Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón inician una vía judicial en su lucha contra el cambio climático con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Este movimiento por parte de las organizaciones ecologistas es el primero contra el Gobierno de España, pero no el primero de esta naturaleza que se lleva a cabo contra un estado por su pasividad frente a la amenaza del cambio climático.

Con este recurso las organizaciones quieren mostrar los efectos, que según ellos, tendrá el cambio climático tendrá sobre España si no se llevan a cabo las medidas necesarias como reducir los gases de efecto invernadero. Los ecologistas exigen una reducción de emisiones del 55% en 2030 y emisiones cero en 2040 y señalan la "responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente".

Las organizaciones apuntan directamente hacia el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a Largo Plazo (ELP) que según defienden, "no sólo incumplen el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima -que establece que debían haber estado aprobados con carácter definitivo el pasado mes de diciembre-, sino también los compromisos asumidos por España con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC".

Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2"

“Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

Ejecutivos de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda ya se enfrentan procesos judiciales similares. El caso más significativo es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA ha logrado una sentencia del Tribunal Supremo que condena al ejecutivo holandés por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática.