Los fenicios llamarón a España Shapán que significa conejo y con Hispania los romanos querían decir "Tierra de conejos". De ser la especie que ha dado nombre a nuestro país el conejo ha pasado a ser catalogado como una especie en peligro por primera vez por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La organización ecologista WWF considera al conejo de monte como una especie clave del ecosistema mediterráneo. Además, reclama que se redacte una estretagia ibérica de gestión y que se ponga en marcha un censo ibérico de esta especie, ya que es suele ser una presa habitual para animales como el lince ibérico o el águila imperial.

Por ello, WWF pide al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) elaborar un Grupo de Trabajo que aborde esta situación.

Los cambios en el suelo y la agricultura intensiva han cambiado la estructura del paisaje y han hecho desaparecer los hábitats en mosaico de los que depende este animal

De acuerdo con los datos de WWF, el conejo ha cosechado un descenso cercano al 70% en los últimos años. La principal causa que destaca la organización son las enfermedades, como la mixomatosis o la enfermedad hemorrágico vírica, desde finales de los años 80, con altísimas mortalidades que llegan a alcanzar el 90%. Sin embargo, los cambios en el suelo y la agricultura intensiva han cambiado la estructura del paisaje y han hecho desaparecer los hábitats en mosaico de los que depende este animal.

Asimismo, también es una mala noticia para los depredadores ibéricos, ya que casi 40 especies dependen de los conejos para alimentarse. De hecho, WWF cree que el descenso de conejos puede suponer un obstáculo "insalvable" para la recuperación de especies también amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial.

Por último, el grupo ecologista recuerda que en 2016 realizó una propuesta para la gestión de la especie, que fue consensuada con diferentes asociaciones cinegéticas, agrícolas y ecologistas pero que quedó parada por la administración central, y por el momento, no se ha llegado a debatir con las comunidades autónomas.