El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, compareció este lunes desde la sede nacional del partido tras confirmarse el desbloqueo de las negociaciones con el PP valenciano para conseguir unos Presupuestos autonómicos. Las nuevas cuentas serán cruciales para la reconstrucción de la provincia de Valencia tras el desastre provocado por la DANA de finales de octubre del año pasado, pero las principales exigencias de los de Santiago Abascal para permitir contar con ellos, se centran en cuestiones como la inmigración ilegal, ajeno directamente con la materia económica. Es algo que los populares —también en otros territorios—vienen cuestionando desde hace meses, la exigencia de "medidas ideológicas" fuera de lo económico. A ello se une la demanda de participar directamente en la reconstrucción.

"Nos alegramos de que Mazón reconozca que teníamos razón", dijo Garriga, repitiendo las palabras que horas antes había expresado Abascal por la red X. "Vox lleva mucho tiempo denunciando la inmigración ilegal y el Pacto Verde europeo, políticas impuestas [a los españoles] que se respaldan desde Madrid", expuso el dos de Vox, en crítica al PSOE, en el Gobierno, y al PP de Alberto Núñez Feijóo. Ambos partidos socios a nivel europeo que, según Vox, "impulsan las mismas políticas". Ese cambio de parecer del presidente valenciano "ha facilitado desbloquear la mesa de negociación y que podamos sentarnos a pensar en los valencianos y en una reconstrucción que merecen desde hace tiempo", apuntó, con todo, Garriga.

El segundo de Bambú esbozó por encima las condiciones de Vox para sentarse a negociar y prácticamente avalar las cuentas del PP valenciano para esa reconstrucción. Aunque para entonces distintos medios regionales ya dejaban constancia de las 25 medidas reclamadas por el partido para el diálogo. Están distribuidos en ocho bloques. Los tres primeros bloques son ajenos completamente a los efectos de la DANA.

El primero se centra en la "inmigración ilegal". Se exige a Mazón la eliminación de "todas las subvenciones" a las ONG que se dedican a la acogida de inmigrantes irregulares para contar con liquidez con la que afrontar parte de esa recuperación territorial. Además, y pese reflejarse que el pacto va asociado con el rechazo a la acogida de menores, se piden pruebas de diagnóstico para determinar la edad real de esos "supuestos" menores. Se pide que esas cuentas tengan una partida destinada al "retorno" de todo migrante llegado a Valencia. Se asocia esto con el segundo bloque, el de la "cooperación al desarrollo", aquellas partidas destinadas al exterior.

Vox reclama un recorte del 40% de esas partidas, lo que ahorraría "más de 22,5 millones de euros" para destinar a la reconstrucción. El restante "se destinará a programas para contener la inmigración ilegal y priorizar proyectos empresariales de valencianos en el extranjero, caso del "ámbito turístico, de la artesanía o del comercio". Retomando una reclamación nacional hecha a finales de 2023 al Gobierno, y siendo una copia de sus socios de Suecia, Vox apuesta por eliminar "por completo las subvenciones a entidades propalestinas" y "poner fin al convenio de 600.000 euros con UNRWA".

En tercer lugar, se habla de hacer "frente a las imposiciones verdes y a favor del campo". No se mencionan ayudas, por ejemplo, al sector primario valenciano afectado por la DANA, pero sí que se "eliminen todas las partidas destinadas a la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible", así como de "las tasas derivadas del Pacto Verde". El cuarto bloque se destina a la "libertad lingüística". Se propone "recortar de forma significativa el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua", impulsada por el anterior Gobierno del Botánico; así como reducir del mismo modo "las subvenciones a la promoción del valenciano".

En ese afán de disponer de recursos económicos para focalizarlos en la reconstrucción, Vox aprovecha para meter tijera en cuestiones ideológicas al margen de la inmigración. Es algo que fuentes nacionales del partido ya venían alertando desde enero. El quinto bloque va destinado a combatir "el gasto superfluo e ideológico". Se pone en la diana recortes duros de "subvenciones a agentes sociales, chiringuitos ideológicos y de igualdad. También sobre la Memoria Histórica. En la Comunidad, antes de romper el Ejecutivo en julio de 2023 y salir Vox del Consejo de Gobierno, se aprobó la Ley de Concordia que sustituía a la de Memoria Histórica anterior. Se reclama suprimir en un 40% todo lo vinculado a las partidas de Memoria excepto a las dedicadas a la "obligatoria identificación de cadáveres bajo el epígrafe" de la nueva ley. Y, por último, se exige ir en la misma línea contra el "gasto superfluo en el sector público.

El sexto bloque es para "la defensa de la familia", aunque va relacionado con el séptimo, en el que se incluye la "materia fiscal". Se apuestan por ayudas a las familias, las deducciones fiscales por hijo pero con "prioridad nacional" para conseguirlas. También por recortes de dos puntos en el impuesto de Transacciones Patrimoniales y Actos Jurídicos, ahora del 10%. Un punto este año y otro en 2026. Lo mismo para el impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 1,2%.

Se comenta la intención de rebajar el tipo reducido en las Transacciones Patrimoniales del 10% al 4% "para transmisiones de parcelas con vocación agraria". Igualmente, se ampliar las bonificaciones de Sucesiones y Donaciones a hermanos y sobrinos. Equiparar el impuesto al Patrimonio al de grandes fortunas, y la supresión de todas las tasas a los pescadores valencianos. Se insta al PP a acometer "una ambiciosa reforma del IRFP durante este año.

Quieren ser parte de la reconstrucción

Los de Abascal, además, quieren "participar directamente con la Generalitat en el plan de distribución de los recursos para la reconstrucción tras la gota fría". "Trabajaremos en un plan conjunto de reconstrucción y protección de la comunidad para relanzar la región, ayudar a rehacer sus vidas a todos los afectados y evitar o paliar los efectos de nuevas catástrofes naturales", indican desde Vox en el texto de sus exigencias.

Con ese ahorro en cuestiones "ideológicas" o en inmigración, Vox cree que se puede acometer mejor las exigencias del momento en la Comunidad. En añadido, se recoge que "la Generalitat asumirá las sanciones de Bruselas o Madrid para la limpieza de la vegetación de los cauces e impulsará su saneamiento y adecuación", aseguran. Sobre los "plazos" que se manejan para consagrar el acuerdo y contar con el borrador sobre la mesa para llevarlo a las Corts, Garriga fue cauto. "Mejor mañana que pasado", apreció.

El vicepresidente de Vox no quiso entrar en si este "cambio de rumbo" del PP valenciano tendrá repercusión y efecto espejo en el resto de las regiones donde rompieron con los populares. "No sabemos cuál puede ser la reacción a esto, pero no pedimos nada nuevo que no hayamos exigido", dijo aludiendo a Extremadura, Aragón, Murcia, Castilla y León y Baleares, donde sus presidentes han tenido que prorrogar las cuentas de 2024 por la negativa a negociar de Vox. "Si están de acuerdo en lo migratorio, en lo verde, en recortar en lo ideológico, estaremos dispuestos a negociar", mencionó el segundo de Abascal.

La disposición a sentarse y con ello darle un balón de oxígeno a Mazón, cuya imagen social está por los suelos en la Comunidad, creen en Vox que no les penalizará. "Va directamente en beneficio de los valencianos, los que han perdido su casa, a sus familiares...", enumeró Garriga. Se niega que esto haya arrastrado debate en Madrid.