Más de 100 incendios en Asturias, 300 en Cantabria entre febrero y marzo y un gran incendio forestal en Lugo con 1.400 hectáreas arrasadas. Una vez más, el norte de España arde. La madrugada del viernes los habitantes de Oviedo veían desde sus casas como el fuego se extendía por los montes del norte de la ciudad.

El presidente del Principado ha puesto en Twitter un mensaje contundente: “Nos queman Asturias. Nos enfrentamos a auténticos terroristas que están poniendo en peligro vidas, pueblos y ciudades”. Todo un golpe de pecho digital muy efectivo desde el punto de vista mediático. Miguel Ángel Revilla hizo lo mismo en febrero cuando empezaron los incendios "Es terrorismo puro y duro". Pedro Sánchez desde China se ha sumado a la consternación popular con una promesa: “No van a quedar impunes”. La respuesta política se aferra a la respuesta emocional, pero la gestión de los incendios forestales se apagan con planificación. 

Para Mónica Parrilla la responsable de bosques de Greenpeace la región de la cornisa cantábrica es una región particular dentro de la gestión forestal. “Ahora estamos viviendo una oleada incendiaria y habrá que ver qué dice la fiscalía, pero según el histórico sabemos que hay un uso cultural del fuego muy importante. Se usa el fuego como herramienta de gestión de los ecosistemas, esto es, quemas agrícolas y ganaderas”. Estos son la mayoría de los casos que hay detrás de los incendios intencionados de las estadísticas, “no tienen intención de dolo, de vandalismo. Lo que ocurre es que el riesgo de propagación es mucho mayor con el cambio climático aunque estés en febrero o marzo”, afirma.

En episodios de oleadas incendiarias se recurre a la expresión de terrorismo ambiental para hablar de los que provocan estos fuegos, pero es mera especulación, no hay ninguna trama detrás, no hay un objetivo común a todos los focos. “En Galicia, la Fiscalía no encontró tramas criminales, ni terroristas en 2006, después de la oleada incendiaria que calcinó 80.000 hectáreas en 12 días. Tampoco en la de 2017, cuando ardieron 47.000 hectáreas del 8 al 15 de octubre”, recuerda Parrilla.

Para la ecologista estas afirmaciones de los políticos son muy recurrentes y nos alejan del verdadero debate. “Tampoco está detrás la piromanía, que es una patología y solo el 7% de los incendios está provocado por estas personas según las estadísticas de 2006 a 2015, que son las más recientes”.

La Guardia Civil ha imputado como investigado por un supuesto delito de incendio forestal a un hombre de Lugo (Galicia), de 78 años de edad, como sospechoso de la propagación de las llamas que acabaron por provocar el fuego que afectó a más 1.400 hectáreas de los municipios de Baleira, A Fonsagrada y Ribeira de Piquín. Este sería , de confirmarse, uno de esos “terroristas” a los que se refieren los presidentes autonómicos que “no va a quedar impune” como dice Sánchez.

Para Parrilla las declaraciones de los políticos son muy irresponsables, no prestan atención ni a las memorias de la fiscalía de sus comunidades. Llegan a hablar de penas para los pirómanos, lo que no puede abordarse desde el código penal. Es una cuñadez irresponsable, no se está abordando por qué se quema el bosque. Decir una cuñadez le libra de su responsabilidades como político”, añade. “Los incendios se apagan en los presupuestos, porque se necesitan recursos, que los incendios estén en lo más alto de las agendas políticas, no sólo cuando llega el fuego”, añade Parrilla. 

No se puede quemar como se hacía antes

Para esta experta es fundamental que se hagan campañas de concienciación y diálogo con el medio rural. “Las quemas siempre tienen que estar controladas y autorizadas, respetar las temporadas de prohibición, las alternativas al uso del fuego, así como prevenir al máximo adoptando las recomendaciones y prohibiciones oportunas. Si las quemas no están autorizadas constituyen un delito que, si deriva en un incendio, conlleva penas de hasta 20 años de prisión”.

Greenpeace considera que el trabajo para abordar el riesgo de incendios tiene que ser continuo y con "campañas de sensibilización a las personas que están ligadas con la cultura del fuego para repensar culturas y costumbres en un contexto de emergencia climática. No se puede quemar como se hacía antes."

Las quemas tradicionales normalmente se prohíben en verano, pero el verano ya se ha aumentado cinco semanas, según la AEMET. Con la sequía y el combustible acumulado el peligro es mayor. Ante esta situación la Junta de Andalucía ha suspendido este viernes las quemas agrícolas hasta el 10 de abril, “lo que nos plantea un escenario terriblemente complejo de cara a los incendios forestales”. Una medida que califica de “excepcional y preventiva” además obligada ante la situación “climatológica adversa”, con una grave sequía y altas temperaturas.