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La operación Enredadera lleva consigo implicados en diversos partidos políticos y ayuntamientos, de momento van 39 detenciones y 92 entradas y registros en distintos ayuntamientos de España gobernados por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.
Este dispositivo especial ha tenido la participación de casi 600 efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Entre los detenidos, 16 alcaldes y concejales, tres técnicos municipales, ocho jefes de policías locales en activo y uno jubilado, y once empresarios.
Se ha tenido como principal cargo, la concesión de decenas de contratos públicos en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Aragón de forma irregular y numerosos amaños como contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, filial perteneciente al Grupo Sacyr. Esta empresa pagaba supuestamente comisiones ilegales a los cargos públicos y también a los policías locales a cambio de resultar adjudicataria y, posteriormente, poder comercializar con los radares que colocaban. El fin era puramente recaudatorio.
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