para centrarse en Azud. Como Oltra, Mata ha sido esencial para la negociación del Botánico con los nacionalistas valencianos y con la formación morada, lo que, con ambos en fuera de juego complica el entendimiento a tres.

Puig se desvincula de la corrupción

La deriva de los acontecimientos en la Comunidad Valenciana puede, además, pasar factura al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su aspiración de revalidar su cargo en la presidencia del Gobierno. Más, tras unas semanas en las que su discurso ha girado en torno a la crítica de la corrupción del PP tras la publicación de nuevos audios entre la exsecretaria general del partido y exministra de Defensa Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo.

Precisamente, Puig ha querido afrontar este asunto desviando la polémica hacia el PP, afirmando que le parece "sorprendente" que se esté poniendo el foco en el PSOE cuando, a diferencia del PP, no tiene ningún cargo de responsabilidad imputado. Azud "tiene que ver con un momento en el que gobernaban" los populares "en todas las instituciones", ha determinado. Así lo ha afirmado este martes durante su participación en el I Encuentro Nacional de Cátedras y Centros de Estudios sobre Despoblación en la Universitat Jaume I de Castellón.

Una "cortina de humo"

Ciudadanos, que junto al PP quiere abrir una comisión de investigación sobre Azud en la cámara valenciana, ha tachado la última propuesta 'España en red' de Puig de "cortina de humo" para desviar la atención de las nuevas informaciones sobre posibles prácticas corruptas que afectarían al PSOE-PSPV. La Generalitat ha presentado una propuesta de descentralización que llevaría Puertos del Estado a la comunidad, parte del Senado a Barcelona, el Tribunal Constitucional a Cádiz, el Supremo a Castilla y León y el de Cuentas a Aragón.

La oposición tacha esta "ocurrencia" como una manera de "desviar la atención de lo importante" que "no sirve para nada" -sí apoyan que instituciones de nueva creación se ubiquen en sitios distintos a Madrid- y exigen que haya disposición para colaborar con la Justicia en beneficio de la transparencia y la limpieza de los partidos.